A propósito del Día Internacional de la Mujer, traigo a colación la investigación realizada sobre legislación en materia de violencia machista. Los datos recopilados en varios países dieron pie al libro “Las leyes de violencia de género en el mundo”, que está en edición y será publicado próximamente. 

Sin entrar en detalles, advertí que hay avances alcanzados por países que consagran la igualdad de género en sus constituciones; también, que las mujeres siguen experimentando injusticias, violencia y desigualdades en todos los ámbitos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales—.

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Y aún con progresos significativos en legislaciones pioneras con directrices internacionales que juzgan con perspectiva de género, la cultura juega un papel preponderante en el desarrollo legislativo. Los avances normativos y académicos no son suficientes para responder adecuadamente a las expectativas. La plena igualdad exige que se convierta en verdadera ante los ojos de la ley. 

En los países asiáticos o africanos la justicia está fuera del alcance de millones de mujeres. La indiferencia social y el abandono del Estado causan una justicia esquiva para ellas. Los estereotipos culturales promueven y mantienen la desigualdad, la discriminación y la violencia.

Llama la atención la clasificación de los delitos. Por ejemplo, los delitos de honor, erradicados hace tiempo en muchos países, están vigentes en los musulmanes. La mujer es adúltera; el hombre no. 

En países occidentales o anglosajones las leyes son un valor añadido, pero la violencia de género permea y coadyuvada por el manejo inapropiado de burócratas que convierten las leyes en papel mojado. Los jueces hablan a través de sus sentencias. Dejan ver más que consideraciones jurídicas cuando no juzgan en Derecho sino de acuerdo al fuero personal.

En el marco de la denuncia por violencia de género, la evidencia es categórica: muchas mujeres no denuncian los delitos debido al estigma social y a sistemas judiciales débiles. Incluso en juzgados especializados, una mujer adulta o menor de edad tiene una alta probabilidad de que quienes la evalúen y escuchen duden de la veracidad de su testimonio. La primera barrera que enfrentan las víctimas es el cuestionamiento. Una doble victimización las condena.

Creo que calificar la violencia de género como un asunto exclusivamente de mujeres es parte del problema. No es una cuestión que afecte únicamente la vida privada de las mujeres. 

Veámoslo así, cuando se violan principios fundamentales de derechos humanos, se trasladan al ámbito público. Es público cuando la violencia afecta al núcleo de la sociedad, “la familia”. Trasciende al ámbito de la Ley, cuando denuncia, escalando a un problema de salud pública. 

Así que, enfrentarlo, es plantear la necesidad de transformar las bases de los sistemas jurídicos, sociales y culturales, diseñando estrategias que vayan desde el reconocimiento formal hasta la formulación de políticas públicas. 

Es condición sine qua non para fortalecer programas de cooperación entre entidades locales, regionales e internacionales el adoptar medidas de carácter práctico para que la justicia sea más accesible, oportuna y afín con los tiempos actuales. 

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