En el pasado mes de enero escribí una columna que denominé “El silencio de los buenos y el debate electoral”, refiriéndome a la indiferencia histórica de los colombianos para participar en los procesos electorales y a la importancia que tiene para la democracia de un país que la mayoría de sus ciudadanos se pronuncie en las urnas.

Para tener una referencia internacional reciente, en la pasada elección en Francia, donde se enfrentaron por la presidencia de la República el candidato del centro Emmanuel Macron y la candidata de la ultraderecha Marine Le Pen, la abstención alcanzó el 28%, 2,6 puntos más que en las elecciones de 2017, cuando se situó en el 25,4%. 

Hoy, después de la primera vuelta presidencial en Colombia, resulta pertinente analizar cuál fue el comportamiento de los ciudadanos en materia de participación electoral. Si comparamos el nivel de abstencionismo de esta elección con la primera vuelta de hace cuatro años, observamos que hubo un mínimo descenso de la abstención, que pasó  del 47%  al 45%. Con esto podemos decir que, en términos absolutos, se superó la mitad más uno de los ciudadanos aptos para ejercer un derecho fundamental tan importante como es elegir a sus mandatarios, lo cual nos lleva a concluir que los dos candidatos que pasaron al balotaje de la segunda vuelta tienen la legitimidad para hacerlo, al haberse superado en número de votos el 50% del censo electoral.

Sin embargo, esta mitad más uno resulta cuestionable si tenemos en cuenta que un porcentaje importante de esa participación ciudadana corresponde a la práctica corrupta de la compra de votos. En la columna de enero mencionaba que, en un estudio realizado por el Barómetro Global de Corrupción, el 40% de los colombianos consultados manifestaron que les han ofrecido dinero por su voto, y entidades investigadoras serias como es el caso de la Misión de Observación Electoral (MOE) han considerado que cerca del 30% de la votación total proviene de este delito de compra de votos, que lamentablemente la Fiscalía General de la Nación ha relegado a un segundo plano en sus prioridades investigativas.

Esta práctica corrupta de la compra de votos, imputable a las organizaciones políticas tradicionales, como lo ha confesado ante los Tribunales la exsenadora Aída Merlano, está directamente vinculada con comportamientos aparentemente legales. Uno de ellos fue la modificación introducida por el Congreso y apoyada por el Gobierno a la ley de garantías, precisamente antes de las elecciones, permitiendo que torrentes de dinero público fueran a parar a las estructuras políticas tradicionales, vía contratos interadministrativos, para financiar las campañas electorales de los candidatos al congreso y a la presidencia afines al ejecutivo, craso error del Gobierno Duque que se lo cobraron los ciudadanos en las urnas el domingo pasado. 

No obstante que el menor nivel de abstención de las pasadas elecciones se ve afectado por el porcentaje de la compra de votos, lo cierto es que disminuir el nivel de abstencionismo en Colombia va a resultar la tarea fundamental en las próximas tres semanas para los dos candidatos que van a disputar la elección presidencial en la segunda vuelta, si tenemos en cuenta que ambas campañas han ondeado las banderas del cambio y la lucha contra la corrupción, cambio que indudablemente se produjo en la primera vuelta con la derrota de los partidos políticos tradicionales que apoyaban al candidato del gobierno. 

Ahora lo que necesitan tanto Petro como el Ingeniero Rodolfo Hernandez para alcanzar la presidencia de la República, además de lograr el apoyo de las otras fuerzas políticas, es convencer a los ciudadanos que se abstuvieron de votar en la primera vuelta de que sus propuestas son viables para solucionar los graves problemas de desigualdad social y económica que afronta nuestro agobiado país. 

Si se logra que la abstención disminuya hasta el 40%, esos cinco puntos de diferencia con la primera vuelta equivalen, teniendo en cuenta que el censo electoral es de 37.911.335 ciudadanos, a 1.895.566 votos adicionales a los ya obtenidos, que serían esenciales para que cualquiera de los dos candidatos alcanzara el triunfo en la segunda vuelta. De tal manera que está en manos de los abstencionistas, de los indiferentes, de quienes han optado por el silencio, definir el futuro del país, votando a conciencia, sin vender ni hipotecar su voluntad, expresándola con total independencia en las urnas, haciendo efectivo y real el derecho político fundamental a elegir a sus gobernantes.