Carbono: ¿la nueva moneda de la economía? Parte 1
Desde hace varios años, se vienen realizando proyectos destinados a mitigar los efectos del cambio climático y la crisis ambiental en Colombia. Uno de los más importantes es el mercado de carbono, que comenzó a implementarse en 2008, y específicamente la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENREDD+). Esta Estrategia incorpora componentes de conservación, gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono.
Bajo esta Estrategia, gobiernos y empresas privadas y públicas celebran contratos con pueblos indígenas o comunidades campesinas para negociar bonos de carbono en el mercado internacional, de acuerdo con la capacidad de retención de carbono del ecosistema a ser protegido. Como parte del contrato, estos pueblos o comunidades se comprometen a invertir el dinero de la venta de los bonos en la conservación de ecosistemas estratégicos, la reforestación o el cuidado de los bosques, entre otros, así como en proyectos de desarrollo social y económico local.
A nivel nacional e internacional, el mecanismo se ha vuelto popular entre las compañías, pues no solo constituye una alternativa para cumplir con sus obligaciones ambientales sino que reduce el pago de tributos por concepto de emisiones de carbono, a partir de un mecanismo de compensación. Con esto, emiten en un lugar y conservan o restauran en otro, con la ayuda de las comunidades locales.
A continuación, presentamos un panorama general de esta iniciativa, basado en los últimos informes nacionales e internacionales sobre el aumento de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la deforestación en el territorio colombiano y la evolución del mercado de carbono.
La absorción de carbono es el nuevo negocio
Como parte de la solución a la crisis ambiental y climática que enfrenta el planeta, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), algunos gobiernos y ciertas compañías vienen impulsando, desde 2009, un nuevo modelo económico, llamado la economía verde. Según el PNUMA, esta busca asignar valor monetario a los ecosistemas y a las funciones ecosistémicas —ahora vistos como capital natural y como servicios ambientales, respectivamente— con el fin de integrar en la economía los costos de la degradación del medio ambiente.
En 2015, la economía verde recibió un nuevo aire con el Acuerdo de París, un tratado internacional que busca reforzar los compromisos ambientales de los países. Si bien con anterioridad se venían realizando acciones para mitigar el cambio climático, el Acuerdo es histórico porque estableció por primera vez una meta global: mantener la temperatura del planeta por debajo de los 1,5 grados centígrados y reducir las emisiones netas de dióxido de carbono a cero para 2050.
En este contexto, han empezado a emerger en los últimos años nuevos mercados que buscan mitigar los efectos de la degradación ambiental. Entre estos, se encuentra el mercado de carbono. Según el Ministerio de Ambiente (MinAmbiente), su moneda de canje es el dióxido de carbono (CO2) y las transacciones comerciales que realiza son la compra y la venta de créditos que representan la emisión evitada de este gas o su captura a partir de procesos de compensación económica, como la inversión de recursos económicos en la conservación y la restauración de bosques.
Las estrategias de este nuevo mercado han consistido, por un lado, en la fijación de precios al carbono o de impuestos a sus emisiones y, por otro, en la creación de incentivos económicos para quienes estén interesados en neutralizar las emisiones de carbono y en prestar servicios ambientales, entre los que se encuentran conservar y restaurar bosques naturales, fuentes hídricas u otros ecosistemas estratégicos.
Colombia se encuentra en la lista de países que han implementado impuestos al carbono. Este se aprobó con la Ley 1819 de 2016 y consiste en el pago de una tarifa sobre aquellos combustibles que, en el proceso de combustión, liberan Gases de Efecto Invernadero (GEI). En cuanto a los incentivos económicos otorgados a quienes quieran neutralizar las emisiones de carbono, la misma normativa estableció que quedan exentos del pago del tributo aquellos que retiren de la atmósfera los GEI emitidos, a partir de programas de compensación de la huella de carbono.
Colombia: un país con gran potencial para los proyectos de REDD+
Colombia es un país con gran potencial como receptor de proyectos de REDD+. Según las últimas cifras del Instituto Humboldt, emitidas el 11 de septiembre de este año, Colombia es el primer país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo, el segundo más biodiverso en términos absolutos y el sexto con mayor riqueza hídrica en el planeta. El 52% de la superficie terrestre e insular del país, equivalente a 60 millones de hectáreas, son bosques naturales.
Pese a sus abundantes recursos naturales, Colombia también tiene cifras alarmantes de deforestación y pérdida de cobertura vegetal. De acuerdo con el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2015 se registraron 3.34.579 hectáreas afectadas por algún grado de erosión severa y, entre 2012 y 2018, 981.058 hectáreas de bosque natural fueron deforestadas. El asunto no es nuevo. Según destacó el documento del DANE y del Ideam ya mencionado, “el comportamiento de estos años coincide con la tendencia histórica de la pérdida de bosque natural en el país”.
A raíz de esta situación, en 2008 el país recibió recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, con el objetivo de preparar una estrategia REDD+. El resultado fue la creación de la Estrategia Nacional Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENREDD+), que incorpora componentes de conservación, gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono.
Al interior de la ENREDD+ se encuentran dos tipos de mercado. El primero es el mercado regulado por las reglas internacionales que se definieron en el Protocolo de Kioto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cuyo objetivo es reducir los GEI. El segundo es el mercado voluntario, que no se encuentra regulado e incluye una amplia variedad de relaciones comerciales y estándares voluntarios para los proyectos. Estos últimos son los que tienen mayor participación en Colombia.
De acuerdo con las últimas cifras del Registro de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a noviembre de este año solo hay un proyecto del mercado regulado de carbono, el Programa REM Visión Amazonía, que busca detener la deforestación del territorio. Esta iniciativa de MinAmbiente contó con el apoyo de los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido y con una financiación total de 86 millones de dólares.
En cambio, el número de proyectos del mercado voluntario ha venido aumentando rápidamente. Durante el conversatorio Discutiendo el mecanismo REDD+ en la Amazonía, que realizó la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) el pasado 23 de noviembre, la investigadora Lina María Hurtado señaló que hay registros de 48 proyectos del mercado voluntario, distribuidos en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, Nariño, Meta y Pacífico.
En el marco del mercado voluntario del carbono, se han formulado e implementado proyectos REDD+ a nivel local, bajo dos estándares: el Estándar de Carbono Verificado (VCS, por sus siglas en inglés) y el Estándar de la Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad (CCB, por sus siglas en inglés). Entre estos proyectos, se destacan los siguientes:
- Proyecto REDD+ Corredor de Conservación Chocó-Darién (Acandí, Chocó), validado el 27 de agosto de 2012 bajo el estándar VCS, y en febrero de 2012 bajo el estándar CCB, categoría oro.
- Los Proyectos REDD+ Cajambre, Concosta, Mutatá, Río Pepé y Acapa, Bajo Calima y Bahía Málaga, Acapa, Bajo Mira y Frontera, y Carmen del Darién, conocidos nacionalmente como proyectos BioREDD+ (todos en el Pacífico colombiano), registrados en el estándar VCS y validados entre el 19 de mayo y el 27 de octubre de 2016 bajo el estándar CCB.
- El Proyecto REDD+ Resguardo Indígena Unificado Selva de Matavén (Matavén, Vichada), validado el 13 Junio de 2017 bajo el estándar VCS.
- El Proyecto REDD+ Empresas Públicas de Medellín (Amalfi, Guadalupe y Anorí, Antioquia), validado el 19 de diciembre de 2016 bajo el estándar CCB.
En una siguiente entrega, veremos algunas de las controversias que han generado los proyectos REDD+ del mercado voluntario.
