La progresividad consiste en que, a mayor renta, mayor tasa. Se trata de un precepto constitucional que hoy no se cumple en el impuesto de renta para personas jurídicas. Una empresa que genera una utilidad promedio de $100 millones paga la misma tasa que una que genera $300 mil millones. Esto, sumado a que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tienen una menor capacidad de deducibilidad, genera una enorme desigualdad empresarial.

La desigualdad empresarial, medida en el índice de GINI por utilidades empresariales, oscila entre 0,72 y 0,92. Esta es más alta que la existente entre personas naturales, que ya es reconocida a nivel internacional como una de las más elevadas. Según los reportes de la DIAN, 534 mil empresas recaudaron $32 billones para 2020, de las cuales el 1,8% de las empresas más grandes, que generan el 45% de las utilidades, aportó el 32%. En cambio, el 98%, que son las mipymes, generan el 55% de las utilidades, pero aportan el 68% del recaudo de renta.

Los beneficios tributarios se han acumulado tras varias reformas, privilegiando principalmente a sectores de baja generación de valor agregado. Los cerca de 30 billones de pesos que se han dejado de pagar por exenciones, significan que la tarifa efectiva promedio del impuesto de renta que paga el 1,8% de las empresas más grandes del país es del 18%, cerca de 15 puntos porcentuales por debajo de la tarifa nominal de tributación e inferior a la tarifa efectiva que pagan las mipymes.

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La progresividad no da espera. En gracia de discusión, y respondiendo a la preocupación recaudatoria del Gobierno Nacional, se hicieron proyecciones que revelan que esta no solo significaría un beneficio directo para el bolsillo del 98% del tejido empresarial, que son las mipymes, sino que, además, bien aplicada conduciría a un incremento del recaudo de hasta $39 billones, una cifra superior a la planteada en la reforma*.

Se ha dicho que tener tarifas diferenciales promueve que las empresas se fraccionen o se dividan a fin de obtener un beneficio tributario. Esta lógica tiene varios inconvenientes. Primero, las empresas grandes –muchas con niveles de acreditación en el mercado– tendrían dificultades operativas y de funcionamiento al intentar fraccionarse, cuyos costos son superiores a los de pagar la tarifa. Segundo, se desconoce que la DIAN cuenta con instrumentos de control, vigilancia y, en caso dado, de sanción. Ejemplo de ello son la facturación y nómina electrónica y la información exógena. Tercero, esta lógica supone que el sector empresarial, especialmente el de las mipymes, no tiene vocación de crecimiento. Pero, quizás lo más controversial, es legislar con desconfianza.

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La alta desigualdad no es un simple resultado de la mala distribución. La causa última es que Colombia es una economía que genera muy poca riqueza. Por ello, tener una política industrial que cuente con diferentes herramientas, entre ellas la tributaria, es fundamental. En ese sentido, una reforma netamente recaudatoria no contribuye a salir del circulo de tapar un hueco abriendo uno más grande, y esto es justamente lo que se profundizaría con una tarifa generalizada para el sector empresarial.

La propuesta de progresividad en el impuesto de renta que se ha presentado en cinco oportunidades, y no es un asunto caprichoso. Es la respuesta a un elevado costo país, a un contexto que es adverso y complejo para el desarrollo del capital y la producción nacional. Los impuestos y la política fiscal deben ser usados como herramientas para el impulso de una política industrial, de la cual carece Colombia. Esta no es otra cosa que tener la convicción como país de querer crear más riqueza y, por tanto, de desarrollar una política de Estado para el desarrollo industrial.

*Elaborado con base en un estudio de Cedetrabajo, 2022.

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