Continúan denuncias de despidos masivos por formalización laboral en el Estado
Los procesos de formalización laboral en las entidades del Estado son cada vez más polémicos.
Las críticas comenzaron el 30 de diciembre del 2022, cuando el Ministerio de Trabajo y las Centrales Obreras manifestaron su desacuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), por la Circular 100-005 – 2022, emitida el 29 de diciembre, la cual dicta los lineamientos para el proceso de formalización laboral para el periodo 2022-2026.
Entre las principales críticas que le hicieron a la Circular se destaca el tiempo tan limitado para que las entidades públicas realicen los respectivos estudios de cargas laborales. Ante esto, la Procuraduría respaldó al Ministerio.
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En lo que va corrido del mes de enero, se han conocido varios casos en los que los esfuerzos de formalización laboral han conducido al reemplazo de trabajadores provisionales, muchos de los cuales llevaban largos periodos en el cargo.
Salida masiva de trabajadores de la Cancillería
Y, más recientemente, se conocieron las denuncias realizadas por el Canciller, Álvaro Leyva Durán, sobre la salida de 170 servidores públicos de esa institución.
El 21 de enero de este año, Leyva afirmó en su cuenta de Twitter: “La Cancillería no bota a sus funcionarios así y porque sí. Menos a quienes trabajan con denuedo y lealtad. La Comisión Nacional de Servicio Civil, so pretexto de un concurso de ‘méritos’, salió de un plumazo de excelsos servidores. Hay que revisar la ley. Injusta. Atropelladora”.
Ante esta declaración, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) respondió con un comunicado oficial el 22 de enero. En este se resaltó la responsabilidad de las instituciones públicas de llevar a cabo los procesos de selección que correspondan para establecer una planta de personal de carrera administrativa:
“Si bien las entidades realizan nombramientos provisionales, como su nombre lo indica, tienen carácter temporal, y el que estas mantengan en su planta de personal durante años a los servidores provisionales por no llevar a cabo los procesos de selección que les corresponden según su obligación constitucional, no otorga ningún derecho de carrera a estos servidores y no existe normatividad en Colombia que establezca para las entidades un manejo diferencial con los procesos de selección para proveer los empleos de carrera administrativa de su planta de personal”, se puede leer en el comunicado.
La CNSC enfatizó que “en el caso de los provisionales la experiencia no es el único factor a evaluar; por lo tanto, será el mérito reflejado en el resultado final de todas las pruebas aplicadas incluyendo la experiencia, el que determine quién es el llamado a desempeñar el empleo”.
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Denuncias de trabajadores de la Cancillería
Sin embargo, la situación de provisionalidad de los trabajadores del Estado, muchos de ellos con varios años de antigüedad en esa condición, advierte otras problemáticas.
El 23 de enero, el sindicato de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex) criticó la manera como la Cancillería está emitiendo notificaciones de despido. En su cuenta de Twitter, manifestó: “#DespidosCancillería @CancilleriaCol no atiende peticiones y siguen las notificaciones de despido. Ej: Auxiliar administrativo, mujer cabeza de familia, en estado de embarazo, con hija de 16 años… @CConstitucional @AlvaroLeyva”.
Un caso concreto, denunciado por el sindicato, fue la notificación de despido a una “mujer en estado de embarazo, notificada con 2 días de antelación”. De ser así, la situación descrita podría violar la legislación que prohíbe despedir mujeres que se encuentren en estado de gravidez sin que haya incurrido en una de las causales de despido por justa causa se encuentran explícitamente enunciadas en el Código Sustantivo del trabajo, y con autorización del Inspector de Trabajo.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, “el fuero de maternidad es una protección constitucional del cual gozan las trabajadoras que se encuentran en estado de embarazo y hasta los seis primeros meses de vida del menor de no ser despedidas, ni las condiciones de trabajo desmejoradas sin previa autorización del Inspector de Trabajo”.
Al respecto, Semrex llamó la atención sobre la falta de acciones por parte de la Cancillería para evaluar los distintos casos y evitar la vulneración de derechos: “A pesar de tener conocimiento de situación no adoptan medidas que eviten la vulneración de sus derechos fundamentales y laborales, protegidos por sentencia de @Cconstitucional @AlvaroLeyva @DefensoriaCol”, publicó la agremiación sindical en su cuenta de Twitter.
Caro y Cuervo: el 80% del personal saldría de la Institución
El domingo, 15 de enero, se dio a conocer que cerca del 80% de la planta del Instituto Caro y Cuervo, adscrito al Ministerio de Cultura, sería renovada tras la realización del concurso de méritos liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), un proceso que reveló varios inconvenientes en su desarrollo (ver Formalización del empleo público: en prestigiosa entidad saldría más del 80% de los empleados).
Llamó especial atención la situación de la Imprenta Patriótica, que hace parte del Instituto Caro y Cuervo. De acuerdo con su director, César Buitrago, todos los trabajadores de la Imprenta estaban vinculados a la entidad a través de contratos de provisionalidad, a pesar de que varios de ellos llevaban más de 10 años de servicio a la institución. De un total de 20 trabajadores, salieron 16, y los 4 restantes continúan vinculados a la institución bajo el mismo contrato de provisionalidad, manifestó Buitrago.
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