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miércoles, 17 de julio de 2024
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El apoyo a la producción agropecuaria del Gobierno Petro: poco cambio

Óscar Gutiérrez, Columnista, Mäs Colombia

Óscar Gutiérrez

Director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana. ogutier51@gmail.com

Un asunto de suma importancia para los productores agropecuarios es tener claras las condiciones en las que van a adelantar sus procesos de producción agropecuaria.

Sin embargo, la tarea agropecuaria es incierta, debido a los cambios que se pueden presentar en el clima, las plagas que pueden atacar las siembras, la calidad agroecológica de la tierra, la conservación y el mejoramiento de los suelos y de las semillas, así como otras condiciones que dependen, en buena medida, de factores que no pueden controlar.


Esto es así especialmente en un país como este, en el que no hay suficientes distritos de riego y control de aguas. Donde, además, no se tiene certeza de los análisis de las tierras dedicadas al cultivo –cuando los hay– y de la calidad de las semillas, que no siempre son certificadas y, cuando lo son, no son siempre efectivas en la labor productiva.

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A esas condiciones deben agregarse otras que no dependen de la naturaleza, sino de los instrumentos o apoyos que deben o deberían tener los productores.

Se hace referencia al acceso a abonos y fertilizantes, químicos u orgánicos, y a la calidad de los mismos; a las condiciones de acceso a la financiación y a las tasas de interés a las que les prestan, en nada acordes con un crédito para el agro; a las condiciones para la renovación de los cultivos semipermanentes o permanentes; a las labores de beneficio de los productos, y a los asuntos del transporte, el almacenamiento y la comercialización.

Asimismo, son inciertos los precios de veta a los que les compran, los que continuamente no dejan utilidades por la labor realizada e incluso, no pocas veces, dejan pérdidas.

Frente a esta realidad, cualquier política agropecuaria juiciosa actúa sobre cada uno de esos componentes en busca de las mejores condiciones para el avance de la producción agropecuaria.


De eso ya hemos aprendido en el estudio y análisis de las experiencias de otras naciones desarrolladas, que dedican fuertes subsidios a su producción agropecuaria y se han empeñado en crear la mejor infraestructura posible para dotar al agro de los más indispensables y mejores bienes públicos, a fin de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de sus pueblos.

En algunos casos, incluso, exportan los excedentes y ganan –para sus multinacionales o granjeros– ingresos decisivos que les permiten garantizar su crecimiento y producción.

Algunas políticas a desarrollar para crear condiciones favorables para la producción agropecuaria están ligadas a la construcción de obras públicas, distritos de riego, control de aguas, carreteras, sitios para el beneficio de los productos, silos de almacenamiento, distribución y garantía de comercialización, sobre la base de recoger a través del ingreso, por la venta del producto, los costos de producción y una tasa de ganancia que no puede ser inferior a la tasa de ganancia media de la sociedad.

Los decretos del gobierno del presidente Petro para respaldar a los productores agropecuarios tienen una serie de condiciones que no les permiten a los agricultores, ganaderos y piscicultores adelantar sus labores con las mínimas condiciones expresadas.

La deficiencia parte del hecho, inocultable en el gobierno nacional, de no reconocer la existencia de una economía agrícola dual, es decir, que combina una economía campesina y una economía empresarial.

Es necesario de atenderlas y respaldarlas a ambas, si se quiere disponer de una política agrícola que lleve a la producción suficiente de alimentos para los colombianos, garantizando la seguridad alimentaria, sustituyendo las importaciones y renegociando los Tratados de Libre Comercio (TLC) para garantizar la soberanía alimentaria, sin la cual no será posible el desarrollo de sectores claves para el agro.

Producir cereales, oleaginosas, leguminosas, leche y sus derivados, carnes y otros productos de dieta básica no solo permite asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, sino que es indispensable para alcanzar la rotación de cultivos y otras prácticas agronómicas indispensables para la protección y conservación de suelos y aguas.


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En este contexto, los decretos del Ministerio de Agricultura referentes a la renovación de cafetales, el crédito agropecuario, el apoyo a la fertilización, la sustitución de cultivos y otros, no permiten el acceso de la mayoría de campesinos, indígenas, comunidades afro y empresarios agrícolas nacionales a los exiguos beneficios e incentivos aprobados.

En el caso de los apoyos para la fertilización de cafetales, los requisitos excluyen de entrada a los medianos productores y a los empresarios cafeteros. Pero, además, dejan por fuera a casi todos los campesinos o productores pequeños de ingresos menores y a los de ingresos mayores, también.

Renovación de cafetales,  Columnista, Más Colombia
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El cuadro es claro. Los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Boyacá están excluidos, y de los demás departamentos solo incluyen 93 municipios de los 600 donde se cultiva el grano.

Con estos apoyos se aspira a atender 86.785 caficultores de los 540.000 que tenemos en el país y abonar 88.108 hectáreas de las más de 850.000 que hay sembradas.

El valor de la inversión es de poco menos de 50.000 millones de pesos, que no se compadecen con las necesidades de los productores y con el volumen de las inversiones del Ministerio de Agricultura, que es cercano a los 2 billones de pesos.

Y, así como ponemos este ejemplo, podríamos analizar cada una de las políticas de incentivo y apoyo a los productores agrícolas del país. Poco cambio, en el gobierno del cambio.