Día Internacional de la Mujer: avances y retrocesos en los derechos femeninos en el mundo

¿Por qué es tan importante el 8M para el mundo?

El Día Internacional de la Mujer es más que una conmemoración; es un recordatorio de la lucha histórica por la justicia, la equidad y la dignidad de las mujeres en un mundo que aún se resiste al cambio. Desde sus inicios en las movilizaciones obreras del siglo XX hasta su reconocimiento global por la ONU en 1977, esta fecha ha simbolizado la resistencia y los avances en derechos. Sin embargo, en la actualidad, el 8M cobra una relevancia aún mayor ante el preocupante retroceso de las conquistas sociales.

El auge de gobiernos ultraconservadores en distintos países ha significado un ataque sistemático a los derechos de las mujeres y de otras poblaciones vulnerables desde una perspectiva interseccional. Restricciones al acceso al aborto, a la educación sexual y a los derechos reproductivos, junto con el desmantelamiento de protecciones laborales y civiles, evidencian una regresión que amenaza décadas de avances en igualdad.

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Este retroceso afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, como las mujeres afrocolombianas e indígenas, las personas migrantes, la comunidad LGBTQ+ y otras minorías, quienes han sido blancos de discursos de odio y políticas excluyentes. La eliminación de las leyes progresistas, el aumento de la violencia de género y la precarización de las condiciones de vida profundizan la marginación de quienes históricamente han sido oprimidos, reforzando la urgencia de seguir luchando por una sociedad más justa e igualitaria.

El papel de la justicia fiscal en la defensa por los derechos de las mujeres un término poco conocido 

La política fiscal, entendida como la administración de los ingresos y gastos del Estado, trasciende su función tradicional de equilibrar las finanzas públicas y se convierte en una herramienta clave para reducir desigualdades y promover el bienestar social. A través de las decisiones sobre la recaudación de impuestos y la distribución del gasto público, se pueden generar impactos diferenciados en distintos sectores de la población, afectando de manera particular a las mujeres y niñas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad estructural.

El análisis económico no puede asumirse como neutral ni aplicable de manera uniforme a todas las sociedades y grupos sociales. Examinar la política fiscal con este enfoque implica reconocer las desigualdades de género arraigadas en las estructuras económicas y diseñar estrategias que contribuyan a su reducción. En este sentido, los sistemas fiscales no solo determinan el nivel de recursos disponibles para financiar políticas públicas, sino que también pueden perpetuar o corregir brechas de género según su diseño y aplicación.

Diversos estudios en la región han evidenciado que los sistemas fiscales tienden a poner en desventaja a las mujeres debido a la dinámica del mercado laboral y la distribución del trabajo no remunerado. Factores como la brecha salarial—que limita el acceso de las mujeres a mayores ingresos—, la carga desproporcionada de tareas domésticas y de cuidado, y el mayor gasto en bienes esenciales para el sostenimiento del hogar generan impactos fiscales diferenciados. Estos elementos afectan la capacidad de las mujeres para generar ahorros, acceder a la seguridad social y beneficiarse de los sistemas de protección.

Por ejemplo, el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 evidencia cómo las restricciones fiscales pueden profundizar las desigualdades estructurales, afectando de manera diferenciada a las mujeres debido a su dependencia histórica de la provisión pública de bienes y servicios. La reducción del gasto en $28,4 billones, resultado de la caída en el recaudo tributario, ha implicado una contracción de la inversión pública a $90,6 billones, lo que repercute negativamente en sectores estratégicos como vivienda, educación y salud.

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La estructura del presupuesto y las decisiones sobre su ejecución determinan en gran medida la capacidad del Estado para reducir las brechas de género. La inversión en infraestructura social no solo es un mecanismo de dinamización económica, sino que también permite aliviar las responsabilidades de cuidado que históricamente han recaído sobre las mujeres, facilitando su inserción y permanencia en el mercado laboral. Cuando el gasto social se contrae, las mujeres deben asumir de manera privada y dentro de sus hogares las funciones que el Estado deja de proveer, limitando su autonomía económica y reduciendo sus oportunidades de desarrollo.

Desde una perspectiva fiscal, es clave reconocer que las decisiones presupuestales no son neutrales. La reducción del gasto social, en combinación con un sistema tributario que descansa en gran medida sobre impuestos indirectos al consumo, termina afectando de manera desproporcionada a los hogares con menores ingresos, donde las mujeres son las principales responsables de la administración del gasto familiar.

En ausencia de políticas que prioricen la inversión en servicios públicos y mecanismos de redistribución, el ajuste fiscal puede consolidar un modelo de desarrollo que perpetúa desigualdades estructurales y limita las oportunidades de las mujeres para alcanzar la independencia económica y plena participación en la sociedad.

Frente a este panorama, resulta fundamental adoptar una perspectiva interseccional para reconocer que la violencia de género no puede abordarse únicamente a través de normativas y campañas de sensibilización. Si bien estos mecanismos son esenciales, su efectividad está condicionada por las estructuras económicas que sostienen las desigualdades de género y limitan el acceso de las mujeres a recursos, oportunidades y autonomía.