En medio de una fase restrictiva del ciclo global del capital, diferentes indicadores muestran cómo la economía colombiana en la segunda mitad del 2022 entró en un proceso estanflacionario. Muestran, además, que la política económica del gobierno Petro lo ha acentuado, complicando más la vida de los actores económicos, excepto a los acreedores internacionales a quienes les mantiene prebendas y sostiene como los encargados de cerrar la economía, y a los bancos, vinculados con los primeros y a cuyos propietarios les ofreció “muchísimas ganancias en el mañana” (Petro).

La estanflación es un fenómeno socioeconómico de crisis que combina aumento del desempleo con inflación alta y estancamiento. Durante la era Petro la han movido los vientos internacionales, el manejo ortodoxo de la economía con incertidumbre inducida, auge de negocios lumpen (cocaína, prostitución virtual y juego), crecimiento de las remesas (exportación de personas), volatilidad cambiaria pro inflacionaria, alto déficit de la cuenta corriente, alicaída tasa de ahorro nacional, libertad de capitales, elevación del costo del dinero y una política fiscal que a la población le transfiere más cargas que beneficios.

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A las reformas económicas anunciadas y radicadas, aunque podrían generar la ilusión del bienestar transitorio, rápidamente se las “comerá” la política económica ortodoxa que las integra. Esto fue lo que sucedió con el salario mínimo, que subió en enero y en febrero empezó a bajar en términos reales (Raddar), sosteniendo la caída de las cantidades en el consumo de la gente en un país donde, entre 2007 y 2021, mientras a la quinta parte de los empleados el ingreso laboral real se les expandió al resto se les mantuvo invariable o les bajó, con casos a resaltar como aquellos con nivel de escolaridad superior a 12 años (28% de los empleados), para quienes el ingreso laboral real cayó entre -19% y -36% (cálculos con base en estadísticas DNP).

En el segundo trimestre de 2022 (abril-junio), la generación de empleo alcanzó su segundo pico (2,1 millones promedio mes) después de 2020, momento a partir del cual viene retrocediendo la cantidad de empleos mensuales generados hasta caer, en febrero pasado, a la tercera parte de medio año atrás. Para las trece ciudades y áreas metropolitanas principales el volumen de creación de puestos de trabajo se redujo a una quinta parte (cálculos con base en datos DANE). A partir de junio de 2022, la velocidad con la que se genera empleo viene a la baja y el desempleo cambió hacia una tendencia que muy probablemente llevará al número de desempleados a subir durante el segundo trimestre de 2023.

Desde la perspectiva de las actividades económicas, en la industria manufacturera; la construcción; información y comunicaciones; las finanzas; las actividades técnicas, profesionales y científicas; y los servicios de educación, salud y administración pública, la demanda por empleo completa dos o tres meses consecutivos en el terreno negativo. Estas actividades representan el 40% del total del empleo.

Este cambio en la tendencia en el mercado laboral es reflejo de una economía con parte del andamiaje transitando por la vía del decrecimiento. En 2022, el PIB pasó de la pista de la desaceleración a la del estancamiento. En el primer trimestre, de cada cien pesos de PIB, 16,5 se creaban en actividades que decrecían o con tasas por debajo del cambio poblacional, el resto (83,5 pesos) contribuía a recuperar lo perdido en 2020. En el segundo trimestre, 4,8 pesos de PIB se dieron en actividades con variaciones negativas o por debajo de la ratio poblacional. La cosa mejoraba y se borraba el fantasma del movimiento en W, predicho por algunos al empezar la Depresión Pandémica. En el tercer trimestre, solo en actividades que aportaban 8,6 de cada cien pesos de riqueza generada en el territorio había comportamientos desfavorables.

En el segundo y el tercer trimestre más del 92% del PIB crecía arriba de la población. Sin embargo, en el cuarto trimestre, de cada cien pesos de PIB, 27,5 pesos se generaban en actividades productivas que decrecían, 6,8 en quehaceres con variación menor a la de la población, y 66 en frentes donde se crecía por encima de la población. Al cerrar el año, aunque seguía subiendo la economía, la tendencia ya no era la de los nueve primeros meses del año, sino el bajonazo, que en todo el 2023 será estancamiento, producto de un primer semestre de crecimiento mínimo y un segundo de caída, según proyecciones del Banco de la República, situación que en medio de precios altos amplificará los efectos de la carestía.

A partir de diciembre de 2021 la acumulación de inventarios como porcentaje del PIB ha crecido con un dinamismo similar al del peor momento de la Pandemia y al finalizar el 2022, además de superar al 2020 se aproximaba a los niveles de diciembre de 2008 (BBVA Research). Desde diciembre pasado la demanda por energía entró al terreno negativo y para enero el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) tuvo una fuerte desaceleración, aunque fue ayudado por “las actividades financieras y de seguros [que] jalonaron el crecimiento por un efecto base” (Anif).

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En la vivienda la oferta se restringe ‒con fuerzas que jalan los precios hacia arriba (los importes de la construcción y la indexación del salario mínimo) y hacia abajo (menor demanda expresada en los desistimientos de compra de vivienda)‒ por cuenta del aumento en costos de insumos y la financiación, que han “impulsado las renuncias dado la dificultad de llegar a puntos de equilibrio en los proyectos” (Bancolombia). Los más expuestos a dificultades son los pequeños constructores. Mientras las primeras 200 constructoras participan con el 84,5% de las ventas y el 43,1% de los inventarios en espera de ser vendidos, las empresas en la posición 201 en adelante, aportan el 15,6% de las ventas y el 56,9% de los inventarios (BBVA Research).

Aunque podría darse algún alivio en la financiación por efecto de menores tasas de los TES a diez años (¿lo anulará la reforma pensional?), se mantendrá la tendencia a ser un país con más arrendatarios que propietarios y el saldo de los créditos subirá más rápido que el número. En 2022, la cartera subió 2,5 veces más rápido que el número de créditos, donde los más afectados fueron los compradores de VIS y VIP, para quienes el saldo de la cartera aumentó tres veces más que el de la de la vivienda No VIS.

Uno de los elementos claves para determinar el estado estanflacionario se encuentra en que mientras la demanda cae o desacelera, la inflación sigue alta, hecho derivado, entre otras fuentes, de los altos costos operacionales de las empresas. En el caso de la actividad agropecuaria, una de las principales fuentes del alza en los precios en el último año ha sido la financiación, cuyo costo con líneas Finagro (subsidiadas) ha subido en más de 300%, variación superior a la de los fertilizantes y otros insumos (Fenavi). El costo del crédito comercial, desde 2021 hasta marzo de 2023 aumentó en 220%, dos veces más que el de los préstamos para consumo. Encarecimiento que desde la posesión de Petro ha subido 55% con el apoyo del ministro Ocampo, quien en las cinco ocasiones que ha asistido a las juntas directivas del Banco de la República donde se han tomado decisiones sobre la tasa de intervención, votó sí al aumento, en medio del proceso de ajuste monetario más fuerte del Siglo XXI.

Los bancos, actores al parecer en contradicción con el gobierno Petro, están recibiendo importantes beneficios. La baja de tasas en tarjetas de crédito ‒que solo cubre a una pequeña porción de los créditos, se hace después de la reducción de la tasa de captación y del aumento en los ingresos por intereses a lo largo del 2022 en 41%‒, se da a contraprestación de ampliar las posibilidades de demanda por préstamos en favor de la banca. El límite de la tasa de usura junto con la falta de garantías, al mundo de la informalidad, que es más de la tercera parte del PIB, lo ha hecho un mercado esquivo para los bancos, sin embargo, al gobierno subsidiar las tasas de interés, dar descuentos por cumplimiento en pagos y convertirse en el garante de ese mercado de deudas de bajo monto abre un negocio de colocación de préstamos que junto con la ampliación de servicios de plataformas digitales y de las fuentes de historial para acceder a tarjeta de crédito, le da al sistema financiero mayores medios para la emisión secundaria de dinero, ¡sin tocarle un pelo al margen de intermediación financiera!

La inflación no da tregua, aunque por efecto del menor Índice de Precios al Productor (IPP), afectado por la tasa de cambio y el precio de los importados, se ha suavizado en el frente de los alimentos. Desde julio pasado, el IPP inició el descenso por la reducción de los índices de precios globales de materias primas agrícolas, bienes industriales y energéticos, proceso que hubiera sido más acelerado para el país de no ser por la devaluación de agosto a octubre.

Sin embargo, la inflación básica (sin alimentos y energéticos) continúa subiendo, dejando en evidencia el carácter general de las presiones inflacionarias, las cuales la política económica de Petro mueve por medio de una volatilidad cambiaria que no permite la transferencia plena de los menores precios por tonelada importada (entre marzo de 2022 y enero de 2023, las importaciones en cantidades y valor en dólares bajaron -8,41% y -12,7%, respectivamente, pero en pesos aumentaron en 9,65%). Presiones que también movilizan a los arriendos (indexados al salario mínimo), al costo de la electricidad (que volvió a la fase alcista), al gas natural, la gasolina ‒donde el encarecimiento de la energía es fuente de pobreza energética‒ y los efectos de la traslación impositiva de las personas jurídicas a los consumidores generada por la reforma tributaria del segundo semestre de 2022, cuyos plenos efectos aún no se sienten.

Es parte del estilo Petro generar incertidumbre ‒cosa que hace en un momento donde la confianza está en el fondo del pozo‒ la cual se usa como vaselina que facilita la entrada de su continuismo económico, alabado por el FMI. Ahí está el ejemplo de la energía, donde a pesar de que la reducción de la producción de hidrocarburos podría “generar importantes riesgos para el crecimiento de la economía del país y la estabilidad fiscal y de balanza de pagos” (DNP), el Presidente y la ministra Irene Vélez plantean como un asunto de aplicación inmediata suprimir la búsqueda y sustracción de energéticos fósiles, sin la existencia a la vista de un grupo de actividades económicas que amplíen la base productiva y reemplacen lo que se perdería.

Si la tasa de ahorro nacional cae en picada desde hace una década ‒del 17% al 11,5% del PIB‒, ¿de dónde va a salir la plata? ¿de la inversión extranjera? ¿cuál inversión extranjera? Porque la “inserción de las firmas [extranjeras] no pertenecientes a minería y petróleo en el mercado internacional se da principalmente vía importaciones.” (BanRep, Borradores de Economía, 2023) Es decir, con más déficit comercial que replica en el estructural desbalance en la cuenta corriente, de ahí la negativa a renegociar los TLC y otros acuerdos de protección de inversiones, especialmente los vigentes con EE.UU. y la Unión Europea.

La apuesta de Petro es estabilizar el déficit externo y financiarlo con inversión extranjera. Por eso no da un giro, ni intenta hacerlo, al hecho de que Colombia sea un país pasivo en la organización económica global, en medio de un período donde el costo del déficit externo se encarece y eso siempre se paga (el costo histórico y el creciente) con trabajo de la población (en tiempos de crisis crece la productividad laboral, medida como PIB/Población ocupada) y transferencia de rentas del empresariado colombiano a acreedores internacionales. He ahí el quid de por qué la plata no alcanza.

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