Más de 1.600 ciudadanos respaldaron acción popular en contra de Cemex para frenar explotación de caliza en Moniquirá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular presentada por la Asociación Cabildo Verde de Moniquirá. Esta busca frenar la prórroga del contrato de concesión minera No. 11968, que permitiría a Cemex Colombia S.A. continuar con la explotación de caliza en la mina La Chapa.

La decisión judicial abre paso a un debate sobre el impacto ambiental de esta actividad en una zona reconocida por su riqueza hídrica, su biodiversidad y su vocación agrícola y turística.

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Acción judicial contra Cemex por riesgo a reservas naturales

La acción popular fue respaldada por más de 1.600 ciudadanos que firmaron en apoyo a la iniciativa. La Asociación señala que la explotación de caliza amenaza el derecho a un ambiente sano, la salud pública y el equilibrio ecológico de Moniquirá y municipios cercanos como Arcabuco y Gachantivá.

El expediente A.P. 25000-23-41-000-2025-00983-00 se dirige contra el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional Minera, Corpoboyacá y Cemex Colombia S.A. Según el Cabildo Verde, estas entidades no han tomado medidas para evitar la posible afectación de ecosistemas estratégicos como:

• La Reserva Forestal Protectora Nacional Sierra El Peligro.
• El Parque Natural Regional Serranía El Peligro.
• El corredor de robles Iguaque–Guantivá–La Rusia.

Por su parte, Carlos Alberto Gómez, representante legal del Cabildo Verde, afirmó:

“Estamos defendiendo el agua, la salud pública y la vocación agroecológica y turística de nuestros territorios. No podemos permitir que Cemex adelante explotación de caliza hasta en 900.000 toneladas año en esta región, lo que amenaza la vida de comunidades enteras y pone en grave peligro ecosistemas estratégicos”.

¿Qué implica la explotación de caliza?

La mina La Chapa cubre más de 343 hectáreas. Más de la mitad de este territorio tiene bosques y nacederos de agua fundamentales para la región. Según Cabildo Verde, permitir la explotación de caliza a gran escala generaría:

• Explosiones y remoción de suelos que degradan el terreno.
• Emisión de polvo de sílice y gases contaminantes como el CO₂.
• Afectación de fuentes hídricas y fauna silvestre.
• Riesgos para la salud respiratoria de la población local.
• Pérdida del atractivo turístico y agrícola de la zona.

La actividad minera proyectada por Cemex podría alcanzar hasta 900.000 toneladas al año, una cifra que, según los ambientalistas, no es compatible con la protección de los ecosistemas presentes en la zona.

Protestas y exigencias de la comunidad que exponen el riesgo de la explotación de caliza

La admisión de la acción popular coincide con un rechazo creciente a este tipo de  minería en la región. En Moniquirá se han realizado marchas con más de 1.000 personas, foros ambientales y reuniones informativas para exponer los riesgos de la explotación de caliza.

Las exigencias principales de Cabildo Verde son:

• Que la Agencia Nacional Minera niegue la prórroga del contrato.
• Que Corpoboyacá no otorgue licencias ambientales.
• Que el Ministerio de Ambiente realice estudios técnicos que evidencien los impactos ambientales.

Argumentos legales y falta de respuestas

El contrato de concesión minera con Cemex vencía en 2024. La acción popular busca evitar su prórroga por otros 30 años. Cabildo Verde sostiene que mantener y aumentar la explotación de caliza vulnera principios ambientales y derechos colectivos como el goce de un ambiente sano y el equilibrio ecológico.

La organización asegura que, pese a múltiples solicitudes ante la Procuraduría Ambiental y la Defensoría del Pueblo, no hay respuestas claras de las autoridades. Esta falta de definición aumenta la preocupación ciudadana y evidencia vacíos en la protección institucional del territorio.

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Un debate de fondo sobre el territorio

El caso de Moniquirá, ciertamente, abre una discusión sobre cómo deben gestionarse los recursos naturales en zonas de alta sensibilidad ambiental. ¿Debe priorizarse la explotación de caliza o la protección de las fuentes de agua, la biodiversidad y la vocación agrícola y turística?

Para Cabildo Verde, este conflicto no es solo legal. Es una discusión sobre el modelo de desarrollo en áreas rurales y la defensa de los bienes comunes.

Información a la comunidad general

El Tribunal, al admitir la demanda, les indicó a los actores populares que debían informar a la comunidad lo siguiente:

“Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, expediente A.P. 25000-23-41-000-2025-00983-00, adelanta el trámite de una demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos como consecuencia de la demanda formulada por la ASOCIACION CABILDO VERDE MONIQUIRA contra la NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, AGENCIA NACIONAL MINERA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ y CEMEX COLOMBIA S.A., por la presunta amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, moralidad administrativa, existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, la defensa del patrimonio de la nación y la seguridad y salubridad públicas, por la acción u omisión en la que incurrieron las entidades accionadas en el trámite de prórroga del contrato de concesión 11968 con la empresa Cemex Colombia S.A., por la afectación a los corredores de robles “Iguaque – Guantivá – La Rusia” ubicado entre los departamentos de Boyacá y Santander, la Reserva Forestal Protectora Nacional “Sierra el peligro” y El Parque Natural Regional Serranía El Peligro”.

En espera de una decisión judicial

El proceso continuará en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La admisión de la acción popular no implica un fallo definitivo, pero sí obliga a las entidades involucradas a responder ante las denuncias ciudadanas.

Mientras tanto, la comunidad mantiene su posición: la explotación de caliza en Moniquirá no solo amenaza el ambiente, también compromete el futuro de quienes dependen de él.

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