Está en discusión si las políticas planteadas inicialmente por la campaña de Gustavo Petro se podrán implementar por medio de un Acuerdo Nacional y si serán posibles aunando esfuerzos con los autores de las medidas regresivas adoptadas en las últimas décadas y por quienes han disfrutado las mieles de la corrupción, tales como el Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U. Algunas ya han desaparecido por improcedentes y otras están pendientes de definición con los demás partidos.

En recientes entrevistas, el futuro ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro señaló muchos de los problemas que vive el país (ver enlace aquí). José Antonio Ocampo explicó lo grave de la inequidad y describió la tremenda desigualdad, una de las peores a nivel internacional. Destacó el hecho de que Colombia es el décimo país en América Latina en inversión en ciencia y tecnología, invierte menos en ciencia y tecnología que los países de la OECD y sufre lo que considera una desindustrialización prematura.

Recuerda que en sus giras con Gaviria había vallas que decían “gracias, señor presidente, por haber acabado con la agricultura colombiana”. También anotó el fracaso exportador y la falta de desarrollo productivo. Reconoció un avance en política industrial tal como las fábricas de productividad, que fortalecen administrativamente las empresas, pero sin un componente tecnológico y en pequeña escala, para lo cual sugirió ampliar en la escala de proyectos iniciados por Santos y continuados por Duque.

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En general, se limitó a describir la gravedad de la situación, de acuerdo con las cifras disponibles. Considera Ocampo que la década de oro del gasto social fue entre 2002 y 2014 y reivindicó la Ley 100 como mecanismo para universalizar el acceso a la salud y el aumento del financiamiento a la educación.  Señaló que, aunque hay un enorme déficit comercial, el país va en el camino correcto con avances importantes en el frente fiscal. Habló de producir el maíz que consumimos y ganar la confianza de los industriales que lo utilizan y de consolidar una industria láctea, aumentar la productividad y sustituir importaciones en productos como el maíz.

Se puede decir que es conocedor de la estructura económica formada en los últimos 30 años dentro del contexto latinoamericano, pero sobresalen varios vacíos. El primero y más grave, omitir cualquier referencia a los TLC, que convirtieron la apertura económica en un tratado internacional. Rectificar las que considera decisiones erróneas de política económica supone revisarlos. Eso es claro en casos como el maíz, los lácteos o la carne de cerdo, para citar solo unos pocos.

Además, tiene una mirada benévola sobre lo que considera los logros de los últimos gobiernos, incluyendo el de Duque, y sugiere que habría que fortalecer algunos de sus programas, por ejemplo, en materia de impactos sociales y producción. Causa asombro su afirmación de que la violencia de los últimos años no ha tenido mayores impactos económicos, pero no tanto, por previsible, su concepción de que Colombia debe seguir las orientaciones de entidades internacionales en materia de superación del déficit fiscal, consecución de grado de inversión y otros aspectos.

Sorprenden también afirmaciones en el sentido de que la corrupción no ha perjudicado en gran medida la economía y propone superar el déficit comercial, no restringiendo las importaciones sino incrementando las exportaciones, dentro de las cuales destaca el potencial turístico del país, sobre el cual el presidente Petro ha señalado que podría reemplazar las exportaciones mineras.

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Otro tema sobre el cual hay más preguntas que respuestas es el de la exploración de petróleo. En innumerables declaraciones el candidato Petro señaló: “Si un gobierno del Pacto Histórico llega a ganar, ese Gobierno debe decretar la suspensión de la exploración petrolera en Colombia”, para lo cual daría un plazo de 12 meses. Ocampo fue enfático en señalar que Colombia tiene que explorar más petróleo y buscar más gas. Ante esta contradicción evidente se logró, al parecer, una formula transaccional. Se cumplirán los contratos vigentes de exploración y Ocampo y otros dirigentes señalaron: “Hay 180 contratos de exploración firmados. Varios de esos contratos tienen potencialidades. Las reservas de petróleo son más duraderas, pero gas solo tenemos tres años. Ahí hay una prioridad absoluta. Obviamente las exploraciones son de todo. Una vez se revisen esos contratos se verá si se necesitan nuevos contratos o no. Hay diferentes opiniones sobre eso”.  Pero la afirmación plantea nuevos interrogantes: ¿Cómo se determinará si son necesarios nuevos contratos? Una posibilidad es que la exploración sea exitosa y aumenten las reservas. Entonces ¿cómo se decidirá si esas reservas son suficientes? ¿Suficientes para que, para el autoabastecimiento o para incrementar las exportaciones? Y si no son exitosas o lo son parcialmente, ¿cuál es el futuro de la producción petrolera?

El nuevo gobierno podría decidir que ya son suficientes las actuales para cubrir la demanda interna mientras logramos, en doce años, la sustitución del petróleo por energías renovables. Pero surgen serísimas dudas de que ello sea posible. En todo caso, lo que parece haber es una tregua a doce meses, lapso después del cual tendrá que hacerse la evaluación de los contratos y tomar decisiones. La expectativa de por sí crea incertidumbre. Por otra parte, los permisos de exploración para buscar hidrocarburos pueden llevar al descubrimiento de yacimientos de petróleo o de gas, pues solamente se sabe qué hay después de perforar. Tampoco se puede determinar técnicamente que solo exploramos gas o solo crudo. Es muy posible que no se encuentre el suficiente gas y entonces habrá que seguir las exploraciones con el “riesgo” de que se siga encontrando crudo. La aclaración de que se evaluarán los contratos solo posterga la discusión.

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