América Latina no es un tigre, es un cangrejo

Guillermo Maya
Economista, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
Aunque el PIB de las economías de América Latina (AL) en “las décadas de 1950 a 1970, crecieron un promedio de 5,8% anual durante esos treinta años”, según Sanchez-Masi, con la política de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), esta política comienza a ser reemplazada a partir de 1980 por el modelo económico aperturista del Consenso de Washington (CW), que ya sobrepasa las cuatro décadas, con resultados muy decepcionantes.
El economista Joseph Love (2005), por su parte, en su trabajo The Rise and Decline of Economic Structuralism in Latin America señala cinco factores que llevaron al reemplazo del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). Primero, las propias dudas de la CEPAL sobre la protección arancelaria. Segundo, el mundo estaba cambiando muy rápido. Uno de los cambios fue el sorprendente desempeño de los países del Este Asiático, que muchos interpretaron como determinado por las exportaciones de manufacturas, sin ponerse a analizar sus cambios internos; es decir, ¿qué pasó para que los países asiáticos se convirtieran en países exportadores de bienes manufacturados? las exportaciones no es una explicación monocausal suficiente para entender el desarrollo de esos países.
Tercero, la economía del desarrollo sufrió un retroceso a los años 70, en cuanto a la formación de los economistas, en las universidades que forman la elite tecnocrática de AL. Los economistas chilenos que hicieron la tarea pinochetista se graduaron en la U. de Chicago, al igual que mexicanos, colombianos, etc. Cuarto, las organizaciones multilaterales, tanto el FMI como el BM, cambiaron de rumbo y de políticas, y empezaron, a mediado de los años 70, a privilegiar la acción privada sobre la intervención del estado en la economía, y por lo tanto el mercado se convirtió en la guía de sus políticas.
Por último, y en quinto lugar, el hecho más sobresaliente fue la disolución de la URSS en diciembre de 1991-1989, que fue explicado por el consenso de las elites como el Fin de la Historia (1992, Francis Fukuyama) y por lo tanto como el triunfo de los valores liberales y del mercado sobre la planificación y el socialismo. Por lo tanto, las elites dominantes de los países centrales se sintieron libres para hacer a su antojo un gran experimento de campo con la liberalización de los mercados como eje de la política económica para recomponer su rentabilidad y el orden económico mundial favorable a sus intereses.
Por otro lado, las elites subalternas de los países periféricos que habían caído en la trampa del endeudamiento barato, que conduciría a las economías latinoamericanas a la crisis del deuda de los años 80 y a la implantación de los programas de ajuste estructural del FMI, simplemente se acomodaron eufóricos al nuevo evangelio globalizador y a las nuevas oportunidades de negocios.
En consecuencia, debido a las fallas reales o supuestas del modelo ISI y a las circunstancias históricas, emergió el llamado Consenso de Washington, como la racionalización de las políticas neoliberales que se impondrían a partir de los años 80 en Latinoamérica, revertiendo las políticas de intervención estatal y en general todas las políticas que sustentaban la ISI. Según Love, “el mismo término ‘Consenso de Washington’, (…) indicaba la autoría oficial de los Estados Unidos y el tono de ‘órdenes de marcha’ del documento (…)”. La ventana de oportunidad había pasado, como diría la profesora Alice Amsden, y había llegado la globalización corporativa, de las manos del gobierno de los EEUU, a dictar y a implementar las reglas de juego económico a su favor.
En este sentido, en los últimos 40 años, la política económica determinada por el llamado Consenso de Washington es resumida por el economista británico John Williamson, en un decálogo de recomendaciones de política macroeconómica que se deprende de dos pilares fundamentales “mercados libres, y moneda sana”, y que son “la clave del desarrollo económico: Liberalizar el comercio, privatizar las empresas estatales, equilibrar el presupuesto y fijar el tipo de cambio” (Paul Krugman, 1995, Dutch tulips and emerging markets).
El CW ha impulsado las políticas de libertad de comercio (eliminación de los aranceles y subsidios como política industrial) y de capitales (eliminación a las restricciones de la cuenta de capitales) a través de las reformas comerciales y financieras que han sido implementadas por los tratados de comercio multilaterales (OMC), unilaterales, bilaterales o bajo diversos agrupamientos comerciales.
La renuncia a la soberanía nacional, en nombre del cosmopolitismo globalizador, es la expresión de los intereses nacionales de los países dominantes, con efectos negativos especialmente sobre los países de menor desarrollo que no han podido impulsar su base productiva manufacturera e incluso sobre aquellos en donde la transformación productiva manufacturera ha retrocedido en un proceso de desindustrialización temprana, como es el caso de América Latina, siendo Colombia un ejemplo sobresaliente con la reprimarización de la economía, produciendo un cambio de estructura productiva regresiva, en donde el crecimiento del PIB es apropiado crecientemente por los sectores rentistas, generando mayor desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza.
En este sentido, en un trabajo reciente Mateo Hoyos (2021, Did the trade liberalization of the 1990s really boost economic growth? a critical replication of Estevadeordal and Taylor), afirma en oposición a los fanáticos del libre mercado que “no existe una relación positiva entre la liberalización comercial y el crecimiento económico durante la Gran Liberalización de la década de 1990”. Se cambió de modelo y no se avanzó, sino que se retrocedió en LA.
Es decir, a pesar de la euforia inicial de los primeros años de la pos-reforma, el crecimiento económico ha sido no solo mediocre sino también decepcionante. Según los datos del Banco Mundial, “durante el período 1980-2019, el crecimiento del PIB latinoamericano creció a una tasa anual de 2.5%, menor que el promedio mundial de 2.9%; y los de los países de ingresos medios de 4,2% y Estados Unidos con 2,6%. El PIB latinoamericano, que en 1980 representaba el 9% del PIB mundial, disminuyó al 7% en 2019” (Sanchez-Masi 2021, The Four Lost Decades in Latin American Development).
Sin embargo, no es casualidad que en el informe de la UNTAD (conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo), con el título de Trade And Development Report: Structural transformation for inclusive and sustained growth (2016), la organización que todavía conserva la herencia teórica y política de Prebisch, se cita al Alemán Federico List para destacar la importancia del binomio industrialización y estado nacional: “la industrialización refuerza la consolidación nacional y la estabilidad de los Estados nacionales, que a su vez promueven el proceso de desarrollo (List, 1841. Sistema Nacional de Economía Política, FCE)”.
Además, señala la UNTAD, citando a José Antonio Ocampo, que: “Ningún país ha hecho el arduo camino de la pobreza rural generalizada a la prosperidad post-industrial sin el empleo de políticas gubernamentales selectivas y metas para desplazar la estructura productiva hacia actividades y sectores con mayor productividad, empleos mejor remunerados y de mayor potencial tecnológico. Estas políticas son llamadas convencionalmente políticas industriales a pesar de que podría denominarse con más exactitud “políticas de transformación productiva”. Un lenguaje casi listiano, sin duda, desacostumbrado entre los hacedores de política en AL y Colombia.
En conclusión, si AL no es un dragón no es un tigre, no es un puma, sino un cangrejo, que camina para atrás, es necesario que cambie de rumbo y haga de verdad una trasformación productiva que conduzca a diversificar y complejizar la economía cada vez mas. Sin embargo, no se ve en el horizonte que haya manifestaciones en esta dirección, fuera de buenas intenciones, que se conviertan en programas de gobierno y de políticas públicas.