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Capitalismo y socialismo democrático

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Manuel Guillermo Sarmiento García
Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.

En esta época de absoluta polarización de las corrientes ideológicas, como se vio en la pasada campaña electoral de los Estados Unidos y como se está vislumbrando en la próxima contienda electoral en Colombia, resulta importante precisar el significado y alcance de dos sistemas económicos y sociales que se han desarrollado en los dos últimos siglos, como son el capitalismo y el socialismo, para no caer en las estigmatizaciones tan frecuentes que utilizan algunos políticos de uno y otro lado, recurriendo a las redes sociales para distorsionar y confundir a la opinión pública.  

El capitalismo como sistema social y económico adquiere su carta de identidad a partir de la segunda revolución industrial de finales del siglo XIX, que marca el fin del feudalismo como modo  de producción, construido sobre tres pilares esenciales: la garantía y defensa de la propiedad privada, de la libre empresa y la libertad individual como factores fundamentales del desarrollo económico y social, mientras que el socialismo que en forma equivocada los historiadores lo identifican exclusivamente con el marxismo-leninismo o socialismo científico, que inspiró la revolución bolchevique de 1917 con las teorías de los ideólogos alemanes Marx y Engels basado en la abolición de la propiedad privada y en la lucha de clases como factores para conseguir una sociedad igualitaria, sistema que evidentemente ha fracasado y que contrasta con el verdadero socialismo, el socialismo democrático que tiene su origen a mediados del siglo XIX con la teoría del “Estado bienestar” o “Estado providencia”, que el sociólogo británico Thomas Humphrey Marshall lo definió como una combinación especial de la democracia, el bienestar social y el capitalismo, y que encontró su máxima expresión con el modelo sueco implementado a lo largo del siglo XX, mediante el cual el Estado, sin abandonar los principios fundamentales de la economía de mercado, es decir, la propiedad privada y la libre empresa, les garantiza a sus ciudadanos el pleno acceso a los derechos fundamentales a la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y la recreación, sostenido por  una política fiscal estricta y un régimen tributario donde los impuestos no solo tienen como única finalidad financiar los gastos del Estado, como sucede en el Estado demo-liberal, sino que logran una redistribución equitativa de la renta y la riqueza, permitiendo garantizar la prestación de estos servicios fundamentales.

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El modelo sueco de bienestar social y economía mixta, basado en los principios de cobertura universal y solidaridad, ha demostrado ser exitoso y con los ajustes que se hicieron durante la década de los años noventa, hoy Suecia es considerada como una de las naciones de mayor igualdad social en el mundo, su modelo ha sido replicado en varios países europeos, especialmente los nórdicos, dando lugar al llamado socialismo europeo.Sería una utopía pensar que nuestro país que tiene una de las más altas tasas mundiales de desigualdad social y económica, que aún no ha alcanzado siquiera un mediano desarrollo capitalista y donde en algunas regiones rurales todavía impera el sistema económico feudal, pudiera ofrecerle a los ciudadanos un pleno “Estado de bienestar”. Sin embargo, si en Colombia se aplicaran dos principios fundamentales consagrados en la Constitución política, se podrían lograr en parte los objetivos de bienestar e igualdad social que han obtenido las democracias socialistas europeas. Estos principios están claramente establecidos en el artículo 58 de la carta fundamental, en virtud del cual “la propiedad es una función social que implica obligaciones” y en el artículo 333, según el cual “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Lamentablemente estos principios esenciales para lograr un verdadero “Estado de bienestar” solo tienen en nuestro ordenamiento jurídico una vigencia formal pero no una vigencia real. La llamada responsabilidad social de las empresas de que tanto se habla actualmente, tiene una relación directa con estos principios y es una obligación del Gobierno exigirla, aplicando la constitución y la ley y de esta forma hacer posible el cumplimiento de los fines sociales del Estado.          

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Manuel Guillermo Sarmiento García
Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.

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