Reforma a la salud deja a las EPS en un “limbo jurídico”, dice experta

En la tarde del pasado 13 de febrero, y luego de meses de expectativa frente al texto concreto de la propuesta de reforma a la Salud, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, radicaron en el Congreso de la República el proyecto de ley que será sometido a discusión y votación.

Sobre este tema hablamos con la profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Claudia Vaca González, perteneciente al centro de pensamiento Medicamentos, Información y Poder. Vaca González dio sus primeros puntos de vista sobre el texto de la reforma, y precisó que aún se necesita una nueva lectura, con la que se pueda entrar en más detalles para un posterior análisis.

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Por un lado, la profesora se mostró optimista con el vuelco que tendría el sistema de salud hacia la atención primaria. “La apuesta por la atención primaria es un acuerdo que hay de extremo a extremo del país y de las posturas políticas. Es tal vez la apuesta más importante que se hace y casi todo el contenido se vuelca a eso”, afirmó.

De acuerdo con la académica, la atención primaria, que se explica en el documento, se refiere a garantizar que todos los procedimientos de salud estén organizados en torno a los centros de atención primaria, lo que permitiría que el servicio esté presente en los diversos territorios del país. 

Otro punto que constituye un acierto para la experta es la propuesta de formalización laboral con la que se busca hacer frente al desmejoramiento de las condiciones laborales e incluso la precariedad que vienen padeciendo los trabajadores de la salud. Si bien es un asunto gravísimo que se está presentando desde hace décadas, se hizo particularmente visible con la pandemia, por lo que una parte importante del personal de la salud ve este aspecto de la propuesta con expectativa y se muestra a favor. 

Por el otro lado, Vaca manifestó sus inquietudes en lo correspondiente a la financiación del modelo, la gobernabilidad, la capacidad para atender tratamientos de complejidad media y alta, y señaló que hay expectativa alrededor de la existencia de las EPS y la transición hacia el nuevo modelo. 

Tratamientos de complejidad media y alta

Al centrarse en la atención primaria, no está claro qué tanta capacidad tendrá el nuevo modelo para atender los requerimientos más complejos de la población en materia de salud. 

De acuerdo con la académica, el texto de la reforma no es claro en señalar cómo será la atención especializada ni cómo se organizarán las remisiones a los especialistas o a los hospitales que atiendan procedimientos de mayor complejidad, para garantizar una atención pronta y efectiva. 

Al respecto, la profesora señala que el texto no explica con claridad cómo va a ser la gestión del alto costo y de la alta complejidad. Tampoco se conoce cómo se enfrentará la presión tecnológica de los nuevos medicamentos que se caracterizan por ser de altísimo costo.

De acuerdo con Claudia Vaca, en el capítulo “Política de medicamentos” no se hace “una apuesta fuerte por resolver tal vez uno de los problemas más graves que tiene hoy el sistema salud colombiano —el de los medicamentos ‘ultra caros’— y que también enfrentan otros sistemas en el mundo”.

El limbo de las EPS

La profesora Vaca señala que el proyecto de ley no contempla eliminar las EPS, pero que “en la nueva propuesta eliminan a las EPS como la columna vertebral, tanto en el manejo de los recursos como en la gestión de la salud de las poblaciones y del riesgo”. 

En cuanto a la participación de las EPS, Vaca explicó que, si bien el texto habla de una transición que conduciría en el futuro al fin de las EPS y evitaría la constitución de otras nuevas, no se hace explícito el derogamiento de los contenidos de las leyes 100 y 1122. Al ser estas las leyes que establecen el modelo de aseguramiento en la salud y la existencia de las EPS, lo que pueda suceder con estas queda en un cierto “limbo jurídico”, señaló la profesora.

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Por lo tanto, no hay certeza sobre cómo se realizaría esa transición ni tampoco se explica la asignación de las funciones: “se dice que van a afiliar a la población, coordinar las redes de atención, establecer la coordinación de las atenciones que se requieran en la red de servicios que se definan y además van a arrancar con la disponibilidad de los centros de atención territoriales, dependiendo de la infraestructura que ellas tienen”.

Queda la duda, entonces, de la capacidad que pueda tener la nueva ley de concretar el nuevo modelo de salud sin derogar previamente el ordenamiento jurídico que le da sustento al que existe actualmente, continúa la académica. 

Administración del nuevo modelo

En cuanto a la administración de los recursos, la propuesta no contempla cuánto dinero adicional se requeriría para que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se pueda encargar de las actividades que hoy se encuentran en manos de las EPS, como los pagos complejos. 

Tampoco contempla los costos que deberá asumir la ADRES para desarrollar las capacidades territoriales que se requieren para reemplazar las labores que realizan las EPS actualmente. Incertidumbres como estas pueden ser determinantes tanto para la legitimidad del gobierno como para la atención en salud, explica la experta. 

Tampoco hay claridad sobre la administración de la salud y en especial sobre la articulación entre las redes de atención y los hospitales. 

Al respecto, la académica señala que “nosotros no tenemos suficientes hospitales en ciertas regiones. Hoy las remisiones se hacen territorialmente a la cabecera municipal, al departamento más cercano o al hospital más cercano, pero es clara la línea de las autorizaciones o de las remisiones. 

Con la propuesta cambia un poco; pues todo se centra en los centros de atención primaria y pareciera que se le traslada a las Secretarías de Salud”, explica Vaca González, quien advierte que la falta de claridad podría generar confusión, incluso en el personal administrativo de la salud, y poner en riesgo la vida de mucha gente. 

Medicina prepagada y seguros privados

La académica explica que el texto de la reforma dice explícitamente que no cambia el régimen de las prepagadas ni de los seguros privados, y que tampoco toca los regímenes especiales o los de excepción como los de los maestros, las Fuerzas Armadas, Ecopetrol y el Banco de la República.

“Las personas con altos ingresos ya se están trasladando a la medicina prepagada y a los seguros privados, que son servicios más costosos pero que les dan mucha más certeza”. Con lo anterior, se puede entender que “la promesa de reducir las inequidades posiblemente en el papel está concentrada en los territorios más olvidados, pero las inequidades de los privilegiados siguen sin tocarse”. 

En caso de que no se logre una transición adecuada entre el modelo de salud actual y el que se crearía o de que la incertidumbre se mantenga, negocios de salud como los de la medicina prepagada y las aseguradoras privadas se podrían fortalecer, indica la experta. 

Además, las EPS que tienen el conocimiento y la experiencia en el funcionamiento de estos servicios se podrían convertir en seguros privados, de manera que las personas con capacidad de pago se podrían trasladar hacia estos servicios.

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