El 15 de mayo de 2012, entró en vigencia el TLC de Colombia con Estados Unidos. Este Acuerdo internacional no solo incorporó aspectos netamente comerciales, sino que incluyó temas como los de inversión y propiedad intelectual, y ha tenido importantes consecuencias en la estructura productiva del país.

En su momento, gran parte del debate fue teórico, a pesar de tener la experiencia previa de la apertura económica, una política que venía operando desde 1990 y de la cual el TLC ha sido un instrumento de profundización. La promesa de quienes lo impulsaron fue la de “convertir el TLC en un acuerdo de gana–gana” (ver enlace), como lo expresó el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, lo ofrecido al país fueron beneficios concretos, entre los que se mencionaron el crecimiento y la diversificación de las exportaciones, el acceso a nuevos mercados, el aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la posibilidad de importar bienes de alta tecnología a menores precios.

Al cumplir 10 años desde que entró en vigencia este TLC, se puede afirmar que no se cumplió ninguna de las promesas de los promotores del acuerdo y que, por el contrario, aumentó la indigestión de Tratados de Libre Comercio, como bien lo expresó José Antonio Ocampo en 2013 (ver enlace). En esa ocasión, el economista manifestó que la firma per se de dichos acuerdos no genera desarrollo y que, por el contrario, cada vez es más evidente que están acabando con la industria nacional.

Mientras en el año 2003 el país exportó a Estados Unidos 5.779 millones de dólares, en 2011 esta cifra ascendió a 22 mil millones de dólares. En cambio, una vez se firmó el acuerdo, las exportaciones de Colombia fueron reduciéndose progresivamente, hasta descender a 11 mil millones de dólares en 2021 (una reducción del 50% en 10 años). 

Asimismo, entre 2003 y 2011, las exportaciones anuales fueron, en promedio, superiores en 3.852 millones de dólares a las importaciones. En cambio, en el periodo 2013-2021, posterior al Acuerdo, la relación se invirtió, de manera que cada año importamos, en promedio, 1.640 millones de dólares más de lo que exportamos. Esto significa que pasamos de tener superávit, antes del TLC, a tener déficit comercial.

Tampoco se cumplió la promesa de diversificación exportadora. Las exportaciones de productos tradicionales y mineros (como las organiza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) pasaron de representar el 80% del total de las exportaciones a Estados Unidos, en 2003, a aportar el 83% en 2019. Después del TLC, se incrementaron las exportaciones totales de café y flores, mientras que las exportaciones de bienes industriales (incluyendo derivados del petróleo) se redujeron 4,8% entre 2011 y 2021.

Las trabas a la exportación se encuentran en medidas no arancelarias, por no cumplir los estándares exigidos por Estados Unidos y porque en 10 años era imposible cumplir los cambios técnicos requeridos con los incipientes recursos destinados por el Estado al sector productivo. En el caso de la carne, por ejemplo, el Ministerio afirmaba que se contaba con “acceso preferencial al cupo de 30.000 toneladas disponibles del contingente de la OMC”, pero a la fecha no se exporta nada de res a Estados Unidos.

La gran llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) fue otro de los mitos con los cuales se promovió este TLC. Entre 2007 y 2011, el promedio anual de IED de EE.UU. a Colombia fue de 2.332 millones de dólares, mientras que entre 2013 y 2019 fue de 2.336 millones de dólares, apenas 0,17% mayor. Incluso, la inversión estadounidense perdió participación en el total de la IED, al pasar del 30,4%, en 2007, a apenas el 17,7% del total, en 2019.

La muestra final del desastre se observa en los productos “protegidos” en el marco del TLC. Es el caso de la leche, el arroz y el pollo, entre otros, que a la fecha todavía tienen preferencias arancelarias y contingentes. Tal es el panorama de estos productos que, pese a que aún no están totalmente expuestos, ya se han visto gravemente afectados. Por ejemplo, el año pasado los lecheros solicitaron al Ministerio de Comercio la aplicación de la salvaguardia contemplada en el TLC. La solicitud fue negada, pero los argumentos de afectación directa por cuenta de las importaciones que presentaron los productores son evidentes, y el rechazo a la aplicación de la salvaguardia obedeció principalmente a temores de retaliación comercial por parte de Estados Unidos (ver enlace).

Desde 2006, se denunció que este TLC sería la quiebra para productos agropecuarios que produce Colombia pero que no resultan competitivos frente a los estadounidenses, entre otras razones porque los segundos están fuertemente subsidiados. En consecuencia, no solo no se cumplió ninguno de los esperados beneficios en términos de exportación y diversificación de la matriz productiva, sino que quedamos a merced de las importaciones, fluctuantes en su precio por factores como la tasa de cambio. Y esa producción que cedimos a las importaciones ha significado menos puestos de trabajo y más pobreza para nuestro país.

Preocupa también que un acuerdo internacional interfiera de forma considerable en las compras públicas, dando lugar a trabas jurídicas que impiden darles prelación a los bienes manufacturados en Colombia, medida más que necesaria ante la crisis derivada del COVID, las dificultades de la cadena logística internacional e incluso la grave inflación.

Por último, inquieta ver que los gremios, en su mayoría, son perfectos ausentes de este debate, que debería ser preocupación principal por sus implicaciones en amplios sectores productivos, que hoy ven su ocaso ante la combinación de los malos negocios internacionales firmados por el país, la ausencia de una política industrial y lo costoso que resulta producir en Colombia. En conclusión, diez años después de la firma del TLC con la mayor potencia mundial, no hemos logrado que este sea una gana–gana, como se dijo en su momento.