El acuerdo de tierras con Fedegán en 8 puntos

En los últimos días se dio a conocer el Acuerdo para la materialización de la paz territorial. Tal como lo anticipa su título, se trata de un acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para la Compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral. 

Por parte del gobierno, el tema será liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, con el fin de “posibilitar la compraventa directa de tres millones de hectáreas de tierra por parte del Gobierno Nacional a personas pertenecientes al sector ganadero que voluntariamente deseen venderlas”. Si bien el sector liderado por Fedegán ha manifestado su disposición a vender tierras, el Gobierno Nacional también contempla la compra directa de tierras a otras fuentes.

El acuerdo, que tiene como marco político la Reforma Rural Integral (RRI), busca “la recuperación del campo y la dignificación de la vida rural” como condiciones sin las cuales no es posible “convertir a Colombia en potencia agroalimentaria, aprovechando sus ventajas comparativas, como su ubicación frente a los mercados, la disponibilidad de tierras y su condición de potencia hídrica y biodiversa”, señala el documento.

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A continuación, le contamos en ocho puntos de qué se trata el Acuerdo, firmado por el gobierno del presidente Petro y José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán.

1. Fondo Nacional de Tierras

Como se explicó, el marco político es la RRI, que contempla la creación de un Fondo Nacional de Tierras “de distribución gratuita”. El Acuerdo, que contempla adquirir tres millones de hectáreas de tierra en un plazo inicial de 12 años, se convierte en el tercer instrumento de la política de reforma agraria del gobierno. Como lo señaló la ministra López en diálogo con El Heraldo, el primer instrumento de la reforma es la titulación de tierras y, el segundo, las tierras en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

2. Características de las tierras

El documento señala el propósito del Gobierno de adquirir “tierras fértiles, ociosas e improductivas, pero en el entendido de que la productividad de la tierra no depende solamente de su fertilidad, es decir, de sus condiciones físicas y agrológicas, sino de las condiciones adecuadas de producción que se convierten en ‘ventajas competitivas’, sin las cuales no son aprovechables las claras ventajas comparativas del país”.

Al respecto, la ministra de Agricultura  y Desarrollo Rural, Cecilia López, declaró que “son tierras que no tengan ningún tipo de problema legal” y, por lo tanto, tendrían que estar listas para iniciar el proceso de compra. 

En línea con lo anterior, el documento exige que las tierras estén “acreditadas como propiedad privada conforme al artículo 48 de la Ley 160 de 1994, que no estén siendo cuestionadas por la institucionalidad de restitución, que no tenga [sic] ningún proceso agrario en curso, ni medidas de protección de la Ley 387 de 1997, y que cumpla [sic] con las disposiciones ambientales y agrarias, y condiciones ecológicas. Adicionalmente, los predios deberán estar saneados en términos fiscales y con posesión en manos de sus propietarios”.

3. Capacidad y ubicación de los terrenos

El documento señala que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, será la entidad encargada de evaluar la capacidad productiva de las tierras,  pues cuenta con los mapas del uso del suelo, explicó la ministra en su cuenta de Twitter.

Además, la UPRA deberá precisar la ubicación de los predios en los municipios y,  preferiblemente, en las veredas. Dicha información deberá solicitarse a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Ministerio del Interior y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Al respecto, la ministra aseguró que “la ANT tiene un registro importante, y bien hecho, de 6 millones de predios despojados”.

Por su parte, el líder de los ganaderos explicó que la oferta de tierras más amplia se encuentra en la Costa Caribe y en el Magdalena Medio.

4. Precios

El valor de la compra y la venta será determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad que, además de determinar el valor comercial y catastral de los predios, fijará los precios mínimos y  máximos de cada oferta, para lo cual el resultado del catastro multipropósito ayudará en su determinación.

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De igual forma, el acuerdo establece que el Estado deberá asumir todos los costos que requiera la materialización del negocio jurídico y plantea que el pago por parte del gobierno será efectuado con bonos de deuda pública. No obstante, también contempla otras formas de pago que serían determinadas por el gobierno, pero a la fecha se desconocen los detalles.

La ministra López estimó que al año el Estado comprará 500 mil hectáreas y el pago no se hará en efectivo.

5. ¿A quién serían destinadas las tierras que adquiera el Gobierno?

La destinación de las tierras estará en manos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad que determinará a los beneficiarios de cada uno de los predios. De acuerdo con el documento del Acuerdo, el objetivo de alimentar el Fondo Nacional de Tierras con las tres millones de hectáreas es “avanzar en la asignación de derechos en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final, y del compromiso del Gobierno Nacional con la democratización de la tierra y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas”.

Asimismo, la ministra explica que la tierra será para campesinos afrodescendientes e indígenas. “Ya existe un registro de campesinos que deben recibir tierra o por restitución, o por baldíos o por compra. Comenzaremos con ellos”. A lo anterior, añadió que, “una vez se designe su tierra, la Agencia de Desarrollo Rural entrará a ayudarlos con lo que necesiten”.

6. Los compromisos del gobierno

Entre los principales compromisos del Gobierno se encuentran identificar la demanda de tierra por región, caracterizar a la población que será atendida y administrar las solicitudes, los procesos de entrega y la formalización de las propiedades.

Asimismo, el gobierno adquirió la responsabilidad de construir y mantener las vías terciarias “para facilitar a los productores la comercialización competitiva de sus productos”, como también la de coordinar con Fedegán y otras organizaciones “servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria para el desarrollo de proyectos productivos de ganadería sostenible”, entre otros.

7. Compromisos de Fedegán

Por su parte, a Fedegán le corresponde apoyar en la identificación y ubicación de los terrenos disponibles, con áreas que permitan atender a un buen número de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, así como proponer enfoques de ganadería sostenible y ayudar “en el diseño y ejecución de proyectos orientados a prestar los servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria”.

8. Ejecución

Se acordó la creación de una mesa de trabajo para la ejecución del acuerdo, liderada por el  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta contará con la participación de Fedegán, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y otras entidades públicas con competencia para garantizar la realización. 

Por último, se establece que “el cumplimiento y verificación de este Acuerdo contará con el acompañamiento del Banco Mundial y de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia”.

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Jorge Iván González