lunes, octubre 18, 2021
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Un nuevo rumbo para Colombia

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Andrés Botero Arbeláez
Abogado, Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en relaciones internacionales. Director Ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico.

Durante décadas todos los colombianos hemos visto atónitos e impávidos cómo la corrupción invade todos los estamentos públicos, dejándonos inermes ante esta penosa situación. Nuestra imagen ante el mundo probablemente nunca antes había estado tan desprestigiada como ahora, y ello se debe a los escándalos de los falsos positivos, el cartel de la toga, la corrupción del  fiscal anticorrupción, Odebrecht, la inadmisión con la que murieron los niños Wayuu en la Guajira, el robo de Reficar, la quiebra de InterBolsa por la falta de vigilancia de las autoridades respectivas y Dragacol, entre miles de otros desfalcos, componendas, arreglos bajo la mesa y todo tipo de prácticas con las que se han robado el erario público. Todo lo anterior, en una retrospectiva a treinta años, ha sucedido en la narices de los organismos de control desde la Constitución del 91, y el resultado ya todos lo conocemos. Quizás no hayamos comprendido el famoso silogismo de “obtener siempre el mismo resultado, si no se cambian los métodos y procedimientos con que se enfrentan los dilemas sociales”. De allí la gravedad de la corrupción al interior de los organismos de control y de la justicia en general, porque su impacto es exponencial, debido a los asuntos de su competencia que requieren de la mayor ética pública y de una moral inquebrantable frente a la dignidad que representan sus actos, el impacto y la transformación que pueden generar en una sociedad.

Una mirada desprevenida y superficial de la justicia colombiana pone en evidencia el frustrante accionar de la Policía y de la Fiscalía, para que sus acciones después se vean burladas por tecnicismos y por sentencias judiciales que convierten a los delincuentes en ciudadanos, a quienes se les han vulnerado sus derechos y en algunos casos llevados al extremo deben ser resarcidos por sus víctimas. Nuestra impotencia ante todos estos actos, es la misma con la que se ha cubierto de impunidad a todos los generadores de la corrupción. Los niveles de impunidad para quienes cometen actos de corrupción son tan altos, como las ganancias que obtienen en la soterrada forma de conducirse al interior de nuestra sociedad.

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Lamentablemente hoy no hemos sido capaces de advertir la trascendencia incalculable para la economía y el desarrollo de nuestro país que significa el accionar de los corruptos al interior de los organismos de control, sea por omisión o por acción. Llevamos tres décadas, como mínimo, en una espiral sin fin, donde los verdaderos corruptos son camuflados y escondidos ante los ojos de la justicia y de quienes los vigilan y controlan, pero los colombianos honestos que llegan al sector público son despiadadamente condenados. Son en muchos casos condenados o sancionados para sacarlos del camino e impedirles sobresalir en el servicio público. 

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En Colombia debemos desligar la burocracia organizacional, de la cual hoy goza el Congreso de la República frente a los organismos de control, haciendo de estos organismos técnicos y profesionales que auditen los recursos antes de ser ejecutados y sean de alguna forma corresponsables por sus acciones y omisiones frente a los actores corruptos del Estado.

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Andrés Botero Arbeláez
Abogado, Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en relaciones internacionales. Director Ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico.

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