Atención, empleados públicos: se firmó acuerdo por 2,6 billones de pesos que los beneficia
El Ministerio del Trabajo anunció una noticia que beneficiará a más de 1,3 millones de empleados públicos del país. Se trata de la negociación colectiva entre 35 organizaciones sindicales y el gobierno nacional, quienes, tras cerca de tres meses de negociación, lograron acuerdos en torno a temas como el fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores, bienestar laboral, calidad de vida de los funcionarios públicos y libertad sindical, entre otros.
El pasado 28 de marzo se instaló la Mesa de Negociación del Sector Público, conformada por más de 1.200 negociadores del gobierno nacional y los sindicatos, con la presentación de 604 peticiones y el acuerdo del 38% de las solicitudes, para un total de 232 acuerdos.
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El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, quien participó en representación del gobierno nacional en la mesa de negociación, se mostró satisfecho ante los resultados del trabajo de los últimos meses:
“Estamos muy satisfechos con la suscripción de este acuerdo para cerca de 1.3 millones de trabajadores de las entidades del Estado y que ha costado 2.6 billones de pesos, que significan ingresos para las familias de los y las trabajadoras del Estado. Un acuerdo que también implica bienestar laboral, que reconoce y fortalece los derechos colectivos que para este Gobierno es bien importante”.
Además, Palma Egea calificó como “histórico” al acuerdo que llegaron el gobierno y sindicatos en la noche de ayer, como se puede ver en su cuenta de Twitter:
De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el acuerdo colectivo compromete 2,6 billones de pesos, un monto que saldrá del Presupuesto General de la Nación. La cartera ministerial también señaló que habrá incrementos en la bonificación judicial, que para 2023 será del IPC de 2022 (13,12%) + 1,1% y para el 2024 del IPC con el que cierre este año + 1,2%.
Así será ejecutado el acuerdo entre los empleados públicos y el gobierno nacional
El acuerdo colectivo entre el gobierno y los sindicatos busca mejorar la situación laboral de los empleados públicos y sus derechos sindicales. Además, se propone incorporar “el enfoque de género, interseccional y diferencial en el desarrollo del plan de formalización del empleo público en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia”, detalló el MinTrabajo.
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Esta tarea quedará en manos del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad responsable de llevar a cabo la formalización de los empleados públicos del país.
Asimismo, el Ministerio del Trabajo explicó que la implementación del acuerdo requerirá realizar algunas modificaciones normativas, como al Decreto 344 de 2021, relacionado con las garantías sindicales de los empleados públicos. También, exige diseñar un proyecto de ley que será tramitado en la segunda legislatura de 2023 para modificar la ley 2094 de 2021, cuyo objetivo será el de “incluir la discriminación, persecución, violencia y cualquier otra conducta antisindical contra dirigentes sindicales y personal sindicalizado”, detalla la cartera ministerial.
En esta línea, la entidad informó que se espera que en un plazo máximo tres meses, desde la firma del acuerdo, sea instalada una Mesa Técnica con el propósito de hacer un estudio técnico que permita analizar las siguientes solicitudes:
- Creación de prima técnica profesional, asesor, técnico y asistencial,
- Incremento de la bonificación por servicios prestados y su inclusión como factor de liquidación en la prima técnica,
- Incremento de la prima de antigüedad,
- Reconocimiento de pago de horas extras
- Incremento de la bonificación por recreación, en entidades nacionales y territoriales.
Esta mesa estará conformada por las organizaciones sindicales y por el gobierno nacional, representado por los ministerios del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación.
Además del presupuesto destinado, el acuerdo incluye evaluar la posibilidad de incrementar los recursos. Para esto, se instalará otra mesa técnica encabezada por el Ministerio de Transporte y contará con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda, las Centrales Obreras y las Federaciones Sindicales que suscribieron el acuerdo.
El objetivo será el de evaluar la viabilidad técnica, jurídica, presupuestal y financiera de destinar “un porcentaje adicional de los recursos por recaudo procedentes del contrato del RUNT 2.0 como fuente de financiación para el fortalecimiento y ampliación de planta”, señala el Ministerio del Trabajo.
Finalmente, el gobierno nacional y las organizaciones sindicales tendrán la responsabilidad de estudiar la posibilidad de reducir la jornada laboral de los empleados públicos, un análisis que deberá incluir aspectos económicos y jurídicos en sus conclusiones.
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