lunes, 6 de febrero de 2023
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Obras del canal del Dique: hay polémica en la Costa por cobro de valorización

El anuncio del ministro de Transporte sobre la intención de financiar las obras del canal del Dique con cobros de valorización a los habitantes de Cartagena y otros municipios cercanos a la obra ha generado dudas y rechazo.

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El anuncio del cobro de valorización a los habitantes de Cartagena y otras zonas cercanas al Canal del Dique sigue causando controversia.


No hicieron falta más de dos días, desde que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, asegurara que Cartagena tendrá que pagar una vez esté lista la reglamentación para la construcción del megaproyecto, para que comenzaran a conocerse las reacciones de diversos actores de la sociedad. 

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El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, fue uno de los primeros en pronunciarse y dio un polémico parte de tranquilidad a la población de la ciudad. Dau aseguró que el término ‘valorización’, implementado por el ministro Reyes, debería reemplazarse por el cobro de la ‘plusvalía’.

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De acuerdo con el mandatario de esa ciudad caribeña, gracias a este proyecto 80 mil hectáreas de terreno que actualmente son improductivas dejarán de serlo. Y, como esos predios se verán altamente valorizados, el cobro por plusvalía debe realizarse a las personas que se enriquecerán. 


Según explicó,“La idea de cobrar a los diferentes propietarios de predios por la realización de los 3.2 billones de pesos que cuesta el proyecto del Canal del Dique fue una propuesta que yo hice como alcalde de Cartagena, pero no para cobrar a los cartageneros, sino a los dueños de las 80 mil hectáreas de predios que serán productivos una vez arranque este proyecto”.

“Es de ahí de donde saldrá el gran costo del proyecto del Dique, no de la gente de Cartagena”, afirmó.

Por su parte, el exgobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay Paz, cuestionó los anuncios del ministro Reyes: “Cuando el @MinistroReyes plantea que las obras del #CanalDelDique las pagarán ‘habitantes de Cartagena y terratenientes’ mediante valorización, a qué se refiere. ¿Quiénes son esos terratenientes que en Cartagena se beneficiarán de las obras? Hay incertidumbre. Favor precisar”, señaló en su cuenta de Twitter.

Dumek Turbay no fue el único en cuestionar los anuncios. El representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Fernando Niño, pidió claridad en algunos puntos: 


“-¿Por qué el nuevo impuesto lo pagaremos los cartageneros, si todo un país y directamente 18 municipios del Atlántico y Sucre se beneficiarán de este proyecto?

-¿Cómo será el cobro de este impuesto? 

-¿A qué predios se les cobrará?

-¿En qué se invertirán estos recursos?


Tengo entendido que estas obras estaban financiadas. @MinTransporteCo”, publicó en su cuenta de Twitter el congresista.

La falta de claridad y de precisión en los comunicados del gobierno también ha generado suspicacias alrededor del tema. Esta vez fue Cesar Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien alertó que no solo sería Cartagena la afectada por los posibles pagos de valorización, sino también siete municipios del Atlántico.

“#ATENCION. Siete municipios en el departamento del Atlántico (Campo de la Cruz, Manatí, Repelón, Santa Lucía, Sabanalarga, Luruaco y Suan), podrían terminar siendo afectados por la decisión del @MinTransporteCo de que deben pagar valorización por las obras en el Canal del Dique”, aseguró Lorduy.

Por su parte, Indalecio Dangond, Presidente Open Loans —una empresa que asesora en créditos de fomento agrícola— y fundador de la fintech Credifomento, hizo un llamado al jefe de la cartera ministerial: 


“Ministro @MinistroReyes con todo el aprecio y consideración, los pequeños agricultores y ganaderos de esa zona están quebrados por las inundaciones. Ellos no se benefician ni usufructúan la navegabilidad del canal del Dique, por lo tanto no tienen por qué pagar más impuestos”.

En esto coincide con varios líderes sociales de las zonas cercanas al canal del Dique, quienes, a través de la emisora del Atlántico Espectacular, rechazaron los anuncios del ministro de Transporte. 

Uriel Ávila, líder de la zona, advirtió a través de ese medio de comunicación que se trata de una población endeudada, pues el invierno y las inundaciones produjeron grandes pérdidas en las cosechas y cobros como los anunciados por el Ministerio profundizarían la crisis.

Adicionalmente, Ávila se mostró preocupado por la posibilidad de que las obras que se desarrollen en el puerto local de Barranquilla también se financien con cobros de valorización. 


El medio también publicó las preocupaciones del líder Hernán Villa Polo, quien afirmó que el gobierno nacional se está equivocando con esta decisión: “No estamos de acuerdo con esa medida porque la mayoría de quienes tienen predios alrededor del canal del Dique son pequeños productores campesinos”, afirmó.

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Los anuncios del gobierno 

Pero, ¿qué fue lo que dijo el gobierno en la voz del ministro de Transporte, Guillermo Reyes?

En entrevista con Blu radio, el alto funcionario explicó que los propietarios de tierras cercanas a obras viales que se beneficien con su construcción, al ver valorizados sus predios, tendrán que pagar el impuesto de valorización.

Posteriormente, afirmó que los habitantes de Cartagena tendrán que pagar una valorización al inicio de las obras del canal del Dique: “Apenas empecemos el proceso de construcción del canal del Dique, incluso los habitantes de Cartagena van a tener que pagar valorización porque el tema del control de sedimentación beneficiará a sus habitantes. La valorización es justicia social. Todos tendrán que pagar una vez haya la reglamentación”, anunció Reyes.


De acuerdo con el ministro, solo pagarían los propietarios de predios valorizados por las obras del Estado: “¿A los campesinos y pequeños agricultores? Obviamente no. Pagarán predios que generen una mayor valorización por cuenta de la obra que hace el Estado”, aseguró.

¿Qué es el canal del dique?

El canal del Dique fue construido en el siglo XVI para unir el río Magdalena, a la altura del municipio de Calamar, con la bahía y la ciudad de Cartagena, a través de las ciénagas de María y Matuma. En sus inicios, los terrenos por donde se abrió el Dique pertenecían al Cabildo cartagenero. 

De acuerdo con Manuel Lucena Giraldo, en un artículo publicado en 2017, luego de su construcción “el Canal del Dique empezó a ser utilizado por pequeñas embarcaciones, barquetonas, barcos, canoas, chinchorros y champanes, que empleaban 3 o 4 días en cruzarlo”, lo que le permitió al Cabildo cobrar varios gravámenes a las mercancías que se transportaban. 

“El costo del transporte de mercancías, respecto a la ruta mixta anterior con canoas y recuas de mulas, se abarató un 50% y el comercio entre la costa y el interior experimentó una notable expansión”, cuenta Lucena.


Ya para 1679, y por falta de mantenimiento, solo quedaba abierto el Medio Dique, de Matumilla a Mahates. Desde entonces, se han realizado varias obras para modificar parcialmente su trazado y longitud, así como para ampliar su ancho y calado, las cuales han generado problemas de sedimentación.

En diciembre del año pasado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó al único oferente, la española Sacyr, el Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, con el que se espera recuperar ecosistemas degradados y mitigar el impacto ante posibles inundaciones en la región. 

La ejecución de estas obras, así como su operación y mantenimiento, será realizada a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años, contados a partir de la firma de la Alianza Público-Privada (APP). El valor del contrato de esta 5G asciende a $3,25 billones. De estos, $2,3 billones corresponden a capex (gastos de capital) y $913.111 millones a opex (gasto operacional). 

De acuerdo con la ANI, el proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, los cuales abarcan la hidrovía entre Calamar y la bahía de Cartagena. “La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel; también el proyecto tendrá compuertas en Calamar”, explicó la entidad.


El 7 de diciembre de 2022, la ANI señaló que el proyecto beneficiará a 1,5 millones de habitantes de 19 municipios, de los cuales ocho hacen parte del Atlántico —Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan)—, 10 pertenecen al departamento de Bolívar —Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana— y uno al de Sucre —San Onofre—.

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