Tras once años de estar en vigencia el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos, 
y con 17 tratados vigentes de este tipo, es pertinente hacer un balance sobre los resultados 
de estos acuerdos en materia ambiental.

Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, Amazonas

Una historia que ilustra cómo le ha ido al medio ambiente del país con esos acuerdos es el parque Yaigojé-Apaporis, ubicado en una de las zonas más profundas de la selva amazónica, en las cercanías de uno de los ríos más exuberantes, apartados e inhóspitos del pulmón del mundo, el río Apaporis.

En pleno corazón de la selva, el gobierno colombiano concedió títulos para la explotación de minería. ¡En el Amazonas! Sucedió dos días después de haber declarado la zona como área protegida. 

Inesperadamente, una comunidad indígena demandó la declaratoria de reserva natural alegando que no fueron parte de la Consulta Previa. El caso llegó a la Corte Constitucional, cuyos magistrados decidieron ir a la selva para entender lo que pasaba. 

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Al comenzar la diligencia, el líder de la comunidad demandante pidió la palabra y confesó que su estrategia jurídica para tumbar la reserva natural había sido diseñada, promovida y pagada por la estadounidense Cosigo Resources, dueña de los títulos mineros (ver enlace).

Ante semejante revelación, la Corte decidió que era constitucional la declaración de la zona como área protegida, lo que enfureció a la trasnacional que, sin reparar en sus conductas corruptas y de mala fe, decidió demandar al Estado colombiano por 16.500 millones de dólares por afectar sus expectativas de ganancia. Tras de ladrones, bufones. 

Arroyos, páramos y bosques en la mira de las trasnacionales

Historias similares a la del Amazonas suceden en la Guajira con el Cerrejón, propiedad de la multinacional suiza Glencore, que amenaza el arroyo Bruno, Cañaverales y otras fuentes de agua de los wuayúu (ver enlace). 

También en Santurbán con la canadiense Eco Oro, a quien no le importa el páramo ni el agua, sino sus propias utilidades. Amparadas en los TLC, ambas compañías han demandado al Estado colombiano por tomar medidas en defensa de estos ecosistemas. 

Pero no son casos aislados. El grueso de toda la inversión que ha llegado al país por los TLC se concentra en el sector minero-energético a gran escala. 

Esta Megaminería depreda nuestra riqueza sin asumir los graves impactos socio-ambientales, lo que explica que Colombia sea el sexto país con más conflictos ambientales del mundo según la organización Environmental justice atlas (2023) (ver enlace).

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¿Dónde está la raíz del mal?

En los TLC, que imponen la lógica de proteger a toda costa a los inversionistas y conciben el medio ambiente como una mercancía más y a las normas de protección ambiental como barreras al comercio. Y si un país en ejercicio de su soberanía decide expedir medidas para salvaguardar el medio ambiente y la biodiversidad se expone a multimillonarias demandas, que requieren contratar a otras trasnacionales de servicios jurídicos para que lleven el caso, el cual se resuelve en tribunales internacionales, mayoritariamente a favor de los inversionistas. Negocio redondo.

La potencia mundial de la vida de la que habla el presidente Petro solo se quedará en anuncios si seguimos bajo el imperio de estos tratados. Y más urgente, la lucha contra el cambio climático implica renegociar los TLC, como prometió Petro en campaña, otra de las muchas promesas que hasta el momento ha incumplido.

Para defender nuestros bosques, ríos y páramos, para proteger el agua y salvaguardar nuestra biodiversidad necesitamos soberanía ambiental: que las decisiones se tomen pensando en el interés de la nación y no en las cuentas bancarias de los especuladores del sector financiero y sus trasnacionales.

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