domingo, 7 de agosto de 2022
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Pequeños productores tendrán mayor participación en compras públicas

Pese a que la agricultura familiar y campesina es responsable del 70% de la producción de alimentos en Colombia (FAO), solo participa con el 3% en las compras estatales. El Decreto 248 de 2021 busca elevar esta cifra al 30%.

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Siete meses después de la adopción de la Ley 2046, que establece los mecanismos para promover la participación de pequeños productores en las compras públicas, el Decreto 248 de 2021 reitera que al menos el 30% de los alimentos que adquieran las entidades que “manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional” deben ser abastecidos por “pequeños productores agropecuarios locales” y/o “productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones”. 

El Decreto insiste en priorizar la “producción local” y otorga un puntaje adicional del 6% cuando el oferente es un pequeño productor, productor de la Agricultura Campesina, Familiar Comunitaria y/o sus organizaciones. Adicionalmente, ordena la creación en cada departamento de un “registro general de productores”, bien sea “formales” o “no formales”, con el propósito de “enfocar programas de formalización y acompañamiento a proveedores”. 

Marcos Rodríguez Fazzone, especialista Sénior en Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de FAO Colombia, reporta que en América Latina países como Brasil, Uruguay y Perú han recurrido a las compras públicas para beneficiar a los pequeños productores locales. 



En Colombia, este tema se incluyó en la Reforma Rural Integral (RRI) y comenzó a ponerse en práctica entre 2015 y 2016, a través de proyectos piloto en Antioquia y Nariño, y con ayuda de la FAO. En ambos departamentos, organizaciones campesinas abastecieron directamente los Programas de Alimentación Escolar y del ICBF. Según Rodríguez Fazzone, las experiencias en Antioquia y Nariño contribuyeron al fortalecimiento de “la institucionalidad local” y mostraron ventajas no solo para los productores sino también para los consumidores, al mejorar “la calidad e inocuidad de los alimentos destinados a los niños y niñas beneficiarios”. 

Rodríguez Fazzone enfatiza que, más allá de beneficiar a “3 millones de pequeños productores”, como afirmó el Ministro de Agricultura, “la compra pública local” que incentiva el Decreto es importante para mitigar una “eventual crisis alimentaria”. En ello coinciden los investigadores Andrés García Trujillo y Felipe Roa-Clavijo, por considerar que las compras locales “permiten avanzar en la densificación de los circuitos cortos de comercialización”, los cuales “son cruciales para garantizar el abastecimiento alimentario”.