Altas funcionarias del FMI proponen soluciones para contrarrestar desigualdad en la asignación de DEG
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son activos de reserva internacional que emite el Fondo Monetario Internacional (FMI), usualmente en situaciones de crisis, para luego distribuirlos entre los países miembros de acuerdo con la cuota que cada uno tiene en la Institución. Estos activos no son una moneda ni representan un crédito con el FMI. “Se tratan, más bien, de unos derechos potenciales que se pueden canjear por monedas de libre uso”, según señala el FMI.
El 2 de agosto, el FMI realizó la asignación más grande de la historia, por un monto de 456.000 millones de DEG, equivalentes a 650.000 millones de dólares. Tras esta asignación, el gran problema que ha surgido a nivel internacional es la desigualdad en la distribución de los DEG, pues el FMI les asignó a los siete países con las economías más ricas y con mayor participación en la Institución casi la mitad de los DEG que emitió. En consecuencia, han aparecido voces que abogan por que los países con posiciones económicas sólidas redirijan sus DEG hacia países con mayores necesidades.
¿Cómo se asignan los DEG?
De acuerdo con la normativa del FMI, el valor del DEG se define a partir del promedio de una cesta de monedas de cambio. Para que una moneda ingrese a la cesta debe cumplir con dos requisitos: primero, debe ser propia de alguno de los miembros de la institución que esté en el top 5 de los principales países exportadores del mundo. Y, segundo, debe ser usada ampliamente para saldar transacciones internacionales y negociarse en los mercados de cambio más importantes.
La composición de la cesta de monedas que determina el valor del DEG es revisada cada cinco años por el FMI, o con más frecuencia si así se requiere. En la última revisión, realizada en noviembre de 2015, las monedas elegidas fueron el Dólar estadounidense, el Euro, el Yuan chino, el Yen japonés y la Libra esterlina. Aunque este año tendría que hacerse de nuevo la revisión, el Directorio del FMI aplazó la labor para 2022, de forma que la composición de la cesta que se definió en 2015 sigue vigente.
Desde la creación de los DEG, en 1969, el FMI ha otorgado 660.700 millones de DEG, equivalentes a cerca de 943.000 millones de dólares. Entre 1970 y 1972, se asignaron 9.300 millones de DEG; entre 1979 y 1981, 12.100 millones de DEG; en 2009, por la crisis mundial del 2008, se asignaron 182.700 millones de DEG (ver gráfico). Y, en esta ocasión, el FMI desembolsó un monto récord de 456.500 millones de DEG, equivalentes a 650.000 millones de dólares.
Desigualdad en la distribución de los DEG
Según Carlos Bedoya, director de Latindadd, aunque el dinero les viene muy bien a los países, el primer problema de la asignación de los DEG es la desigualdad. De los 650.000 millones de dólares asignados en 2021, aproximadamente 300.000 millones de dólares (45%) fueron asignados a los siete países con las economías más ricas y con mayor participación en el FMI: Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Italia y Canadá. Además, cerca de 275.000 millones de dólares (42%) fueron asignados a los países emergentes y en desarrollo. En cambio, se otorgaron solo 21.000 millones de dólares a los países con más bajos ingresos (3%).
Brasil, el país con mayor participación en el FMI de América Latina, equivalente al 2,32%, recibió 15.090 millones de dólares. México, el segundo país con la mayor participación (1,87%), recibió 12.155 millones de dólares. Argentina, que cuenta con una participación del 0,67% en el organismo multilateral y el mayor deudor del FMI, recibió 4.355 millones de dólares. Haití, el país con mayor pobreza de América y cuya participación es del 0,034%, recibió 221 millones de dólares. Venezuela, país al que le correspondían 5.100 millones de dólares, no recibió ningún monto por razones políticas, según indicó el director de Latinidadd. Finalmente, Colombia, que cuenta con una participación del 0,43%, recibió 2.795 millones de dólares.
En la misma línea, la directora de la oficina de Oxfam International en Washington, Nadia Daar, señaló que, pese a que los 21.000 millones de dólares son de gran ayuda para los países con mayor índice de pobreza y pobreza extrema, “están muy lejos de ser suficientes, pues, según las mismas estimaciones del FMI, estas economías necesitarán cerca de 450.000 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar su recuperación”.
Kristalina Georgieva, directora del FMI, señaló que una posible solución a esta situación es que los países con economías ricas que no necesiten los DEG los redirijan a los países que más los necesitan. Aunque dicha propuesta ha sido criticada por muchos actores —especialmente, porque los DEG son activos en reserva y no dinero en efectivo—, todavía sigue en evaluación.
Dos opciones para canalizar los DEG hacia países pobres y emergentes
Una vez asignados estos activos, el Comité Monetario y Financiero Internacional, así como el G7 y el G20, solicitaron al FMI evaluar formas en las que los países más ricos puedan canalizar voluntariamente parte de sus DEG hacia países pobres y emergentes. A raíz de dicha solicitud, Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI, y Uma Ramakrishnan, subdirectora del mismo Departamento, exploraron en un artículo publicado la semana pasada dos opciones —no excluyentes— para la redirección de estos activos.
Opción 1. Aumentar el tamaño del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP). Según las analistas del FMI, ya se han venido promoviendo acciones en esta dirección. En los últimos 16 meses, se han recibido 24.000 millones de dólares que serán destinados a préstamo, de los cuales 15.000 millones de dólares provienen de DEG. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. De acuerdo con los datos del FMI, se necesitan entre 28.000 y 50.000 millones de dólares en recursos adicionales para financiar a los países miembros de la institución con bajos ingresos. Asimismo, se requieren 2.300 millones de DEG, en forma de donaciones, para que el FFCLP continúe concediendo préstamos con interés cero a países que lo necesiten.
Opción 2. Crear un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS), que sea administrado por el FMI. En medio de la lucha contra los efectos económicos y sociales de la pandemia, no deben perderse de vista otras situaciones —como el aumento de la desigualdad, el cambio climático y el ritmo acelerado de digitalización, entre otros— que “sitúan a los países más vulnerables en riesgo de quedar más rezagados”, señalaron Pazarbasioglu y Ramakrishnan. En su concepto, se requieren reformas que den estabilidad económica y social a dichos países. En este sentido, las analistas del FMI propusieron la creación de un Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS), que respalde cualquier reforma política cuyo objetivo sea mejorar la sostenibilidad económica. Este podría otorgar, especialmente a los países de bajos ingresos, préstamos a tasas menores, vencimientos más largos que los comunes del FMI y salvaguardias frente a los riesgos del crédito.
