HomeAgropecuarioEn Colombia se desperdicia el 34% de la oferta nacional disponible de alimentos

En Colombia se desperdicia el 34% de la oferta nacional disponible de alimentos

Óscar Alfredo Alfonso Roa, Doctor en Planeamiento Urbano y Regional y coordinador del observatorio Hambre Cero: Malnutrición, pérdida y desperdicio de alimentos, analiza el desperdicio alimentario en Colombia y plantea soluciones para mitigarlo.

¿Cuál es la diferencia entre el desperdicio de alimentos y la pérdida de alimentos?

Los trabajos pioneros de la FAO convinieron en que la pérdida y el desperdicio de alimentos son una disminución de la masa alimenticia comestible para el consumo humano que ocurre en los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Desde esa perspectiva, la pérdida de alimentos es la que ocurre en las etapas de producción, postcosecha y procesamiento de los alimentos, mientras que el desperdicio aflora en las últimas etapas comercialización y consumo.

¿Cuáles son las principales causas de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (PDA)? 

La pérdida de áreas sembradas obedece a los problemas estructurales de los mercados de agroalimentos, entre los que se destaca la volatilidad de los precios, ante la presencia de poderosas cadenas de intermediarios depredadores. A esto se han sumado, en las últimas décadas, las anomalías del clima ‒de las cuales la prolongación de los días sin lluvia es la más nociva‒ y también la tardanza en la sustitución de agroquímicos por abonos, herbicidas y plaguicidas de origen natural, esto es, amigables con el medio ambiente.

Por su parte, la intermediación entre la producción y la central de abasto está demandando más tiempo que el necesario y ello redunda en que una porción de los agroalimentos suculentos (aquellos con menores proporciones de materia seca y de fibra) sea manipulada en exceso, ocasionando su deterioro y en no pocas ocasiones magulladuras profundas propensas a desarrollar hongos. 

Finalmente, en el desperdicio en el consumo se superponen las conductas de los comensales, que prefieren porciones excesivas y verduras con buena apariencia, y que no planean el mercado y no saben manipular los alimentos dentro de la vivienda.

¿El mundo está avanzando en la solución a estos problemas?

Francia dio un gran paso adelante con la expedición de una ley que penaliza simbólica y materialmente el desperdicio, especialmente el ocasionado por las cláusulas abusivas en contra de los proveedores. La ley de Argentina opta por la información y la educación de los agentes, especialmente de los consumidores. En Colombia se juntaron muchos esfuerzos para tener una ley, pero este gobierno y el legislativo le han sacado el cuerpo a su  reglamentación.

¿Cuáles son los países con una mayor PDA?

Las metodologías de estimación varían mucho, por lo que no hay unidad de criterio. Sin embargo, es posible identificar algunos rasgos socioespaciales. La PDA per cápita es superior en regiones desarrolladas como Europa, Norteamérica y los países industrializados de Asia, en comparación con países pobres del África subsahariana y del norte, del resto de Asia y, por supuesto, de América Latina. Entre los primeros, el desperdicio atribuible a los consumidores es el más elevado, mientras que entre los segundos es mucho menor: los pobres no desperdician la comida. En cambio, la pérdida alimentaria en América Latina es la más elevada del mundo, y eso da cuenta de la incompetencia de los agentes que toman las decisiones de política alimentaria en nuestros países.

Oscar Alfredo Alfonso Roa 2
Óscar Alfredo Alfonso Roa, Doctor en Planeamiento Urbano y Regional y coordinador del observatorio Hambre Cero: Malnutrición, pérdida y desperdicio de alimentos

En Colombia, ¿de cuántas toneladas estamos hablando al año y en qué eslabón de la cadena de producción y comercialización se presenta la mayor PDA?

De nuevo aparecen las decisiones metodológicas. En general, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estimó la oferta nacional disponible de alimentos en 38,5 millones de toneladas, siendo la PDA de 9,76 millones de toneladas, lo que equivale al 34% de la oferta. El 64% de esta ocurre corresponde a pérdida y se da en las etapas de producción, postcosecha, almacenamiento y procesamiento industrial, y el 36% se debe al desperdicio en la distribución y consumo. La producción (con un 40,5%) y la distribución (con un 20,6%) son los eslabones con mayor participación en la PDA. 

Por su parte, el Observatorio Hambre Cero de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, con base en los resultados del Censo Nacional Agropecuario, estimó en 4,80 millones de toneladas las pérdidas que se dan en 21 bienes agroalimentarios de la canasta para hogares pobres y vulnerables.

En su concepto, ¿cuáles son los cambios que introduce la Ley 1990 de 2019, “por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos”? ¿Son suficientes?

La expedición de la Ley 1990 de 2019 causó alegría en las organizaciones de campesinos y de defensa de los consumidores, así como entre los académicos, ambientalistas y algunos políticos. Muchos de ellos participaron en su diseño y esperaban continuar participando en la política sobre PDA que allí se ordena. Esto debía ocurrir antes del 2 de febrero de 2020, cuando concluía el plazo que tenía el gobierno para promulgar “el diseño, formulación e implementación” de tal política. Ello no ha ocurrido. ¿Cómo puede ser suficiente una ley si nadie hace lo que le corresponde?

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¿Hay relación entre el desperdicio de alimentos y el desabastecimiento estructural de alimentos en ciertas zonas?

Nuestro análisis espacial de la pérdida calórica indica que el sistema agroalimentario más frágil del país es el de la región Caribe. Esto muestra que la distribución de la pérdida agroalimentaria no es aleatoria. La PDA incide de manera crucial en el desaprovisionamiento alimentario de amplias zonas, entre las que se incluyen los municipios de la Alta Guajira y los del andén medio y superior del Pacífico.

¿Combatir el desperdicio de alimentos es una buena estrategia en el marco de la lucha contra el cambio climático? ¿Cuál es la relación entre ambas cosas?

No es una buena estrategia, es una excelente estrategia y, más aún, las políticas al respecto son perentorias. Supongamos que en la producción de cereales se deje de cosechar el 25% del área sembrada. El resultado no es meramente la pérdida de masa alimentaria y de su contenido calórico; lo es también del agua dulce empleada para el riego que, por supuesto, día a día también escasea. Otro ejemplo son las noticias de ciertos gremios de medianos y grandes productores que comunican el diseño de una nueva variedad de tal o cual bien agroalimentario, resistente a las alturas y a los climas fríos. Lo que no se dice es que con ello se espera continuar ampliando la frontera agrícola hacia los páramos y áreas protegidas, en detrimento de la conservación de las fuentes de agua.

¿Qué medidas concretas se podrían implementar para evitar la pérdida de alimentos en el momento de su producción?

No son pocas las posibilidades que tenemos. Muchas han redundado en aspectos como la asistencia técnica y el acceso al crédito y a los insumos mejorados. Sin embargo, estoy convencido de que en Colombia es urgente pensar en una política en el marco de la Reforma Rural Integral, cuyos lineamientos están en el Acuerdo Final. Continuar aplazando esto es un grave error y realizar los dos esfuerzos por separado es una insensatez.

¿Qué se podría hacer para evitar el desperdicio de alimentos? ¿Qué papel desempeñan los consumidores al respecto?

El desperdicio cero es la meta en los hogares. Las alternativas penalizadoras a la francesa y las informativas/educativas a la argentina no son incompatibles; se pueden combinar. El compromiso ético de nosotros con el devenir de la economía campesina colombiana está en mora de establecerse. Mientras las ventanas de las viviendas en los vecindarios populares de las metrópolis se cubrían con trapos rojos que anunciaban hambre, los campesinos del altiplano cundiboyacense, tal como lo advertimos a finales del 2020, se enfrentaban a una aguda crisis mientras las cadenas de comida rápida importaban sus potatoes [papas] de los países desarrollados. Después el ministro de Agricultura se vanaglorió con sus medidas correctivas. Si esa va a ser la política todo lo que hemos hablado carece de sentido.

De no poder consumirse un alimento, ¿de qué manera se podría transformar para darle un nuevo uso? ¿Se han desarrollado en el país industrias para reutilizar de alguna forma los desperdicios orgánicos?

Todo residuo agroalimentario, incluyendo la llamada “porción no comestible”, es susceptible de aprovechar. El cambio tecnológico en esta materia es poco difundido, pero debería serlo tanto como la tecnología 5G. Por ejemplo, las biorrefinerías de escala barrial permiten su transformación en compost para sustituir el abono químico en la agricultura y, además, son una fuente de gas útil para la calefacción de ambientes y la cocción de alimentos. El futuro de las biogranjas es inmenso. Cuando se valoran externalidades positivas como la reducción de la carga que se deposita en los rellenos sanitarios, los lixiviados que no llegan a los acuíferos y los costos de transporte involucrados, el compost y el gas se tornan muy competitivos.

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Por su parte, el Observatorio Hambre Cero de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, con base en los resultados del Censo Nacional Agropecuario, estimó en 4,80 millones de toneladas las pérdidas que se dan en 21 bienes agroalimentarios de la canasta para hogares pobres y vulnerables.

En su concepto, ¿cuáles son los cambios que introduce la Ley 1990 de 2019, “por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos”? ¿Son suficientes?

La expedición de la Ley 1990 de 2019 causó alegría en las organizaciones de campesinos y de defensa de los consumidores, así como entre los académicos, ambientalistas y algunos políticos. Muchos de ellos participaron en su diseño y esperaban continuar participando en la política sobre PDA que allí se ordena. Esto debía ocurrir antes del 2 de febrero de 2020, cuando concluía el plazo que tenía el gobierno para promulgar “el diseño, formulación e implementación” de tal política. Ello no ha ocurrido. ¿Cómo puede ser suficiente una ley si nadie hace lo que le corresponde?

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