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Así se está rompiendo la mesa de concertación antes de empezar negociación del Salario mínimo 2026

Las centrales obreras y los gremios empresariales llegan con posturas alejadas a la mesa de concertación del salario mínimo 2026. Las cifras muestran que el acuerdo es improbable y que la decisión podría terminar en manos del presidente Gustavo Petro.

Salario mínimo 2026. Composición fotográfica que combina imágenes de tres personas en escenarios institucionales diferentes, incluyendo un podio con bandera nacional.

A pocos días de iniciar formalmente la negociación del salario mínimo 2026, las distancias entre trabajadores y empresarios revelan un escenario complejo. Las centrales obreras anticipan un aumento de “dos dígitos” y superior al 11%, mientras que los gremios plantean un ajuste máximo del 7%

La brecha entre ambas propuestas equivale a más de $1.500.000 mensuales, suficiente para aumentar significativamente los costos laborales y fiscales del país.

Salario mínimo 2026 ¿habrá negociación?

El salario mínimo actual (2025) es de $1.423.500 sin auxilio de transporte, y su incremento afecta: 

  • costos laborales,
  • precios de bienes y servicios,
  • pensiones,
  • presupuesto público.

Los gremios advierten que un aumento alto presionaría la informalidad y el costo pensional, mientras que los trabajadores señalan que el salario aún tiene un rezago de más del 47% frente al salario vital estimado por la OIT.

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¿Qué propone cada sector para 2026? Cifras y posturas

La propuesta empresarial: máximo 7%

Según La República, empresarios y centros de análisis económico como Fedesarrollo y Anif respaldan un aumento de 6% a 7,3%.

Eso dejaría el salario mínimo 2026 en un rango entre:

  • $1.506.486 (si el alza es 5,91%)
  • $1.523.145 (si el alza es 7%)
  • $1.527.415 (si se aplica 7,3% de Anif)

Para los empresarios, un aumento mayor tendría tres riesgos:

  1. Aumento de la informalidad, que todavía supera el 54% en el país.
  2. Impacto en la contratación, especialmente para MiPymes, que representan más del 90% de las empresas.
  3. Presión fiscal sobre el sistema pensional, donde un aumento del 11% elevaría el costo en al menos un 8%, según estimaciones de los gremios.

Además, un incremento elevado podría estimular renegociaciones salariales privadas que superen la capacidad productiva de empresas medianas y pequeñas.

La propuesta de los trabajadores: alza superior al 11%

Las centrales obreras (CUT, CGT, CTC y confederaciones de pensionados) anunciaron que pedirán un incremento superior al 11%, en línea con lo dicho por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Un aumento del 11% llevaría el salario a:

  • $1.580.085

Y si la propuesta se acerca al salario vital estimado por la OIT, el ajuste debería duplicar el salario mínimo, hasta los $3.000.000.

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La brecha: ¿cuánto dinero separa a empresarios y trabajadores?

Si comparamos los extremos de las propuestas:

  • Empresarios (7%): $1.523.145
  • Gobierno (11%): $1.580.085
  • Centrales Obreras: $3.000.000

Diferencia entre propuesta de empresarios y gobierno: $56.940 mensuales por trabajador.

Pero si se contrasta el punto más alto (propuesta de sindicatos) con la más baja del consenso técnico (5,91%), la distancia llega a:

  • $3.000.000 – $1.506.486 = $1.493.514

Es decir, casi $18.000.000 adicionales al año por cada trabajador, antes de prestaciones y cargas parafiscales.

¿Habrá acuerdo? Todo apunta a un cierre sin concertación

Las declaraciones del presidente de la CUT, Fabio Arias, anticipan el tono del debate: “No existe posibilidad de acuerdo […] los gremios están en oposición radical al Gobierno”.

Del otro lado, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, llamó a un “acuerdo responsable”, advirtiendo del impacto fiscal de un incremento grande.

El calendario juega en contra:

  • La negociación formal va del 1 al 15 de diciembre,
  • Si no hay acuerdo, el Gobierno puede extender debates hasta el 29 de diciembre,
  • Si persiste la distancia, el presidente Petro deberá fijar el aumento por decreto antes del 30 de diciembre.

Por ahora, todo indica que ese será el desenlace.

Los resultados más recientes del DANE muestran que, aunque el desempleo cayó, la informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos del mercado laboral. En septiembre de 2025, la proporción de ocupados informales se ubicó en 54,5%, un nivel apenas inferior al registrado un año antes (55,5%), lo que confirma que más de la mitad de los trabajadores del país siguen sin acceso estable a seguridad social ni protección laboral. 

Esta cifra coincide con el aumento de trabajadores por cuenta propia (que aportaron 651 mil de los nuevos ocupados del último año), lo cual sugiere que buena parte de la mejora en empleo proviene de actividades de subsistencia más que de puestos formales. En este contexto, cualquier aumento del salario mínimo impacta de forma desigual: beneficia directamente a los asalariados formales, pero deja por fuera a millones de trabajadores que siguen atrapados en la informalidad. 

La discusión del salario mínimo vuelve a mostrar una fractura entre trabajadores y empresarios. Las propuestas están lejos, las cifras tienen implicaciones fiscales y macroeconómicas significativas y el contexto inflacionario agrega presión. Todo apunta a que 2026 será otro año sin concertación y que la decisión final quedará en manos del presidente Petro.

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