La semana anterior terminó la COP 27. Este es un mecanismo de partes que busca dos propósitos: la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Para el primero, se mantuvo el punto de no retorno si se aumenta en 1,5 grados centígrados la temperatura del planeta. Además, se pusieron de manifiesto necesidades frente a la eficiencia y la transición energética, fomentar uso de transporte público y reducir la huella de carbono, entre otros, sin mayor compromiso adicional por parte de esta cumbre.

Frente a la adaptación del cambio climático se definieron medidas enfocadas a la construcción de infraestructura para control de inundaciones, uso racional del recurso hídrico, protección del bosque amazónico y lucha contra el hambre en África. En este último aspecto, la COP 27 hizo un avance histórico: se aceptó la tesis de “Pérdidas y Daños”, la cual establece que los países que mayor cambio climático han generado deben asumir compromisos económicos hacia los países más vulnerables en términos de consecuencias climáticas. Se impuso así la premisa global de que “el que contamina, paga”.

Tal como se dijo en una columna anterior, para la mitigación al cambio climático las coyunturas globales actuales (guerra en Ucrania, inflación, fortalecimiento del dólar, etc.) iban a regir las decisiones de los países desarrollados en esta materia. La declaración final de la COP 27 no es más que un refrito de la COP 26. No hubo un mayor avance en compromisos para disminuir los GEI (Gases de Efecto Invernadero), más allá de los establecidos en Glasgow. En el sentir de varios líderes y expertos de opinión, primó más la lógica financiera que la narrativa ambiental planetaria.

Con respecto a la adaptación al cambio climático, se logró la creación de un fondo financiero que permita a países vulnerables obtener recursos para afrontar las secuelas generadas por los países desarrollados, en el entendido, claro, de que ningún país vulnerable en vía de desarrollo produce niveles relevantes de GEI.

Con este resultado, Colombia definitivamente queda en un escenario inconveniente. Por un lado, sus posiciones en los discursos y los diferentes aportes en mesas de trabajo ilustraron a la comunidad internacional una virtud proambientalista frente a la necesidad de migrar a una transición energética justa, para el caso nacional, según las luces del ejecutivo, inmediata (único país en desarrollo y productor de petróleo que tuvo esta posición pública).

Por otro lado, los focos frente a la lucha por la Amazonía se los llevó el nuevo presidente de Brasil, quién, con su propuesta de hacer la COP 30 en la Amazonía brasilera y el contexto adjunto, minó el resultado del discurso nacional y su propuesta de un fondo amazónico, que promovió con un alto nivel de inversión del presupuesto nacional anual y recibió migajas de algunos países europeos.

Adicionalmente, al crearse el fondo de Pérdidas y Daños para países “vulnerables” en desarrollo, a Colombia le va a quedar complicado incluirse en esta ayuda multilateral. Esto se debe a su crecimiento económico de los últimos años, su vinculación a la OCDE y su posición financiera en materia de sostenimiento fiscal sin apalancamiento futuro de la renta petrolera, lo cual pone de presente a la comunidad internacional como si ya se tuviese definida la compensación de ese ingreso, ilustrando una fortaleza financiera inexistente y una obvia falta de vulnerabilidad, característica requerida para optar por los recursos del fondo recién creado en la COP 27 y cuyos aportantes serán definidos el próximo año.

Así las cosas, volviendo a la política nacional, donde la ministra de Minas y Energía manifiesta garantizar la seguridad energética del país con base en cuatro ejes basados en los actuales contratos de exploración firmados; estaremos como país a la vanguardia del activismo ambiental en los escenarios internacionales y fortaleciendo los riesgos fiscales del mediano plazo sobre las finanzas públicas locales.

Es importante recordar al Ministerio de Minas que tras las últimas rondas petroleras en el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa) de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), quedó en firme la adjudicación de 30 nuevas áreas de las 53 contempladas en la Ronda Colombia 2021. Estas buscaban atraer a los grandes jugadores de este sector y en realidad lograron, en su gran mayoría, compañías petroleras ya existentes en el país o sustentadas en mesas financieras de negocios (es decir, compañías con tradición financiera y no compañías con tradición petrolera).

Si a lo anterior se suma la incertidumbre que conlleva la exploración petrolera, donde además de analizar la información técnica suministrada por la ANH, las actividades de prospección indirecta y directa del área de interés, la determinación del primer pozo exploratorio, la inversión de riesgo para este primer pozo que a la postre va a definir si existe o no petróleo en el subsuelo del área otorgada en la ronda al operador privado, así como la tasa de éxito en la exploración que para 2021 fue de 38% (ver enlace aquí); implica que de cada 100 pozos exploratorios solo 38 se utilizan para producir hidrocarburos.

Con base en lo anterior, desde esta tribuna seguimos coincidiendo con aquellas voces que exigen responsabilidad fiscal del gobierno nacional en materia del sostenimiento de la renta petrolera en el mediano y largo plazo, tomando en cuenta que existen proyecciones creíbles de demanda de hidrocarburos en el futuro (ver enlace aquí):

La transición energética justa pasa por la serenidad en la toma de decisiones que permitan garantizar los recursos suficientes para proveer las agendas sociales, políticas y, por supuesto, ambientales. Sin una fuente cierta de recursos económicos, los cuales no van a llegar por cuenta de la solidaridad internacional, la transición que está sobre la mesa tiene probabilidades con poca vocación de éxito.