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Corte, vote sí

Victoria
Victoria E. González M.
Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia y PhD en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) de la ciudad de Buenos Aires.

Lorena tiene 25 años y 4 hijos. Su esposo le prohíbe usar anticonceptivos porque piensa que, si lo hace, ella puede serle infiel. Él tampoco planifica porque eso no lo hacen los “machos de verdad”. Ni Lorena ni su marido tienen trabajo fijo ni condiciones para cuidar a tantos niños. Ella acaba de enterarse de que está embarazada de nuevo.

Valeria tiene 14 años. Desde hace dos meses no le llega el periodo. Tiene mucho miedo porque estuvo de vacaciones en la casa de una tía y allí tuvo varios encuentros sexuales con un primo de 16 años mientras su tía trabajaba. Valeria se hace una prueba de embarazo y sale positiva.

Laura tiene 21 años, se acaba de graduar con honores en su universidad. Su novio tiene 20 años y está en último semestre de la carrera. Laura ganó una beca para hacer una maestría fuera del país y debe viajar dentro de dos meses. No quiere hablar con nadie, hoy confirmó que está embarazada.

Ángela es divorciada, tiene 36 años y un hijo de 6 años. Está saliendo con alguien desde hace cuatro meses. Ángela tiene un retraso, su prueba sale positiva, le comunica a su pareja lo sucedido y él decide terminar la relación.

Casos como los mencionados ocurren día tras día en muchos lugares del mundo. Les ocurren a mujeres comunes, de carne y hueso que deben enfrentar la realidad de un embarazo no deseado, mujeres que no quieren, que no pueden tener un hijo, mujeres que no tienen en sus planes inmediatos, ni en los de largo plazo, la maternidad.

En otros países esas mujeres pueden interrumpir el embarazo de manera libre, legal y en condiciones óptimas de salubridad. En Colombia no, porque solo está aceptado en casos de malformaciones del feto incompatibles con la vida; en casos de violencia sexual y cuando está en riesgo la vida y la salud de la mujer. Sin embargo, en muchas ocasiones en las que se cumplen las condiciones, la intencional tramitomanía de hospitales o entidades gubernamentales impiden que el procedimiento se lleve a cabo porque ni siquiera en esas situaciones extremas se respetan los derechos.

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La interrupción voluntaria del embarazo, fuera de las causales aceptadas, está penalizada con cárcel. Aun así, muchas se arriesgan a tomar la que ya de por sí es una difícil decisión, sabiendo que pueden ser detenidas o, incluso, pueden morir por un mal procedimiento. Mientras esto sucede, en sociedades como la nuestra se desvía el debate por vericuetos morales que siempre conducen a condenar a las mujeres porque no cerraron las piernas; porque no entienden que un hijo siempre es una bendición; porque son cobardes; porque donde comen dos, comen tres; porque hay que pensar en las otras mujeres que no pueden tener hijos; porque no tienen temor de dios.

Interrumpir un embarazo debe ser una decisión personal en la cual no debe intervenir el Estado y, mucho menos, las iglesias. En lo que sí debe intervenir ese Estado tan estricto para unas cosas y tan laxo para otras es en garantizar que esa interrupción se haga en condiciones óptimas de salud y de seguridad. Despenalizar el aborto en todos los casos garantiza el goce pleno de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, no obliga a las quienes no lo deseen a abortar, garantiza que la maternidad sea realmente deseada y disminuye dramáticamente el abandono de tantos niños y niñas.

En muchos países, cientos de mujeres se han apostado en las calles por días enteros para tratar de que los gobiernos entiendan algo que para algunos es elemental, pero para otros una abominación. Mareas verdes de mujeres de todas las edades y condiciones sociales, en países como Argentina, lograron recuperar el derecho a la autonomía de sus cuerpos, luego de arduas batallas en las cuales fueron maltratadas y violentadas.

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Nuestra hora ha llegado. Es más, se está haciendo tarde. La corte debe pronunciarse a favor de la despenalización ya.

Victoria
Victoria E. González M.
Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia y PhD en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) de la ciudad de Buenos Aires.

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