La privatización de Ecopetrol y otras entidades

Diego Otero
Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y PhD en Economía de la University of Pennsylvania. Presidente de la Asociación Colombiana de Economía Crítica (ACECRI) y miembro de la junta directiva de la Academia de Ciencias Económicas (ACCE).
Privatizar sin aportar
Sí, como dice el titular de este escrito, Ecopetrol y las entidades de Bogotá están privatizadas en los hechos, sin que se hayan vendido las acciones que allí poseen el gobierno nacional y el distrito capital.
Es la mejor forma de privatizar; se nombran como miembros de las juntas directivas a personas privadas, no aparecen los representantes de los gobiernos, excepto figuras secundarias y como presidentes de las juntas directivas se nombran a privados. Es muy fácil esta privatización porque los privados manejan empresas estatales sin aportar un solo peso, y las administran según sus criterios personales y los intereses que representan.
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Ecopetrol manejada por los dictados de la OCDE
El caso más notorio es el de Ecopetrol, la empresa más importante del país, donde el Estado es dueño de 88% de las acciones. Pues bien, siguiendo las normas de OCDE, ya que Colombia es miembro de esta institución, lo que llaman la gobernanza corporativa significa para esta institución superneoliberal que el Estado no la maneje sino privados, bajo una concepción antiestatal.
En esta forma, Ecopetrol, en su último cambio de junta directiva que se produjo el 14 de octubre de 2022, quedó integrada así:
Mauricio Cabrera Galvis: Consultor financiero
Mónica de Greiff: Sector privado
Carlos Gustavo Cano: Representante de los independientes
Esteban Piedrahita: Presidente de Icesi
Sergio Restrepo: Independiente
Luis Santiago Perdomo: Independiente, profesor del CESA
Gonzalo Hernández: Viceministro técnico de MinHacienda
Sandra Ospina: Profesora de la Universidad del Valle y representante de los dptos.
Saúl Kattan: Viene del sector privado, petrista
Excepto los accionistas minoritarios y los de los departamentos productores, el resto de los siete miembros son nombrados por el gobierno nacional, por postulación del ministro de Hacienda.
Se observa que ninguno tiene conocimiento del sector petrolero o energético en general, salvo Sandra Ospina, que es ingeniera electricista. En su mayoría son parte de la élite colombiana, de orientación ortodoxa, vinculados a negocios privados, miembros de juntas directivas, egresados de universidades privadas elitistas.
Fue nombrado presidente de la junta directiva el petrista Saúl Kattan, reversando el nombramiento del uribista y neoliberal Carlos Gustavo Cano. Cano fue nombrado presidente de la junta con el voto de todos los representantes nombrados por el gobierno, lo que muestra muy bien la ideología de estos, incluyendo al viceministro de Hacienda.
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Fíjense lo absurdo, no hay ningún representante del Ministerio de Minas y Energía, y del gobierno solamente está el Viceministro, en un papel subsidiario. Deberían formar parte de esta empresa tan importante el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda y el jefe del Departamento Nacional de Planeación.
No se trata de desconocer las cualidades académicas y la experiencia de los citados miembros de la junta directiva. Lo que queremos manifestar es que ahí hay un asunto ideológico para tener en cuenta. Un gobierno de izquierda, o progresista y antineoliberal, nombra representantes en sus diferentes juntas a personas con perfiles que representen sus ideas. No se puede gobernar con adalides del sistema y pertenecientes a las clases dominantes.
Lo mismo ocurre con las empresas distritales
Y lo mismo sucede con las empresas distritales, integradas por privados, normalmente egresados de la Universidad de los Andes, elitistas, que representan en general a grandes intereses privados, con orientación neoliberal.
Esto no ocurría antes de que Colombia fuera miembro de la OCDE. El presidente de la junta directiva de Ecopetrol era el ministro de Minas y Energía, que es lo lógico, pues era una empresa manejada por el Estado. Hoy la administran los privados, de un gobierno que se dice de cambio progresista.
Conclusiones
Estamos ante la presencia de un Estado privatizado –lo que es muy irónico en un gobierno que se decía de cambio–, que admite estas imposiciones de la OCDE.
Lo mejor es retirarse de esta organización neoliberal, que sirve a los intereses de las multinacionales y los países poderosos capitalistas, imperialistas y colonialistas.
Un gobierno de cambio, progresista, antineoliberal no puede estar en la OCDE ni ser parte de la OTAN, ni permitir bases y radares en la isla Gorgona.
Un gobierno de cambio nombraría otro tipo de directivos, verdaderos expertos en energía, incluiría a representantes de los empleados y trabajadores y de los gremios de la ingeniería y, fundamentalmente, que representen un verdadero cambio profundo, antineoliberal.
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