Acabar la desigualdad empresarial, un objetivo de la tarifa progresiva en el impuesto de renta para empresas.

En medio de los anuncios de una posible reforma tributaria durante el 2024, se debe tener en cuenta la necesidad de implementar la tarifa progresiva en el impuesto de renta a personas jurídicas.

Al revisar las utilidades de las empresas colombianas se advierte que uno de los problemas estructurales de la economía del país es la desigualdad empresarial. De acuerdo con Garay y Espitia, “el 0,25% de las empresas más grandes del país concentran el 37% del patrimonio bruto total de las personas jurídicas, en tanto que el 1% de las empresas con menores patrimonios necesitarían cerca de 309 años para obtener el patrimonio de las 25 mayores empresas del país”.

Esas diferencias son profundizadas por el sistema tributario, que no cuenta con una tarifa progresiva para el impuesto de las empresas, lo que conduce a que las pequeñas empresas terminen con una tarifa efectiva más alta que las grandes compañías. 

De acuerdo con el Minhacienda, las pequeñas empresas terminan pagando más impuestos, pues la tarifa efectiva de tributación en 2022 fue de 23,8% para las grandes empresas, de 28,9% para las medianas y de 31,3% para las pequeñas.

En respuesta a esta inequitativa realidad, gremios y otros centros de estudio han planteado la inclusión de la tarifa progresiva, propuesta que busca acercar las tarifas nominales a las efectivas lo que permitiría equilibrar las cargas. 

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La malla empresarial colombiana

En Colombia la mayor parte de las unidades productivas son microempresas. De acuerdo con la Misión de Empleo en Colombia hay cerca de 7.200.000 empresas, de las cuales tan solo el 1% cuenta con 11 o más empleados, mientras que el 96% tiene de 1 a 3 empleados. 

La mayor parte de las empresas se encuentran en actividades de servicios ligadas a la informalidad como comercio y servicios. Según la Misión, el 82% de las empresas se consideran como informales y el restante 18% formales, de las cuales solo la mitad tributan como persona jurídica, unas 535.000, si se tiene en cuenta la información de la DIAN. 

En materia de recaudo de impuesto de renta, una cuarta parte de las personas jurídicas que declararon renta en 2021 estaban en actividades de comercio, el 12,9% en manufactura, el 12,4% en actividades profesionales, científicas y técnicas, el 11% de construcción y un 10,3% en otras actividades de servicios. 

El restante 30% de las empresas se encuentran mayoritariamente en actividades financieras, inmobiliarias y de seguros, de la administración pública, educación y salud, así como en actividades agropecuarias. La minería es el sector que menos empresas registró con el 1% de las personas jurídicas declarantes del impuesto de renta.

De acuerdo con la información de Minhacienda, la mayor parte de las empresas no son las más favorecidas con los beneficios fiscales que se han incluido en el Estatuto Tributario en las reformas de las últimas dos décadas a través de los ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas y descuentos tributarios.

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Tarifa progresiva para corregir un sistema tributario regresivo

La regresividad del sistema tributario en Colombia se debe en gran medida a las exenciones tributarias. Se trata de un problema sobrediagnosticado, entre otros por la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que calificó el sistema colombiano como “disfuncional”. 

Reducir esos beneficios y extensiones tributarias, generaría los ingresos suficientes para aplicar la tarifa progresiva para las mipymes. 

De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, los beneficios tributarios vigentes durante el 2021 tuvieron como consecuencia una pérdida estimada de recaudación para el país que oscila entre los $14 y $17 billones.

De acuerdo con un estudio realizado por Cedetrabajo y Acopi Bogotá Cundinamarca, el gobierno podría equilibrar las cargas, incrementando la tarifa efectiva de las grandes empresas y reduciendo la de las medianas y pequeñas.

En el mundo, según datos recopilados por la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC), al menos 22 naciones han implementado estructuras de tarifas escalonadas en el impuesto sobre la renta para las corporaciones. 

De este grupo, 9 están ubicados en Europa, 5 en Asia, 6 en América, 1 en África y 1 en Oceanía. En particular, en Latinoamérica, cinco países aplican la tarifa progresiva en este impuesto: Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica y Venezuela.

Panorama internacional

En el mundo la subvaloración de ingresos, estimada entre USD $100 y $240 mil millones anuales según la OCDE, representa un desafío significativo para gobiernos y Administraciones Tributarias a nivel global. 

Este fenómeno, resultado de la reducción de las ganancias sujetas a impuestos por exenciones, deducciones, evasión u otras estrategias financieras y por el desplazamiento de ganancias a jurisdicciones donde los impuestos son más bajos, afecta de manera más pronunciada a países en desarrollo en relación a sus ingresos fiscales.

El Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) aborda este problema con pilares fundamentales que incluyen la coherencia internacional en el impuesto a las sociedades, la realineación de la tributación con la esencia económica, la transparencia y la seguridad jurídica. 

Es importante destacar que las acciones propuestas en el Plan de Acción BEPS no exigen el mismo nivel de compromiso de implementación por parte de todos los países; se agrupan en categorías distintas según el grado de compromiso que cada país decida asumir dentro de este marco inclusivo.

De hecho, recientemente expertos de las Naciones Unidas han solicitado a la OCDE, a través de una carta, que examine el impacto de sus propuestas sobre un impuesto mínimo global y una redistribución de los pagos fiscales de las grandes empresas en los derechos humanos. Argumentan que estas medidas podrían perjudicar la recaudación de impuestos en los países en desarrollo.

Al final, estas acciones están diseñadas para atender las necesidades de las naciones desarrolladas. 

Si se avecina otra nueva reforma tributaria como lo está sugiriendo el gobierno nacional, uno de los temas obligatorios para revisar es el de la tarifa progresiva en el impuesto de renta de las empresas. Está por verse si el gobierno Petro se la juega por la justicia y la equidad empresarial o si profundiza los beneficios para las grandes compañías.