Pobreza, hambre y paro nacional en Colombia

El reciente paro nacional ha visibilizado los problemas de pobreza y desigualdad que han existido históricamente en Colombia y que fueron agravados por la pandemia de COVID19. Muchas personas en las ciudades perdieron sus trabajos o medios de subsistencia y debieron quedarse en casa cuidando a sus seres queridos. Muchos otros vieron imposible salir a rebuscarse un ingreso para comprar comida y en ocasiones se encontraron con la represión de las autoridades por no respetar las cuarentenas. Muchos negocios debieron cerrar, entraron en quiebra y despidieron a sus empleados. Solo los trabajadores privilegiados, aquellos que podían trabajar de forma remota o virtual, pudieron mantener un ingreso y su nivel de vida y el de sus familias. La pandemia profundizó las desigualdades socioeconómicas, ahondando brechas en la nutrición y la educación, comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones.

Según recientes cifras del DANE, cerca de 2,7 millones de personas entraron en situación de pobreza monetaria extrema, es decir, no pueden adquirir una canasta básica de alimentos para subsistir. Igualmente, los logros que se dieron en la última década en reducción de pobreza y desigualdad de ingresos monetarios se reversaron, y se dieron incrementos en ambas problemáticas.

La crisis económica que ha afectado al país debido a la pandemia, llevó al gobierno a proponer una reforma tributaria para aumentar los recursos públicos. Sin embargo, dicha reforma tuvo un corte regresivo al proponer aumentar los impuestos al consumo de bienes básicos, incluidos los alimentos. Esta propuesta produjo un estallido social, materializado en un paro nacional desde el 28 de abril de 2021, con múltiples formas de protesta y movilización que recurrieron a la creatividad y la solidaridad mediante muestras artísticas, actividades comunitarias y marchas pacíficas, pero también, en mucha menor medida, a la violencia, con ataques a la fuerza pública, saqueos de establecimientos comerciales y bancarios, y daños a los sistemas masivos de transporte. Esta violencia, aunque injustificable, da cuenta de la rabia social frente a décadas de crecimiento de la desigualdad y abandono por parte del Estado. El gobierno, por su parte, ha respondido con falta de voluntad de diálogo, y con violaciones de derechos humanos y un uso desmedido de la fuerza que están siendo investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno ha estigmatizado a los manifestantes al tildarlos de vándalos, desconociendo que muchos son jóvenes sin trabajo ni educación que están exigiendo la garantía de sus derechos.

Estas marchas se articulan a las protestas que empezaron en 2019 contra el asesinato de líderes sociales y el retorno a la violencia armada en muchos territorios, la exigencia de la implementación del Acuerdo de Paz, y la garantía de los derechos a la educación y a la salud, entre otros.

Hambre y paro

Uno de los motivos de la movilización de los que protestan ha sido el reclamo de tener hambre. Desde varios lugares que han sido epicentro del paro nacional, incluyendo a Cali, manifestantes han planteado que salen a marchar «porque tienen hambre», o guiados por una elección «entre morir de hambre o marchar». Puede plantearse que el hambre ha sido una causa directa e indirecta de las protestas. Por un lado, se ha planteado que muchos jóvenes de las barricadas en las zonas de protestas de Cali, estaban comiendo mejor en las ollas comunitarias que se establecieron allí, en comparación con lo que comían en sus casas. En varios análisis se plantea que estos muchachos tenían hambre, no tenían nada que perder, y por ello salían a protestar. A medida que el paro se profundizó, se establecieron algunos corredores humanitarios para permitir la entrada de alimentos y medicinas a los barrios. También se estructuraron redes de solidaridad para facilitar el acceso de la población a los mercados y los alimentos. Se instauraron ollas comunitarias en zonas donde se establecieron los manifestantes, articulando a personas de diversas edades que así apoyaron directa e indirectamente al paro.

Por otro lado, una de las demandas del paro nacional fue en contra del alto e injusto costo de los peajes, dado el mal estado de las vías, la proximidad a las fuentes de trabajo y su impacto en los fletes y, por tanto, en el costo de los alimentos. Otra fuente de descontento –a partir de la propuesta de reforma tributaria que se cayó– ha sido la idea de cobrar peajes a las motos, uno de los principales medios de transporte entre las poblaciones rurales y urbanas pobres. Los altos costos, no solamente de los peajes sino de la gasolina en Colombia, impactan negativamente en la seguridad alimentaria al aumentar los precios de los alimentos y disminuir los ingresos famliares y, por consiguiente, el dinero disponible para gastar en alimentos.

La FAO define el hambre como «una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria». Existe una situación de hambre crónica, cuando no existe una posibilidad de un consumo de una «cantidad suficiente de calorías, de forma regular, para llevar una vida normal, activa y saludable». Según el indicador de prevalencia de subalimentación que es el utilizado para medir las situaciones de hambre, mientras entre 2004 y 2006 existían 4,2 millones en esa situación en Colombia, la cifra se redujo a 2,4 millones entre 2016 y 2018, cifra que seguía siendo alta para un país que se jacta de ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Hay que tener en cuenta que las situaciones de hambre y malnutrición violan derechos básicos de las personas, los cuales han estado protegidos en el marco de normativas internacionales como  el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 que incluye el ODS-2 que plantea el objetivo de «Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible». El incremento del hambre y la malnutrición derivadas de la crisis por la pandemia es entonces un asunto ético en cuanto viola los derechos humanos y, por tanto, la dignidad humana.

Estudios recientes para América Latina plantean que, a causa de crisis estructurales, agravadas por la pandemia del último año, se dio un aumento de la inseguridad alimentaria en la región. La inseguridad alimentaria se entiende como la falta de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para tener un crecimiento y desarrollo normales. Esto se relaciona con la disponibilidad de alimentos y/o con la falta de recursos para obtenerlos.

Una aproximación a esta situación de hambre se identifica en los indicadores de la Encuesta Pulso Social del DANE de abril de 2021. En el indicador de «seguridad alimentaria» medido como el «porcentaje de hogares que consumen 3 comidas al día», los datos muestran que, a nivel nacional, el porcentaje de hogares que consumen tres comidas al día pasaron de 89.7% a 68.6% antes y después de la cuarentena respectivamente. El descenso fue muy alto en la Costa Caribe, pues en Santa Marta esos porcentajes pasaron de 97% a 68%, en Barranquilla de 86% a 38%, en Cartagena de 73% a 33% y en Sincelejo de 92% a 42%. En Bogotá, esos porcentajes pasaron de 85% a 63%, en Cali de 94% a 77% y en Medellín de 81% a 74.9%.

La situación pre-pandemia nos ha mostrado que han existido regiones y barrios con mayores niveles de hambre y desnutrición. El hambre tiene «color de piel», afectando sobre todo a poblaciones indígenas y afrodescendientes de algunas regiones. Y también que el hambre tiene género, estrato y edad, afectando sobre todo a mujeres cabeza de hogar, poblaciones de estratos bajos, y a niños, jóvenes y adultos mayores. Por otro lado, no hay que olvidar la deuda histórica que el país ha tenido con el campesinado, con regiones empobrecidas, frente a lo cual el Acuerdo de Paz buscaba reducir las brechas de desigualdad.

Los impactos de la pandemia sobre el hambre mostraron que a nivel urbano se dio de manera visible, ejemplificado en los denominados «trapos rojos», que fue una estrategia de la población en barrios con población vulnerable para solicitar ayuda alimentaria. También se ha presentado de manera oculta, entre poblaciones de clases medias y acomodadas, que por diversas razones son menos identificadas como demandantes de ayudas alimentarias. Poblaciones de diferentes estratos fueron afectadas por desempleo, ingresos precarios, y el alto costo de vida en las ciudades. Por su parte, en zonas rurales, los campesinos y trabajadores se han quejado en los años recientes de recibir ingresos precarios por sus productos, altos costos de los insumos para la producción, costos de transporte elevados, al igual que se han dado problemas para recoger las cosechas en el último año. También hay problemas para acceder a agua potable. El gobierno ha planteado que sus programas de transferencias monetarias se enfocaron especialmente en las poblaciones rurales en medio de la cuarentena, buscando evitar el aumento de la pobreza rural. Frente a esto, existe la preocupación de que dichos programas no conduzcan a una reducción duradera de la brecha rural/urbana.  

Al revisar reportes de varias instituciones nacionales e internacionales que operan en Colombia, los impactos de la pandemia de Covid-19 y las cuarentenas han agravado el hambre en algunos grupos vulnerables. Se resaltan los impactos en mujeres gestantes y lactantes, en trabajadores de economía informal y popular, desplazados internos, migrantes, retornados colombianos, mujeres cabeza de hogar, niños y jóvenes y adultos mayores.

Las relaciones entre el Paro y el hambre también se relacionan con los posibles impactos de los bloqueos en el desabastecimiento parcial que se ha dado en algunas ciudades, lo que ha llevado a algunos productores y consumidores a estar en desacuerdo con las movilizaciones. No obstante, hay que resaltar que muchos productores de alimentos, transportadores y otros actores de las cadenas alimentarias han estado de acuerdo con el paro nacional, aunque no necesariamente con los bloqueos por el impacto negativo en la comercialización de sus productos y en la consecución de los insumos necesarios para la producción.

Están por ser analizados los impactos de programas y políticas de asistencia alimentarias, incluidos los kits alimentarios, canastas alimentarias, bonos, etc., que se han diseñado desde el gobierno nacional, las ONGs y gobiernos locales. Consideramos que cualquier solución a esta crisis alimentaria debe plantearse desde una dimensión ética para el restablecimiento del derecho humano a la alimentación y otros derechos conexos y para la protección de la dignidad de las personas.