¿Corrupción electoral? Camilo Enciso frena intento de limitar acceso a declaraciones patrimoniales
En plena campaña, una alerta por corrupción electoral surgió tras el intento del Gobierno de limitar el acceso a declaraciones patrimoniales.
En medio del periodo electoral, un intento del Gobierno nacional por restringir el acceso a la plataforma de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés de los funcionarios públicos generó una fuerte controversia institucional. La medida, que habría limitado de forma drástica el control ciudadano, fue revertida tras una ola de denuncias públicas.
Más Colombia habló en exclusiva con Camilo Enciso, candidato a la Cámara por Bogotá por el partido Dignidad y Compromiso y líder de la iniciativa Caza Corruptos.
El candidato advirtió que la restricción abría un escenario propicio para la corrupción electoral, al dificultar la vigilancia sobre el patrimonio y los posibles conflictos de interés de quienes ejercen poder público.
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Aunque el Gobierno dio marcha atrás, el episodio dejó preguntas abiertas sobre la corrupción electoral, la transparencia, el uso del argumento de protección de datos personales y los riesgos de debilitar el acceso a información clave en uno de los momentos más sensibles para la democracia.
Corrupción electoral y acceso a la información pública
El intento de limitar el acceso a las declaraciones patrimoniales fue interpretado por diversos sectores como un retroceso grave en materia de transparencia gubernamental. Según explicó Camilo Enciso, la medida pretendía dejar como único mecanismo de búsqueda la consulta por número de cédula, eliminando otras formas de rastreo disponibles para la ciudadanía.
Este cambio habría afectado directamente el control ciudadano, pues muchos funcionarios públicos han aprendido a borrar o fragmentar su huella digital. Sin información mínima para identificar a una persona, la consulta se vuelve prácticamente imposible, incluso para periodistas y organizaciones de veeduría.
En ese contexto, Enciso alertó que la restricción no era un ajuste técnico menor, sino una decisión con efectos políticos profundos, especialmente en época electoral, cuando el escrutinio público debería fortalecerse y no debilitarse.
El riesgo de la corrupción electoral en plena campaña
Para Enciso, el momento en que se intentó implementar la restricción es clave para entender su gravedad. En campaña electoral, explicó, se incrementan las contrataciones clientelistas, los nombramientos estratégicos y el movimiento de recursos públicos con fines políticos.
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Limitar el acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios habría dificultado verificar incrementos injustificados de patrimonio, posibles conflictos de interés y vínculos con contratistas del Estado. Todo ello constituye un terreno fértil para la corrupción electoral, entendida como el uso indebido del poder público para incidir en procesos democráticos.
Periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos habrían perdido una de las pocas herramientas efectivas para auditar el comportamiento patrimonial de quienes toman decisiones clave, justo cuando el riesgo de captura institucional es más alto.
Corrupción electoral: Transparencia, conflictos de interés y captura del Estado
La restricción también habría afectado el seguimiento a los conflictos de interés, un elemento central para prevenir la captura del Estado por redes políticas o económicas. Sin acceso amplio y funcional a la información, se debilita la capacidad de detectar relaciones indebidas entre funcionarios y contratistas.
Enciso advirtió que entre los riesgos más graves se encontraban el ocultamiento de bienes, el enriquecimiento ilícito sin detección temprana y la consolidación de maquinarias políticas sin supervisión efectiva. Estos fenómenos no solo alimentan la corrupción política, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde esta perspectiva, la corrupción electoral no es un hecho aislado, sino un proceso que se facilita cuando se desmontan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Por ello, cualquier ciudadano que desee ejercer su derecho al control social puede consultar las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés de los funcionarios públicos a través del Aplicativo por la Integridad Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública, una herramienta clave para la vigilancia democrática.
¿Una medida contraria a la Ley de Transparencia?
Desde el punto de vista jurídico, Enciso sostuvo que la decisión vulneraba normas constitucionales y legales vigentes. En particular, señaló posibles afectaciones al derecho de acceso a documentos públicos y al principio de transparencia administrativa, pilares del orden democrático.
La Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) establece la obligación de divulgación proactiva de la información pública, mientras que la Ley 2013 de 2019 regula específicamente la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios del Estado.
Según el candidato, el argumento de protección de datos personales habría sido utilizado de manera indebida para restringir información que, por mandato legal, debe ser pública cuando se trata de servidores públicos, facilitando escenarios de corrupción electoral.
La presión ciudadana que frenó la medida
La restricción fue finalmente revertida tras una denuncia pública masiva y la presión de más de 200 mil ciudadanos. Para Enciso, este desenlace demuestra que el acceso a la información pública sigue siendo una herramienta poderosa cuando la ciudadanía ejerce vigilancia activa.
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Sin embargo, advirtió que el hecho de que la medida haya sido retirada no elimina el riesgo institucional que representa. El episodio, señaló, debe entenderse como una alerta temprana sobre la fragilidad de los estándares de transparencia y la necesidad de defenderlos de forma permanente.
La corrupción electoral como problema estructural
Más allá del caso puntual, Enciso insistió en que la discusión de fondo es estructural. La corrupción electoral no se combate solo con sanciones posteriores, sino fortaleciendo los mecanismos preventivos de control, acceso a la información y participación ciudadana.
“La transparencia no es un favor del Gobierno”, afirmó. Es un derecho fundamental y una condición básica para que la democracia funcione. Debilitarla, incluso de manera temporal, tiene efectos duraderos sobre la legitimidad institucional y la calidad del sistema político, señaló Enciso.
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El intento de restringir las declaraciones patrimoniales dejó una lección clara: en contextos electorales, cualquier retroceso en transparencia amplifica los riesgos de corrupción y debilita la confianza ciudadana, un costo que la democracia difícilmente puede permitirse.
El candidato es el 101 en la lista de la coalición entre el Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, y busca llegar al Congreso en fórmula con Jorge Enrique Robledo para seguir dando estas luchas en contra de la corrupción.
