Gobierno congela 20 billones del presupuesto nacional: podrían venir nuevos recortes este año
Este lunes festivo, el consejo de ministros del Gobierno del presidente Petro acordó congelar 20 billones de pesos del presupuesto nacional. Cada ministerio y departamento administrativo deberá recortar el 5,6% de su presupuesto.
Aunque el Ministerio de Hacienda inició la decisión sobre los recortes, cada cartera decidirá dónde reducir sus gastos. Los ministros tienen un ultimátum de 48 horas para implementar estos recortes en el presupuetso nacional.
¿Cuáles son los problemas del Gobierno con el presupuesto nacional?
En la programación fiscal del gobierno había proyecciones de recaudo que han debido incluirse por su nivel de incertidumbre, como el recaudo de 10 billones de pesos por arbitraje de litigios, el cual, según Luis Carlos Reyes, se cayó porque el Congreso no tramitó la ley que facilitaba tal arbitraje.
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El gobierno también se empeñó en gastos no presupuestados como el pago a las electrificadoras de la Costa Caribe para impedir un mayor impuesto a los consumidores o dejó de calcular los costos de la reforma a la salud y a las pensiones.
El pasado viernes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó los principales problemas presupuestales del gobierno, en la 58a Convención Bancaria de Asobancaria.
El recaudo entre enero y mayo de 2024 cayó un 6,5% frente al mismo periodo de 2023. Mientras que en enero y mayo de 2022 se recaudaron $11,5 y en el mismo periodo de 2023 se recaudaron $22 billones, por impuesto de renta, en 2024 solo entraron 13,6 billones, según el ministro de Hacienda
Este año toca devolver parte de lo recaudado porque las empresas terminaron con saldo a favor. A eso se suma el tema de la no deducibilidad de las regalías, por la cual se esperaba recibir unos $6 billones, y que la Corte Constitucional tumbó.
Otro factor que está afectando las cuentas del Estado está en los precios de los combustibles, pues su congelamiento por efecto de la pandemia y la obstinación por mantener los precios de los combustibles a niveles internacionales crearon un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC). Desde hace más de 4 años no se toca el precio del Diesel.
En la práctica, esta es una deuda entre el gobierno y Ecopetrol. De acuerdo con el ministro Bonilla, en 2022 el déficit era de $37 billones: $11 billones se pagaron en 2022 y $26 billones se pagaron en 2023. Esto lo estamos pagando todos los colombianos mediante el ajuste de precios de la gasolina de los últimos años y de los que vienen en el precio del diésel, que empezarán en los próximos 15 días. La contracción de la actividad económica ha contribuido mucho a la disminución del recaudo.
Otro aspecto es la opción tarifaria, medida que se tomó en pandemia para contener el crecimiento de las tarifas de energía, pero que las comercializadoras ya están cobrando a los usuarios, especialmente en la Costa Caribe. La deuda total es de $4,7 billones, de los cuales el gobierno asumirá $2,7 billones, correspondientes a la deuda de los estratos 1, 2 y 3, explicó el ministro de Hacienda.
El gobierno entiende que no se va a cumplir la meta de este año, por lo que parte del presupuesto nacional va a quedar desfinanciado y entonces tocaría recortar gastos. Según el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el déficit puede llegar a los $45 billones. Por su parte, un informe del Banco de Bogotá estima que el faltante podría ascender a COP $60 billones.
Esto podría significar que sería necesario hacer nuevos recortes presupuestales a lo largo de este año, si no aumenta el recaudo.
Esto tiene dos momentos: Primero, pedirle a las entidades del Estado que digan cuánto pueden aportar en ese recorte. Segundo, negociar de dónde se van a sacar esos $20 billones.
Plan de reactivación económica
La responsabilidad no solo es del modelo de desindustrialización y de las nuevas deudas adquiridas; también tiene parte en esta situación el gobierno actual, el cual no ha avanzado en la reactivación de las fuentes de generación de riqueza del país.
Ha habido una constante incertidumbre que frena el crecimiento de la inversión con señales contradictorias. En medio de los problemas con el presupuesto nacional, los anuncios de una nueva reforma tributaria, de ajustes en los precios de los combustibles, de renuncia a la explotación de petróleo y carbón y los nulos avances en la revisión de los Tratados de Libre Comercio han creado un ambiente de desconfianza entre los inversionistas.
También ha habido demoras en la adopción de medidas que impacten en el corto plazo las condiciones económicas como las solicitudes de apoyo a la micro, pequeña y mediana industria hechas por ACOPI y de protección hechas por Proindustria.
