Después de las pruebas que se han revelado sobre la integración no declarada entre las aerolíneas Avianca y Viva, y la participación de la primera de ellas en la suspensión de las operaciones de Viva que causó un caos en el transporte aéreo nacional e internacional en el país, con los consiguientes perjuicios causados a sus miles de usuarios, participación soterrada y oscura que ya se había denunciado en esta columna, la opinión pública se pregunta ¿qué pasará ahora con este proyecto fallido de integración? 

¿Cuál será la decisión que adopte la autoridad aeronáutica? ¿Cuál es la posición del gobierno central sobre el chantaje que tanto Avianca como Viva pretendieron hacerle para crear una crisis generalizada en la prestación de un servicio público esencial, como es el transporte aéreo?

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Hasta el momento, se adelantan tres investigaciones a cargo de las Superintendencias competentes para la vigilancia y el control de las aerolíneas y las sociedades comerciales en el país.

Por una parte, la Superintendencia de Transporte ya adoptó la decisión de someter a control a la aerolínea Viva, por presentar una situación crítica de orden económico y administrativo que afecta la prestación del servicio público de transporte aéreo y a los usuarios de dicho servicio.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, máxima autoridad de competencia en el país, adelanta una investigación sobre la integración no declarada de las dos aerolíneas que indudablemente afecta la competencia en el mercado aéreo. 

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades que tendrá que investigar en qué consistió la adquisición de la mayor parte del paquete accionario de Viva con parte del holding que controla a Avianca, y que sus ejecutivos han pretendido justificar con el argumento que solo adquirieron  los derechos económicos, una ficción que por supuesto nadie cree y que ojalá la Superintendencia de Sociedades tampoco acepte.

Ante las pruebas contundentes sobre una integración no declarada de Avianca y Viva y el chantaje que se pretendió realizar con la suspensión de operaciones de esta última, la AEROCIVIL, si toma una decisión en derecho, no podría aceptar la solicitud de integración. Eso sería un golpe muy duro para la credibilidad del gobierno y una cachetada para los miles de usuarios de Viva que se han visto afectados.

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Lo que procede, repito, si se toma una decisión en derecho, es negar la integración, tal como lo había hecho la autoridad aeronáutica en noviembre del año anterior, bajo la dirección del entonces director, Capitán Francisco Ospina, y así corregir el error monumental del actual director, mal aconsejado por sus asesores, de declarar nulo el trámite administrativo, torciéndole el pescuezo a las normas sobre competencia, como claramente se explicó en una columna anterior.

Simultáneamente, como consecuencia de la toma de posesión de Viva por parte de la Superintendencia de Transporte, se debería decretar la disolución y liquidación de la aerolínea e indemnizar con sus activos a sus trabajadores y a los usuarios afectados con la cancelación de sus vuelos. Asimismo, y como resultado de las investigaciones que adelantan las Superintendencias de Industria y Comercio y de Sociedades, imponerle multas millonarias a Avianca y utilizar esos recursos para indemnizar a los usuarios, mediante un decreto especial que expida el Gobierno.

Todas estas acciones por parte del Estado colombiano crearían un precedente muy importante, para que una empresa como Avianca, históricamente protegida por todos los gobiernos anteriores, que ya no es una empresa colombiana sino extranjera, no volviera a anteponer sus intereses empresariales y monopolísticos sobre los derechos de los colombianos a acceder a un servicio público esencial como es el transporte aéreo.

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