La reforma a la salud enfrenta duros desafíos, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de las EPS y la manera como se resolverá la crisis del sistema de salud.

En los últimos años, Colombia ha sido testigo de una serie de desafíos en su sistema de salud, entre los que se destacan las barreras de acceso, los problemas de atención por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), limitaciones financieras por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), e incluso los retos presentados por la pandemia por Covid-19.

Este sistema, que en su momento fue diseñado para garantizar la atención médica de calidad a todos los ciudadanos, se encuentra hoy en día en una encrucijada que requiere la atención y acción inmediata del Gobierno Nacional, ya que, además de la reforma a la salud que actualmente se encuentra en curso en el Congreso, recientemente se han identificado otros problemas en la atención en salud.

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Las causas subyacentes de esta situación son de una naturaleza compleja y encuentran sus raíces en una serie de desafíos estructurales inherentes al sistema de salud colombiano.

Sin embargo, se resumen en tres aspectos fundamentales que el sistema de salud colombiano debe abordar: financiamiento insuficiente, desigual distribución de las cargas de enfermedad y retraso en los pagos gubernamentales. Estas circunstancias, aunque acumuladas a lo largo de los años, están alcanzando un punto crítico que exige una respuesta inmediata.

Es en este contexto que las EPS Sura, Sanitas y Compensar, tres de las más grandes del país, han emitido un llamado urgente a través de una carta enviada al Ministerio de Salud el 27 de julio de 2023.

Estas EPS, que en conjunto afilian a más de 13 millones de colombianos, alertan sobre la gravedad de la dificultad que enfrentan para seguir operando más allá de septiembre.

Advierten que los indicadores financieros están en riesgo de no ser cumplidos, lo que podría resultar en la suspensión de la atención médica básica para una cantidad significativa de personas.

Ante esta encrucijada, es imperativo que el Gobierno Nacional adopte medidas concretas para evitar una crisis aún más grave en el sistema de salud, medidas que deben ser participativas y construidas mediante el consenso de diferentes actores.

En ese sentido, se hace necesario hacer una revisión apremiante de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Unidad que es el dinero que el sistema destina para la atención por cada colombiano.

Según diversos expertos en economía de la salud, este es insuficiente para atender a la población, principalmente debido a los avances en la tecnología médica y también al incremento de enfermedades crónica, situación que encarece el proceso de atención.

Por eso, aumentar de manera realista y adecuada la UPC permitiría abarcar los costos del Plan Básico de Beneficios y aliviaría la presión financiera que asedia a las EPS.

Paralelamente, agilizar el proceso de pago de las deudas acumuladas, incluyendo aquellas derivadas de la pandemia, inyectaría liquidez al sistema y habilitaría a las EPS a cumplir con sus compromisos financieros.

En esta lucha por preservar el sistema de salud, la colaboración entre el sector público y privado surge como una alternativa valiosa, ya que, mediante alianzas estratégicas, es posible fomentar un ambiente propicio para la generación de soluciones innovadoras que optimicen la eficiencia operativa y financiera de las EPS.

Paralelamente, la implementación de auditorías y medidas anticorrupción rigurosas resulta esencial para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos asignados a la salud.

Por otro lado, en un contexto donde una reforma a la salud aún no ha logrado la aprobación en el Congreso debido a la incertidumbre en torno a la eliminación de las EPS, pero también por otros factores que se están discutiendo, es válido cuestionar la viabilidad a esta solicitud para tener este apoyo gubernamental, ya que, desde la llegada del nuevo Gobierno, se ha percibido la intención directa de eliminar a las EPS.

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Sin embargo, la urgencia de la crisis actual y su raíz en problemas estructurales abre la puerta a considerar soluciones intermedias que no necesariamente conlleven la eliminación total de las EPS, esto mientras se resuelve la reforma a la salud y se da una eventual transición en caso de ser aprobada.

Este llamado de auxilio lanzado por las EPS Sura, Sanitas y Compensar no puede pasarse por alto. Estas entidades reconocen que la crisis financiera ha estado gestándose durante años, pero comprenden que es la administración actual la que debe encontrar soluciones para evitar la interrupción de la prestación de atención médica básica para millones de colombianos.

Las consecuencias de no actuar con prontitud y eficacia podrían ser devastadoras. Entre, ellas, se destacan las siguientes:

• Acceso limitado a la atención médica: La población podría enfrentar dificultades para acceder a servicios de salud básicos debido a la falta de financiamiento y recursos.
  
• Colapso de atención médica: Los 13 millones de afiliados enfrentarían una potencial falta de acceso a atención médica básica, lo que podría tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de estas personas.
  
• Presión sobre otros proveedores: La parálisis de estas EPS podría aumentar la carga sobre hospitales y clínicas públicas y privadas, potencialmente llevando a una saturación del sistema de salud.
  
• Impacto económico: El cierre de estas EPS afectaría a los 34 mil empleados directos y sus familias, lo que podría generar un impacto negativo en la economía local y en la fuerza laboral.
  
• Desempleo y crisis laboral: El cierre de EPS podría resultar en la pérdida de empleos para el personal de estas entidades, lo que tendría un impacto negativo en la economía local.
  
• Descontento y malestar social: La falta de acceso a la atención médica y los problemas en el sistema de salud podrían generar descontento y malestar en la población.
  
• Incremento de complicaciones de algunas enfermedades: La interrupción de operaciones de las EPS a nivel nacional podría tener un efecto perjudicial en el control de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.
  
  La falta de acceso a medicamentos, tratamientos y seguimiento médico adecuado podría llevar a un aumento en las complicaciones de estas enfermedades, lo que resultaría en un deterioro en la salud de los pacientes y en una mayor carga en el sistema de salud a largo plazo.
  
  La atención preventiva y el manejo adecuado de enfermedades crónicas podrían verse comprometidos, afectando la calidad de vida de los pacientes y generando un incremento en los costos de atención médica en el futuro.

Por lo anterior, es fundamental que el Gobierno y las EPS trabajen de manera colaborativa y rápida para encontrar soluciones que eviten estas consecuencias y garanticen la continuidad de la atención médica para todos los colombianos afiliados.

Para finalizar, esta crisis de las EPS subraya la importancia fundamental de garantizar el derecho a la salud en Colombia, ya que la atención médica es esencial para la calidad de vida de los ciudadanos y su bienestar general.

Por todo esto, es deber del Gobierno, las EPS, los proveedores de atención médica y la sociedad en su conjunto, colaborar y trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones que aseguren que todos los colombianos tengan acceso a servicios de salud de calidad.

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