Entrega de tierras en Colombia tardaría 40 años al ritmo actual del Acuerdo de Paz
La entrega de tierras en Colombia, eje central de la Reforma Rural Integral, alcanza apenas el 1,19%. Al ritmo actual, el país tardaría cerca de 40 años en cumplir la meta de adjudicar 3 millones de hectáreas.
A más de ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, la entrega de tierras en Colombia sigue siendo el mayor desafío de la Reforma Rural Integral (RRI). Según los datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a marzo de 2025, apenas 35.584 hectáreas han sido adjudicadas a campesinos sin tierra, lo que representa el 1,19% de la meta de 3 millones de hectáreas.
La Procuraduría advierte que si el país mantiene el ritmo actual, tomaría aproximadamente 4 décadas cumplir el compromiso pactado en el Punto 1 del Acuerdo.
La formalización de tierras, supera el 40% de la meta de siete millones de hectáreas, pero se concentra en la titulación colectiva a comunidades étnicas y en la regularización títulos individuales campesinos expedidos antes del Acuerdo de Paz. En términos de formalización de la propiedad individual para campesinos, se está formalizando principalmente microfundios, exacerbando la fragmentación.
La entrega de tierras en Colombia: una promesa que avanza con lentitud
La entrega de tierras en Colombia fue concebida para transformar la estructura desigual de la propiedad rural y garantizar el acceso a la tierra como un activo productivo. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por lentitud, fragmentación y baja capacidad administrativa.
El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, principal instrumento del proceso, ha incorporado desde hace 8 años 2,49 millones de hectáreas en 21.354 predios, pero el 91,9% de esa superficie no tiene definida su situación de ocupación ni saneamiento jurídico, lo que impide su adjudicación efectiva. Solo el 0,5% de los predios ha sido visitado en campo para su caracterización.
La concentración territorial también limita el impacto: el 80,1% del área total se ubica en solo 33 municipios, y las zonas PDET concentran el 39,9%. En cuanto a la composición del Fondo, más de la mitad de los predios son microfundios (menos de una hectárea) que ocupan apenas el 0,05% del área, mientras que los latifundios (más de 200 hectáreas) concentran el 90,99%.
La compra directa de tierras, estrategia priorizada por el actual gobierno, tampoco ha mostrado resultados proporcionales al esfuerzo presupuestal: solo 114.379 hectáreas adquiridas entre 2022 y 2025. A esto se suman discrepancias entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reporta 260 predios transferidos, aunque solo el 46% ha sido entregado físicamente.
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Formalización de tierras en Colombia
La formalización de tierras es un componente crucial de la Reforma Rural Integral, orientado a garantizar seguridad jurídica a quienes poseen predios sin título legal. Según la Corte Constitucional, este proceso es indispensable para transformar la estructura desigual de la propiedad y consolidar el acceso efectivo a la tierra por parte de la población campesina y étnica.
El país enfrenta un contexto de alta informalidad: el 52,7% de los pobladores rurales no tienen títulos de propiedad sobre las tierras que ocupan. Por eso, la formalización busca reconocer derechos de ocupación previa y lícita sobre baldíos y bienes fiscales patrimoniales, además de titular la propiedad privada rural.
A marzo de 2025, el indicador reporta 2.833.990 hectáreas formalizadas, lo que equivale al 40,48% de la meta trazadora de 7 millones de hectáreas. En total, 117.947 familias han sido beneficiadas. Este avance se explica, sobre todo, por la titulación colectiva a comunidades étnicas y la regularización de títulos antiguos expedidos antes del Acuerdo de Paz.
Aunque el avance cuantitativo es considerable, la fragmentación y el predominio de microfundios reducen el impacto productivo. Además, el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR), incluido entre los 16 Planes Nacionales Sectoriales, no alcanza ni el 20% de ejecución. En 2024 no registró avances (0,00% en su indicador PMI), evidenciando una brecha entre el marco jurídico y la implementación en terreno.
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Áreas no adjudicables y derechos de uso
La formalización también contempla la regularización de la ocupación campesina histórica en Zonas de Reserva Forestal (ZRF). Inicialmente, el mecanismo se basaba en contratos de derechos de uso, pero resultó ineficaz, pues las comunidades buscaban el reconocimiento de propiedad.
En 2023, este modelo fue reemplazado por el procedimiento de regularización de la ocupación y aprovechamiento sostenible (Acuerdo 315 de 2023). No obstante, los resultados son limitados: solo 248 actos administrativos expedidos (2.390 hectáreas) en tres municipios. La Procuraduría ha pedido a la ANT acelerar este proceso para otorgar seguridad jurídica a los ocupantes.
Adjudicación: una meta que tardaría 40 años
El componente redistributivo de la entrega de tierras en Colombia —la adjudicación— es el más rezagado.
Con solo 35.584 hectáreas adjudicadas de tres millones proyectadas, el avance equivale al 1,19%. De mantenerse el ritmo, el país necesitaría cerca de 40 años para cumplir la meta del Acuerdo de Paz.
La ANT ha recurrido a entregas provisionales (146.436 hectáreas) mediante comodatos o contratos de administración, pero la falta de adjudicación definitiva impide contabilizarlas como cumplimiento real.
Además, persisten tensiones en los mecanismos de selección de beneficiarios: el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) tiene 1,65 millones de solicitudes, pero programas especiales recientes han priorizado ocupantes provisionales, generando desigualdad entre quienes esperan una adjudicación formal.
Catastro multipropósito: el soporte que aún falta
La actualización del catastro multipropósito es otro pilar del Punto 1 del Acuerdo. A enero de 2025, alcanza un 27,44% de avance nacional, muy por debajo del 70% previsto. Las mayores coberturas se concentran en zonas urbanas, mientras los municipios rurales y PDET siguen con información desactualizada.
Sin catastro ni registro articulados, el Estado carece de una base sólida para sanear predios, caracterizarlos y determinar si deben formalizarse o adjudicarse. Este rezago técnico es uno de los principales cuellos de botella en la entrega de tierras en Colombia.
PDET y Planes Sectoriales: gestión sin impacto real
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) reportan que el 56,1% de sus 33.007 iniciativas tiene Ruta de Implementación Activada (RIA), un indicador de gestión que no refleja resultados tangibles. En paralelo, los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) muestran baja ejecución: ninguno supera el 50% y varios (como los de Asistencia Técnica, Riego y Formalización) no reportaron avances en 2024.
El Plan de Salud Rural, adoptado por decreto en 2025, es el único con fuerza vinculante. Sin embargo, la desarticulación institucional entre planes, catastro y ANT limita la eficacia de todo el sistema de la Reforma Rural Integral.
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