Carlos Gómez, presidente de Cabildo Verde: “mina de Cemex amenaza 4.200 hectáreas de bosques y nacimientos de agua en la región”

En el famoso municipio panelero de Boyacá, Moniquirá, un conflicto enfrenta a una empresa minera y a una comunidad que teme por sus fuentes de agua, su biodiversidad y su vocación agrícola. Carlos Gómez, presidente de Cabildo Verde, explica por qué interpusieron una acción popular contra Cemex, cómo va el proceso y qué está en juego para la región.

Más Colombia (MC): Ustedes llevan un tiempo protestando contra la explotación de caliza en Moniquirá y otros municipios aledaños. ¿Puede contarnos de qué trata el proyecto de Cemex y por qué la comunidad está en desacuerdo con que se lleve a cabo?

Carlos Gómez (CG): Bueno, Cabildo Verde Moniquirá es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2024, cuando nos enteramos de las pretensiones de prorrogar un contrato de concesión por treinta años para que Cemex explote piedra caliza en la mina La Chapa. Moniquirá es una región con vocación agroalimentaria y turística, y hemos investigado qué sucede en zonas donde entra la minería, especialmente la de una multinacional.

La explotación a gran escala produce material particulado que contiene sílice cristalina, una sustancia que, en ciertas condiciones, es cancerígena. En regiones como Nobsa, Sogamoso y Duitama ya hay documentadas muertes por cáncer relacionadas con esta exposición. No queremos que ese problema de salud pública llegue aquí.

Cabildo Verde se constituyó con profesionales de distintas disciplinas: geólogos, ingenieros ambientales y forestales, abogados, administradores y economistas. Lo primero que hicimos, al conocer las intenciones de Cemex, fue analizar los pros y los contras.

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MC: ¿Qué ventajas y desventajas encontraron?

Entre las ventajas vimos que, con la explotación, podrían destinarse algunos materiales para obras en la zona urbana, como placas huellas en las veredas, además de ciertos aportes por regalías. Sin embargo, estas regalías son centralizadas y el impacto en generación de empleo sería mínimo, porque una multinacional de esta naturaleza ya cuenta con personal capacitado y maquinaria especializada.

En cuanto a los contras, hay que entender el ADN y los objetivos estratégicos de una multinacional. Su interés no está en proyectos pequeños, sino en explotaciones de gran volumen para maximizar sus utilidades. Esa explotación genera material particulado que respiran las personas y se deposita en plantas y árboles, afectando la salud y marchitando los cultivos. 

También se afectaría nuestra vocación agropecuaria y turística porque amenazaría el recurso hídrico. Por un lado, las aguas superficiales se verían contaminadas y, por otro, las aguas subterráneas podrían desviarse, perderse o fracturarse por las ondas de las explosiones.

A esto se suma el peligro sobre nuestra serranía: hablamos de 4.200 hectáreas con abundante fauna y flora, y donde nacen fuentes de agua que abastecen no solo a la provincia de Ricaurte, en Boyacá, sino también a Vélez, en Santander. Además, habría afectaciones a la fauna y la flora de la zona.

Otro punto crítico es el transporte. Tendríamos tractocamiones circulando todos los días para mover ese material, lo que incrementaría la accidentalidad, algo que ya está documentado. Y no podemos dejar de lado el impacto en la salud pública que implicaría mantener la explotación de caliza a cielo abierto por treinta años.

Frente a esto, hemos socializado la problemática y la comunidad ha respaldado a Cabildo Verde en la solicitud a la Agencia Nacional de Minería de no prorrogar el contrato de concesión 11968 de Cemex por treinta años. 

También hemos acudido a Corpoboyacá, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Administración Municipal, a la Asamblea Departamental, a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Tunja y a la Defensoría del Pueblo. Todo esto hace parte del proceso para evitar que se dé esa prórroga.

MC: ¿Cemex ha hecho algún compromiso y ha planteado estrategias de mitigación ambiental?

CG: Por supuesto que sí. Hoy en día, como multinacional que quiere entrar a un territorio, Cemex vende su proyecto como lo máximo. Contrató a la firma EIATEC para hacer un estudio de impacto ambiental, pero nosotros hemos presentado observaciones importantes sobre ese estudio, empezando por la recolección de información.

Entendemos que los profesionales contratados por Cemex tienen lealtad hacia la empresa y, por eso, socializan un panorama favorable que sabemos que no corresponde del todo a la realidad. Hemos encontrado prácticas que cuestionamos. Por ejemplo, cuando Cabildo Verde se creó en 2024, fue porque supimos que desde 2023 Cemex venía reuniéndose con algunos concejales y presidentes de juntas de acción comunal de veredas cercanas a la mina.

En una ocasión le preguntamos a un presidente de junta por qué no había socializado esas reuniones con su comunidad. Su respuesta fue que debía manejar esa información “con bajo perfil”. Eso no puede pasar. Un presidente representa a una comunidad y debe informar. Este tipo de prácticas no son transparentes ni generan confianza. Al contrario, hacen pensar que las cosas se están haciendo a escondidas.

Entonces, puedo decir que no ha habido un compromiso claro de Cemex frente a las comunidades.

MC: La acción popular que ustedes presentaron fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Qué significa esta decisión para la comunidad y qué esperan lograr con este proceso judicial?

CG: Cabildo Verde Moniquirá, con NIT 901834182-1, presentó una acción popular que fue admitida por el Tribunal de Cundinamarca. 

Saludamos esta decisión judicial porque se trata de una acción sustentada con argumentación sólida, basada en información institucional: registros de Corpoboyacá, datos catastrales, mapas satelitales que muestran nuestra geografía, nacimientos de agua, bosques y la proximidad de la mina —a menos de un kilómetro— de estas 4.200 hectáreas que ya cuentan con áreas protegidas, pero sin zona de amortiguamiento definida.

Esperamos que el tribunal adelante un estudio juicioso y revisado, ojalá con visitas de campo, para comprobar y validar toda la información. Estamos convencidos de que la solución de un problema debe partir de cifras reales y de la verdad. 

Toda la información que entregamos en esa acción popular está validada y respaldada por fuentes confiables. Confiamos en que el tribunal pueda constatar en terreno las repercusiones que traería la minería para esta región de Boyacá y Santander, poniendo en riesgo su vocación agroalimentaria y turística.

Hoy enfrentamos problemas globales de seguridad alimentaria y escasez de agua. Esta región es rica en recursos hídricos, algo que no podemos perder. Por eso esperamos un fallo acorde con la realidad de la crisis climática, las sequías y las inundaciones que elevan los precios de los alimentos y afectan principalmente a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Desde Cabildo Verde Moniquirá queremos proteger estas 4.200 hectáreas de bosques y nacimientos de agua, un patrimonio natural que cualquier región del mundo desearía. Esperamos que el Tribunal de Cundinamarca lo valore de la misma manera.

MC: Hay otros proyectos similares en la región? 

CG: Existen cinco solicitudes más para explotar en Moniquirá y Cemex busca prorrogar esta concesión por treinta años. Si se aprueba la de Cemex, difícilmente negarán las demás, y el municipio quedaría rodeado de minería. Eso acabaría con el turismo, porque sin agua no habría cómo atender visitantes, y también con la agricultura, al no disponer de agua para riego.

Es una problemática grave. Por eso pedimos a las autoridades que se sumen a la defensa de esta región. Cabildo Verde nació para defender el agua, la vida y la naturaleza.

MC: ¿Qué papel han jugado entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional Minera y Corpoboyacá en este tema? ¿Han protegido el territorio como deberían?

CG: Cabildo Verde es una asociación que analiza la problemática y actúa dentro de la legalidad, respetando las normas y abordando la institucionalidad. 

Hemos tenido reuniones con la Agencia Nacional de Minería, incluyendo encuentros con el PAR NOBSA, encargado de este sector del país, y también en Bogotá con el entonces presidente de la Agencia, Álvaro Pardo, en 2024. Allí presentamos la región, sus nacimientos de agua y los impactos negativos que implicaría la minería para Boyacá y Santander.

Con el Ministerio de Ambiente también hemos sostenido reuniones. El 5 de junio de 2024 realizamos una marcha en Moniquirá con cerca de dos mil personas, documentada por los medios. Luego, el 24 de agosto del mismo año, organizamos un foro que superó la capacidad del lugar y demostró el respaldo de la comunidad a la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

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Más recientemente, el 5 de junio de 2025, Día Mundial del Medio Ambiente, llevamos a cabo otro foro con exposiciones académicas en las que participó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), evidenciando los riesgos que la minería traería a una región con vocación agroalimentaria y turística, rica en nacimientos de agua, recurso vital que el mundo necesita.

Siempre hemos respetado los conductos regulares. Hemos entregado documentos solicitando la negación de la prórroga del contrato de concesión 11968 de Cemex, pero también hemos llevado propuestas.

Planteamos, por ejemplo, que las 343 hectáreas que hoy explota Cemex se conviertan en una zona de restauración cercana a la serranía, para reforestar y proteger las fuentes de agua que nacen allí. Sugerimos que sea adquirida por el Ministerio de Ambiente o con apoyo municipal.

Con Corpoboyacá también hemos sostenido reuniones y los hemos invitado a los foros para que conozcan directamente las manifestaciones de la comunidad y los colectivos de Boyacá y Santander. Cabildo Verde, con el apoyo de estas organizaciones, ha mostrado a la institucionalidad los riesgos reales que implicaría la entrada de la minería multinacional en nuestra región.

MC: Además de la acción legal, hemos visto marchas, foros y reuniones de la comunidad. ¿Qué tan fuerte ha sido el respaldo ciudadano y qué otras acciones tienen planeadas para seguir visibilizando esta problemática?

CG: Hemos trabajado en talleres, reuniones y socialización en redes y emisoras. Contamos con un programa en una emisora comunitaria todos los lunes, donde presentamos las problemáticas y mostramos todas las actividades en defensa del agua, la vida y la naturaleza.

El respaldo ha sido importante, especialmente por colectivos ambientales de Boyacá y Santander, que han estado muy pendientes de los avances del proceso. Incluso se ha llegado a contemplar que, si la institucionalidad no actúa en defensa del medio ambiente en un planeta casi en destrucción, podrían considerarse medidas de presión, algo que no queremos. Por eso insistimos: estamos dentro de la legalidad y la institucionalidad.

Como sociedad civil estamos defendiendo algo que debería estar protegiendo la institucionalidad. No nos oponemos a la minería, nunca hemos tocado ese tema, pero sí sostenemos que debe hacerse en zonas estratégicas, no en una región como esta, donde nacen quebradas, hay fuentes de agua y existen 4.200 hectáreas de bosques. Aquí una mina acabaría con un territorio que actúa como regulador ambiental, no solo para Moniquirá sino para toda la región.

En esta zona llueve diez de los doce meses del año. No solo debemos proteger el agua superficial y subterránea, sino también canalizar esas lluvias en distritos de riego para mejorar cultivos, fortalecer la ganadería y potenciar el turismo. La comunidad está muy convencida de esta defensa del agua, la vida y la naturaleza.

MC: Algunos defienden que la minería trae desarrollo económico. Desde el Cabildo Verde, ¿qué alternativa proponen ustedes para impulsar el progreso de Moniquirá sin poner en riesgo su riqueza natural?

CG: Se habla de que la minería trae desarrollo económico. Mire, sin entrar a detallar qué recursos ingresarían a una región, hay que entender que cuando una multinacional explota en volumen, ese dinero se lo lleva a su país, no se queda en Colombia. Las regalías, además, son centralizadas.

Cuando uno observa qué pasa en las zonas donde entra la minería, es fácil detectar que quedan miseria, erosión, fuentes de agua agotadas y comunidades sin opciones productivas ni posibilidades económicas. En Boyacá, por ejemplo, revisamos el Producto Interno Bruto: hace veinte años era uno, hoy ha disminuido. Entonces, ¿dónde está ese desarrollo económico que promete la minería?

Boyacá es una región productora de materias primas. Nuestra propuesta es convertirla en una región agroindustrial, dar valor agregado a esa producción. Hoy, los intermediarios manejan ese esfuerzo y los beneficios terminan en Bogotá o Santander.

Nosotros debemos capitalizar nuestro potencial agroalimentario, transformar esa materia prima y ofrecer productos terminados no solo a la región y al país, sino también para exportación. Eso generaría riqueza, aumentaría el PIB regional y mejoraría la calidad de vida de nuestros campesinos, que por cerca de doscientos años han vivido en la pobreza, sin que sus esfuerzos sean reconocidos.

Pedimos que se impulse la agroindustria para que se le compre al campesino con rentabilidad, que pueda acceder a educación, salud, vivienda y mejores condiciones de vida. Así sí se generaría desarrollo. Porque cuando uno mira las zonas mineras, lo que queda no es prosperidad. No lo digo solo yo, está documentado y es fácil de verificar en internet.

MC: Finalmente, señor Carlos, ¿qué mensaje les enviaría a las autoridades y a los habitantes de la región sobre este y otros proyectos que tienden a privilegiar la minería sobre la vocación agrícola y turística de las regiones?

CG: Invitamos a las autoridades a que acompañen esta defensa del agua, de la vida y de la naturaleza. Cabildo Verde Moniquirá es una asociación sin ánimo de lucro conformada por la sociedad civil, pero esto debería estar liderado por la institucionalidad.

Son sus componentes ambientales, agropecuarios, turísticos y de desarrollo económico los que deben proteger esta región, que cuenta con recursos que cualquier lugar del mundo quisiera tener: agua abundante, vocación agroalimentaria y turística, un gran recurso hídrico, bosques que albergan fauna y flora endémica, paisajes y montañas que no queremos ver destruidas.

Hacemos un llamado a las autoridades para que se sumen a esta defensa y a la población para que continúe participando en talleres, foros y marchas en favor de nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema y esta región privilegiada. Tenemos que seguir unidos en esta causa y esperamos que la institucionalidad escuche a estas comunidades, que ya están convencidas de las graves afectaciones que traería la minería.

Ese es nuestro llamado: que las autoridades se sumen a esta defensa del agua, de la vida y de la naturaleza.

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