Gobierno Petro le respondió a Asonal derecho de petición sobre aumento de la bonificación judicial: respuesta inquietó a muchos
El Gobierno, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, respondió a Asonal Judicial su consulta sobre el aumento de la bonificación judicial. El documento desconcertó a los empleados de la rama judicial.
El Gobierno Nacional respondió la consulta elevada el pasado 1 de octubre por el presidente de Asonal Judicial, Jairo Alberto Amézquita, en la que se consultó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda Germán Ávila, sobre el aumento de la bonificación judicial y el correspondiente pago del retroactivo para los empleados de la Rama Judicial.
En su respuesta, el Gobierno reconoció que en la Mesa de Negociación Central Estatal se acordó incrementar para el año 2025 la bonificación judicial en un 5,85%, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero. Sin embargo, el Gobierno no entregó una fecha concreta, insistió en que los incrementos pueden dictarse “en cualquier momento del año” y añadió que “el proyecto se encuentra en trámite en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para sus firmas correspondientes”.
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¿Qué más le respondió el Gobierno Nacional a Asonal Judicial?
El pasado 10 de octubre, a través del director de Desarrollo de Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública, se respondió el derecho de petición con las inquietudes sobre el aumento de la bonificación judicial y su correspondiente retroactivo.
El Gobierno confirmó que, en el marco de la Mesa de Negociación Central Estatal 2025 se comprometió a incrementar la bonificación judicial para la presentevigencia en un porcentaje equivalente al IPC total de 2024 más 0,65%. Dado que el DANE certificó una inflación del 5,2% para el 2024, la bonificación judicial de 2025 será ajustada en un 5,85% con efecto retroactivo a partir del 1 de enero del presente año.
Aun así, frente a la petición para que “se informe, respetuosamente, cuál es la fecha exacta en que se expedirá el correspondiente Decreto mediante el cual se ordene el aumento de la bonificación judicial”, no hubo respuesta concreta por parte del Gobierno y las evasivas generaron mayor incomodidad.
Contrario a lo planteado por Asonal en su consulta, el Gobierno Nacional informa en un documento público que “puede dictar en cualquier momento del año el incremento salarial de los empleados públicos” y, frente a la fecha concreta, señaló que “el proyecto de decreto por el cual modifica el Decreto 0299 de 2024 se encuentra actualmente en trámite en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para sus firmas correspondientes”.
¿Cuáles son las peticiones de Asonal sobre el aumento de la bonificación judicial?
En el derecho de petición del pasado 1 de octubre, Asonal Judicial manifestó que “a nivel nacional y en todos los rincones del país, los servidores judiciales dedicados con compromiso a sus labores, nos expresan diariamente su inconformidad y preocupación porque, a la fecha, y estando próximo a culminar el año, no ha sido expedido por parte del Gobierno Nacional el decreto que ordena el aumento de la bonificación judicial correspondiente a 2025”.
La molestia que existe dentro de los empleados de la rama judicial tiene su justificación en el impacto negativo sobre sus ingresos, puesto que “para una buena cantidad de servidores, el ingreso mensual representa una importante proporción, que llega a ser, en varios casos, casi hasta del 50%”.
La mayoría de los trabajadores de la Rama Judicial completan ya diez meses con cerca de la mitad de su salario por debajo del incremento de la inflación de la vigencia anterior, mientras enfrentan los aumentos en vivienda, transporte y alimentación del presente año.
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La bonificación judicial: un tema en las protestas judiciales del 16 de octubre
Para hoy 16 de octubre, Asonal Judicial convocó en todo el territorio nacional Asambleas Generales Informativas, que resultaron en el cierre de diferentes instalaciones judiciales.
Está dentro de la agenda la ampliación de la planta de personal para afrontar las excesivas cargas de trabajo; reivindicaciones sobre plataformas digitales, el acoso institucional y los manuales de funciones; y, por supuesto, la exigencia del pago del retroactivo y el aumento de la bonificación judicial correspondiente a la presente vigencia, así como la lucha por el reconocimiento de su carácter salarial.
Pese a ello, buena parte de estas exigencias encuentran su solución en la asignación de un presupuesto digno para la Rama Judicial, gestión que el sindicato ha decidido impulsar y que se aprovecharían en las discusiones del Congreso de la República.
Aunque la Rama Judicial presentó un anteproyecto por 16,02 billones de pesos, el Gobierno Nacional solo incluyó 11,62 billones de pesos para discusión al Congreso de la República. Esta reducción tiene un fuerte impacto en los rubros de funcionamiento, pues una disminución de 2,95 billones de pesos afecta directamente los recursos destinados a personal, nómina, operación y fortalecimiento institucional.
Sin una decisión que permita financiar adecuadamente a la Rama Judicial, no es posible garantizar condiciones laborales dignas para sus empleados ni asegurar el derecho a la justicia para los colombianos.
