Comencemos con cifras reales. De acuerdo con Salomón Kalmanovitz (El Espectador, 7 de noviembre de 2022), “el presupuesto de ciencia y tecnología se contrae 8.8% en términos nominales. Si se contabiliza la inflación de este año, la reducción será 20% real”. Y agrega: “No he visto ninguna acción tomada por la administración Petro para aumentar la inversión en los proyectos de ciencia y tecnología que tienen en mente los pocos científicos colombianos que viven en la penuria de sus universidades y laboratorios”. Estamos hablando de un presupuesto de $401.000 millones para el año 2023 que, además de ser prácticamente irrisorio, es el peor de lo asignado a todos los demás ministerios. 

La comparación es dolorosa. El Ministerio de Defensa recibirá $48,5 billones, Educación $54.8 billones, Transporte $14.8 billones, Agricultura $4.1 billones. Al otro extremo están Cultura, con $701.000, y Ciencia y Tecnología que, repito, es de $401.000 millones. 

La comunidad científica del país se alcanzó a ilusionar con las palabras del entonces candidato presidencial, Gustavo Petro, cuando visitó la sede de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el periodo entre la primera y segunda vueltas presidenciales, más exactamente el martes 24 de mayo de 2022. 

En esa ocasión, el candidato habló con propiedad y aparente convicción sobre la importancia de la ciencia para la toma de decisiones y sobre la construcción de una sociedad basada en el conocimiento, y agregó que hay que desarrollar ciencia propia. 

Posteriormente, vino el nombramiento de los ministros, y la designación de José Antonio Ocampo como Ministro de Hacienda aumentó nuestras esperanzas. El Dr. Ocampo siempre ha defendido la ciencia, y se confiaba en que haría su parte para que la situación financiera del Ministerio de Ciencia mejorara sustancialmente.

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Sin embargo, en secuencia se presentaron una serie de eventos que crearon molestia, angustia, ansiedad y zozobra en la comunidad. Primero, aquel desafortunado documento que iniciaba con la descripción de la ciencia como algo “hegemónico” y que le había hecho mucho daño a la sociedad y a la naturaleza, y continuaba con toda clase de expresiones anacrónicas sobre salud, ciencia, etc. 

Ese escrito había sido preparado por un grupo de personas entre las que se contaba la Dra. Irene Vélez, más tarde nombrada como titular de la cartera de Minas y Energía (un nombramiento que muchos aún consideramos muy extraño). 

Luego, la insólita demora en la designación de la persona que estaría a cargo del Ministerio de Ciencia; así como el presupuesto del Ministerio es el último en la lista de los ministerios, así mismo el ministro fue el último en ser nombrado, después de semanas de espera por razones que nunca conoceremos. 

En mi opinión, nuevamente nos faltó suerte. El Dr. Arturo Luna no era precisamente la persona indicada para ese importante cargo. Allí, siempre lo hemos dicho, se requería una persona con experiencia política, conocimiento de la comunidad científica y académica y “peso” personal y político para representar a la ciencia en las altas esferas del gobierno (ver mi columna en Más Colombia del 21 de octubre de 2022 en este enlace). 

Todo lo anterior comenzó a producir una caída “en picada” de nuestras expectativas y aspiraciones iniciales. En su discurso de posesión el presidente Petro apenas si mencionó la ciencia y la tecnología, y luego, cuando se necesitó una posición decidida por parte de los ministros Ocampo y Luna en las discusiones sobre el presupuesto, estos definitivamente no actuaron en favor de la ciencia. Obviamente el Congreso tampoco entendió de qué se trataba. 

Siempre hay otras prioridades, y no tendría nada de raro que en los ministros y en el Congreso prime el dañino concepto de que no es necesario hacer ciencia en Colombia, es decir, que “la ciencia la hagan ellos” (los de los países desarrollados). 

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Olvidan que los países son ricos porque dedican grandes sumas de dinero y grandes esfuerzos en favor de la ciencia. Y también olvidan que Colombia es un país privilegiado, muy diferente de otros países por su condición tropical, su riqueza de biomas y de biodiversidad, sus tres cordilleras, sus llanos orientales, selva amazónica, región biogeográfica del Chocó, zonas áridas y semi-áridas y dos océanos que le suman 930.000 km2 a los 1.140.000 km2 continentales.  Los colombianos no hemos logrado interiorizar esta maravillosa realidad, tan enfatizada por la Misión Internacional de Sabios 2019.

Entonces, regresemos al presupuesto. Los representantes del gobierno usan expresiones como “nunca habrá suficiente dinero para la ciencia”, pero no se dan cuenta de los daños colaterales que origina un presupuesto tan reducido. Para comenzar, las nuevas generaciones de colombianos, que ven la poca o ninguna importancia que el Estado da a la ciencia y las barreras que enfrentan los científicos nacionales, prefieren no escoger la ciencia como una opción de vida. 

Jóvenes profesionales, con título universitario, con maestrías y con doctorados prefieren emigrar, originando una monumental fuga de cerebros. Los medios de comunicación se llenan de noticias sobre científicos colombianos que triunfan en grandes universidades y centros de investigación alrededor del mundo, porque por allá tienen las facilidades que les permiten desarrollar todo su potencial. 

Los colombianos tenemos fama de ser buenos trabajadores y, como estudiantes, somos catalogados como los mejores. La formación que nuestros jóvenes reciben en los programas académicos nacionales es muy buena y les permite codearse con científicos de alto nivel. Por eso en muchos países expresan su interés en nuestros egresados: “Sigan preparando excelentes doctores, que a nosotros nos caen muy bien”, dicen.

Lo anterior también tiene que ver con la incertidumbre de los científicos en cuanto a la continuidad de la financiación de sus proyectos y la necesidad de buscar fondos de otras fuentes para culminar sus investigaciones y para mantener el apoyo a sus estudiantes, comprometiendo su valioso tiempo en labores de gestión de recursos. Esta lamentable situación hace que la universidad pierda su razón de ser, que es la producción de nuevo conocimiento. Es decir, viven con la obligación de administrar pobreza. No se ha entendido que los grandes descubrimientos toman tiempo. Si no hay recursos, no hay sostenibilidad.

Otro conflicto que enfrenta la comunidad lo constituye la constante lucha con las normas que impiden o dificultan la investigación científica en Colombia y que impactan directamente los limitados recursos con los que cuentan los investigadores. 

La Misión Internacional de Sabios 2019 hizo un recuento de esas barreras, y el Dr. Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y quien esto escribe —en su momento presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales— publicamos en mayo de 2021 un documento que titulamos “Normas que dificultan el desarrollo de la investigación científica en Colombia”. 

En este documento, además de las catorce recomendaciones de la Misión, incluimos nueve adicionales resultado de nuestras consultas a la comunidad académica y científica, y lo enriquecimos con comentarios específicos sobre cada una de las recomendaciones y con consideraciones sobre la legislación sobre regalías para ciencia, tecnología e innovación, sobre permisos para recolección de material biológico, cultivos transgénicos, y gestión del patrimonio geológico y paleontológico. 

El producto final fue distribuido a muchas instancias del gobierno nacional (Presidencia de la República, DNP, ministerios), a universidades y centros de investigación y a científicos interesados y muy preocupados con estos asuntos, al haber tenido que enfrentarlos en su trajín diario.

El presupuesto de CT e I y las regalías

El presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT e I) no pasa del 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto, dicho sea de paso, debería constituir una vergüenza nacional. Colombia, no sabemos cómo, ingresó hace algunos años a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); el promedio de inversión en CT e I de los países de la OCDE es de 2.4% del PIB. En nuestro país alguien inventó la figura de las ACTI (Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación), que nos presentan como un gran logro pero que no tienen nada que ver con Investigación y Desarrollo (I + D), que es lo que se mide mundialmente.

Todos en el gobierno tienen el “chip” de que las regalías son la “tabla de salvación”. Se habla de que habrá 3.1 billones de pesos de regalías para ciencia y tecnología en los próximos dos años. No se tiene en cuenta que las regalías son volátiles y que, si se cumplen algunas de las promesas del gobierno sobre petróleo y carbón, las regalías disminuirán en forma considerable.

En el documento de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales publicado en 2018, titulado “Manifiesto de la Ciencia. Desafíos para el 2030”, se expresa claramente que las regalías son finitas y por tanto no pueden sustituir los recursos que deben provenir del Presupuesto General de la Nación. 

El presupuesto estatal para ciencia, tecnología e innovación debe respetar y reconocer la importancia que este sector reviste para construir el país del futuro, y debe mantenerse y crecer progresivamente a medida que crecen las necesidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación y del país. 

Recientemente, el actual director del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Jorge Iván González, publicó un artículo titulado “Burla a la ciencia” (La República, 28 de octubre de 2022), en el que analiza lo que debe ser la inversión del Estado en ciencia y tecnología y, específicamente, el uso que se ha dado y que, en su opinión, se debe dar a las regalías. Indica que de 862 proyectos que se aprobaron entre 2018 y agosto de 2022 como de ciencia y tecnología, 456 tienen un valor inferior a $3 mil millones, y considera que “la multiplicidad de proyectos termina siendo un despilfarro. Es una burla a la ciencia”.

El Dr. González sugiere que “las regalías destinadas a la ciencia y la tecnología se deberían destinar a financiar 4 o 5 grandes proyectos estratégicos”, cuya selección y jerarquización estarían en manos del Ministerio de Ciencia, el DNP y la comunidad científica y académica. Yo agrego que las Academias, como cuerpos consultivos del gobierno nacional, deberían hacer parte de ese grupo decisorio. 

Grandes proyectos o misiones como la de enviar un humano a la luna solo se logran con una fuerte inversión del Estado. Está demostrado que solo cuando la inversión estatal en I + D alcanza alrededor del 0.8% del PIB, la empresa privada se comienza a interesar en este tipo de actividades. La propuesta del director del DNP ha sido bien recibida y amerita el respaldo de la comunidad, con el fin de que Colombia dé unos pasos firmes hacia un verdadero despegue en su desarrollo científico, con todas las ventajas que esto traerá para la sociedad en su conjunto.

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