Trabajo en casa: un año de dolores de cabeza para empresarios y trabajadores
Según una encuesta de Confecámaras realizada en octubre de 2020 a 11.000 compañías, cerca del 55% estaba operando de manera remota o semipresencial. Así mismo, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del DANE, para diciembre de 2020 los colombianos dedicaron apenas 16 horas semanales a actividades personales. Este panorama ha evidenciado las dificultades por las que han pasado tanto empresarios como trabajadores, al tiempo que ha obligado al Congreso a regular el trabajo en casa.
De acuerdo con María Clemencia Rueda, médica fisiatra, ergónoma experta en riesgos ocupacionales y empresaria del sector salud, la incidencia de enfermedades osteomusculares en personas que trabajan desde sus casas ha aumentado durante la pandemia. Sandra Ruiz, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ergonomía (Capítulo Bogotá), señala que se han identificado otros problemas de índole laboral, como la procrastinación por parte de los trabajadores y la dificultad de separar la vida privada y la vida laboral, los cuales conllevan jornadas de trabajo extenuantes y riesgos para la salud mental.
Según Rueda, lo anterior se explica por dos razones principales. Por un lado, “en la mayoría de los casos, los espacios y el mobiliario del hogar no son adecuados para sostener jornadas de trabajo de ocho horas”, lo que fomenta una tendencia a asumir posturas incómodas que, a su vez, aumentan el riesgo de lesión. Por otro lado, dado que trabajar desde casa es “algo nuevo para millones de personas”, el país “no cuenta con la experiencia ni con las leyes pertinentes” para proteger la salud de quienes laboran desde sus casas. A este respecto, Ruiz expresa que es fundamental que “las instituciones del Estado trabajen conjuntamente con la academia para reglamentar el trabajo en casa”, de manera que se proteja la salud de los trabajadores con base en la evidencia científica.
En atención a esta situación, el Senado aprobó el proyecto de ley 352 del 2020, por medio del cual se busca definir y regular el trabajo en casa, teniendo en mente que no es equiparable a la normatividad vigente de teletrabajo (Ley 1221 de 2008, reglamentada mediante el decreto 884 de 2012). Para convertirse en ley, el proyecto debe ser sancionado por el presidente Duque.
Y es que el teletrabajo y el trabajo en casa son dos modalidades muy diferentes. Mientras que el primero se da en el marco de un contrato que obliga al empleador a proveerles a sus empleados todos los equipos, insumos y capacitaciones necesarias para desempeñar su labor, el segundo consiste en la prestación de servicios y la realización de labores o funciones en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa, de manera ocasional, temporal o excepcional. Por consiguiente, lo que busca el proyecto de ley, entre otras cuestiones, es fortalecer el trabajo en casa con reglamentaciones que hasta el momento solo aplican al teletrabajo: derecho a la desconexión laboral, jornada laboral diaria de máximo ocho horas, disposiciones para evitar la sobrecarga laboral, promoción de pausas activas, conciliación del tiempo de trabajo con el tiempo de descanso y la vida personal y creación de auxilios de conectividad digital para personas que ganen hasta dos salarios mínimos.
A este respecto, María Clemencia Rueda considera que, a pesar de que es necesario que las empresas inviertan en la conectividad y la adecuación de los espacios de trabajo de sus empleados para mejorar su calidad de vida, también se debe tener en cuenta que esto implica una inversión cuantiosa de tiempo y recursos. Según ella, “sobre todo en el caso de las pymes”, la compra de equipos electrónicos, sillas y escritorios ergonómicos, así como la capacitación de los trabajadores, implica gastos que muchos empresarios no pueden cubrir. No obstante, asegura que, mediante asesorías expertas, las empresas pueden cumplir con la reglamentación del teletrabajo o del trabajo en casa “sin incurrir en gastos imposibles de costear”. Además, argumenta que la situación actual es una buena oportunidad para que se reconozca “la importancia de contar con políticas sólidas de salud ocupacional que redunden en una mejor calidad de vida para los trabajadores, pero también en un aumento en la productividad para las empresas”.
