miércoles, enero 26, 2022
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Construyendo desde ya un país del 2022 en adelante

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Mario Alejandro Valencia
Analista económico, profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia y el CESA. Twitter: @mariovalencia01.

En tiempos de crisis las entidades con mayor capacidad económica deben hacer esfuerzos por evitar que la población pierda significativamente capacidad de compra. Para esto, se requiere una acción coordinada que solo pueden lograr instituciones fuertes. Empresas grandes pueden tener buenas intenciones y mantener los puestos de trabajo en el corto plazo, mientras sus ingresos cubran los costos variables; su capacidad instalada lo permite. Pero una iniciativa individual, por más actitud positiva que algunos medios de comunicación esotéricos quieran imprimirle, no resuelve el problema general. La demostración está en que la pandemia motivó a algunas empresas famosas a asumir estos costos, pero no pudieron evitar que 3,5 millones de personas ingresaran a la pobreza.

El único agente con la capacidad suficiente de evitar la caída del nivel de ingreso general de la población es el Gobierno Nacional, porque puede endeudarse masivamente por medio de la emisión de bonos, disponiendo de nuevos recursos para atender las necesidades de corto plazo, que básicamente consisten en evitar que su población se muera de hambre. Si el gobierno colombiano hubiera actuado eficientemente, no habría generado que 1,6 millones de familias pasaran de comer 3 a 2 veces al día durante la pandemia. Este era el gran reto de corto plazo que no se logró plenamente. En este punto, la única solución son transferencias monetarias sin condicionamientos, es decir, regalarle dinero a la población.

No obstante, cumplirlo no es suficiente. Además, el país debe recuperar 2,3 millones de puestos de trabajo para volver al nivel de desempleo de 2019 que era de 10,5 %, uno de los más altos de la región. Esta es una dimensión de intervención económica mucho más complejo que el ingreso solidario de emergencia.  

En el Congreso de la República se está tramitando un proyecto de ley para un Programa de Empleo Público, que tiene dos objetivos: subsidiar las nóminas a microempresas y establecer un programa de inversión intensiva en empleo, financiando proyectos basados en el factor trabajo. El costo estimado para la creación de unos 2,6 millones de puestos de trabajo, teniendo en cuenta la tendencia de creación de puestos indirectos, sería de $ 14 billones al año. Estos recursos podrían ser recaudados tan solo revirtiendo las exenciones creadas en la reforma tributaria de 2019. La propuesta es buena y necesaria, y debería enfocarse en estimular actividades de transformación agrícola e industrial, en una especie de programa público y privado de sustitución de importaciones de bienes de consumo e intermedios, que permita producir y comprar colombiano.  

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Conociendo a este Gobierno y a este Congreso es poco probable que se apruebe, y si llegara a aprobarse es poco probable que se implemente. La explicación no es pesimista sino histórica: las instituciones públicas más importantes del país están dirigidas por personas desinteresadas en las discusiones ideológicas sobre las formas que han adoptado los países para superar la pobreza y lograr escenarios de desarrollo económico y bienestar social más avanzados. Los funcionarios intentan hacer ver estos logros como resultado de la suerte o el ‘destino manifiesto’, cuando en realidad fueron acciones humanas planificadas de inversión pública, fortalecidas con altos niveles de deuda y gasto eficiente orientado a dotar a estos países de infraestructura avanzada (Ej, alta capacidad de transporte ferroviario), alta calidad de educación científica y abundante formación técnica, y medidas para escoger e incentivar deliberadamente a sectores productivos.

No hay fuerza argumentativa que lleve a quienes dirigen el Estado a seguir este camino, porque están muy concentrados en sus intereses particulares, en sus negocios privados con recursos públicos, en hacer contactos laborales para ser presidentes de organismos multilaterales o de asociaciones y fundaciones privadas con altos salarios. Por eso no vale la pena intentar convencerlos.

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En lo inmediato, la necesidad consiste en fortalecer grupos de pensamiento en los diversos temas de interés económico, social, laboral, empresarial, artístico, científico y en todos los demás, comenzando desde lo comunitario, pasando por lo local y llegando al orden nacional. Las universidades y organizaciones de la sociedad civil juegan un rol determinante en la existencia de estos grupos, pequeñas redes e iniciativas, más allá de las organizaciones partidistas, aunque en perspectiva de un proyecto político de nación. Se debe seguir estudiando y criticando la teoría, recogiendo evidencia y estableciendo relaciones internacionales. La política es muy importante para dejarla en manos exclusivamente de los partidos, por eso la necesidad del carácter amplio e inclusivo de esta construcción, que debe fabricar y recoger el cúmulo de conocimientos y experiencias necesarias para ganar las elecciones, el único escenario civilizado de transformación conocido. El objetivo de ganar es crear un proyecto de la mayor coincidencia posible para volver a aprender a vivir del trabajo y de empresas legales como principal medio de prosperidad.

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Mario Alejandro Valencia
Analista económico, profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia y el CESA. Twitter: @mariovalencia01.

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