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jueves, 23 de mayo de 2024
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Elección del rector de la Universidad Nacional fue legal: Procuraduría

La Procuraduría General concluyó que la contratación del rector de la Universidad Nacional de Colombia se realizó bajo el “procedimiento establecido”. Le contamos en qué va la controversia.

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La Procuraduría General de la Nación anunció hace unas horas que la elección y contratación del rector de la Universidad Nacional no presentó ninguna irregularidad.

Este anuncio llega luego de semanas de controversia por la contratación de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional y luego de que la Procuraduría abriera una investigación para corroborar que el procedimiento se realizara de manera legítima.


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Es así que la Procuraduría concluyó después de la investigación realizada que la contratación de Peña se dio tras un “procedimiento establecido”, de modo que no hubo irregularidades de ningún tipo en su nombramiento.

En el comunicado oficial emitido horas atrás consta “La Procuraduría que al ser confrontada la decisión con las normas vigentes, el Consejo Superior, en el marco de la autonomía universitaria, siguió el procedimiento establecido para la designación de José Ismael Peña Reyes como nuevo rector de la Universidad Nacional”.

La Procuraduría General de la Nación compartió a través de sus redes sociales el resultado de la investigación que presuntamente comprobaría que el nombramiento de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional es legítimo, ya que se realizó en conformidad de los procesos internos que establece la institución educativa.

La noticia ha despertado toda suerte de reacciones de académicos y de la comunidad tanto en contra como a favor de la conclusión de la Procuraduría.


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La controversia del rector de la Universidad Nacional

La noticia de hoy llegó para calmar la controversia que ocasionó la posesión de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional en las últimas semanas. Esta contratación despertó todo tipo de opiniones y reacciones en la comunidad universitaria.

Algunas de las voces que expresaron su oposición ante la contratación de Peña incluyen las de prestigiosos profesores de varias facultades. Rodrigo Uprimny Yepes y Daniel García Peña expresaron abiertamente su preocupación y enojo por la denominada crisis de gobernabilidad universitaria.

Los profesores que se oponen a la contratación afirman que se dio en un contexto de incumplimiento al procedimiento regular, lo que dio lugar a la intervención de la Procuraduría y a la ahora publicada conclusión.

Estos docentes rechazaron también la justificación de Peña sobre posibles sanciones si no se posesionaba, argumentando que la universidad no quedaría acéfala sin su posesión. Llamaron a transformar colectivamente el gobierno universitario para preservar la autonomía y democracia académica como bienes colectivos.

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Profesores demandan la anulación del nombramiento

El conflicto que ha desatado la designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional continúa escalando. Esta vez, y luego de que la Procuraduría diera a conocer que el nombramiento fue, según la investigación, completamente legítimo, Leopoldo Múnera, Alberto Yepes y Rodrigo Uprimny (profesores de la institución) presentaron una demanda para anular su nombramiento.

Esta acción legal fue elevada ante la sección quinta del Consejo de Estado, lo que demuestra que la controversia en torno a este nombramiento continúa. Ahora, el asunto ha captado la atención de la comunidad universitaria y del sector educativo en general.


La demanda argumenta que el proceso de designación de Peña fue ilegal e ilegítimo, alegando que no se consideró la mayoría de votos que Múnera obtuvo de estudiantes, profesores y egresados. Los profesores expresan descontento con el método de votación utilizado, llamado Borda o voto ponderado, y critican encuentros previos no divulgados entre miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) antes de la votación, sugiriendo falta de transparencia y posibles manipulaciones en el proceso electoral.

Esta disputa legal plantea expectativas sobre futuras decisiones del Consejo de Estado y la Universidad Nacional en respuesta a estas controversias administrativas y legales.