viernes, octubre 15, 2021
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El Banco de la República independiente… pero de la nación

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Guillermo Maya
Economista, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

La institucionalidad de los bancos centrales independientes (BCI) se ha convertido en uno de los dogmas de la ortodoxia económica, para combatir la inflación y garantizar la estabilidad de precios. La argumentación es que la lucha antinflacionaria es de suma importancia, porque de ella depende la economía para la asignación óptima de los recursos, la inversión y por lo tanto el crecimiento. Un ambiente inflacionario perturba los mercados y la capacidad de los agentes para tomar decisiones.

En este sentido, el BCI es una respuesta institucional a la discrecionalidad y a la falta de reglas monetarias claras para eliminar o atenuar la inconsistencia temporal o sesgo inflacionario por parte del gobierno que trata que generar más empleo y producto a costa de una mayor inflación, renegando de su promesas, con déficits fiscales monetizados por el banco central.

La reforma del Banco Central como parte de los dos pilares de la globalización actual (Krugman), moneda sana y mercados libres, expresados en el Consenso de Washington, hizo parte de las reformas económicas liberales en Latinoamérica en la década del noventa, que ponen al mercado como la institución clave de la economía para la determinación del crecimiento y una tasa desempleo, no el pleno empleo, que no acelere la inflación (Nairu), en un ambiente de libertad de comercio y de capitales internacionales. Los economistas del Banco de la República calcularon un Nairu de 11.9% entre 1984-2005 para Colombia, bien lejitos del pleno empleo.

En Colombia, bajo la nueva ortodoxia, el Banco de la República se constituyó en un banco central independiente del gobierno con la Constitución de 1991.

La experiencia colombiana con la nueva institucionalidad y la política desinflacionaria, altas tasas de interés y un peso fuerte, emprendida por la Junta Directiva del BR en los años 90, bajo el esquema de agregados monetarios, como objetivos intermedios, acompañada por el manejo cambiario de una banda objetivo, en el marco del libre flujo de capitales internacionales, produjo resultados mixtos.

Mientras que el proceso desinflacionario, más fuerte después de 1994, permitió bajar la inflación a un dígito hacia 1999, conservando esta tendencia descendente hasta hoy, la economía se sumió en la más profunda recesión de toda su historia moderna, con pérdidas del producto y del empleo en toda la década del 90: En 1999 el PIB bajó -4.5%. El crecimiento promedio de la economía para toda la década de los 90 fue de 2.7%, frente a 3.7% de la década anterior y de 4.5% para los 70. Por otro lado, el desempleo se disparó al 20.5%, cifra nunca vista en la historia moderna de Colombia, que en las dos décadas anteriores había soportado una tasa promedia del 10%.

Sin embargo, lo sorprendente no son los efectos negativos de la política monetaria, que como se sabe una desinflación produce pérdidas en el producto y el empleo, sino el hecho de que las propias autoridades monetarias no aceptaron ni la más mínima responsabilidad sobre estos resultados, echándole la culpa al mercado de trabajo, especialmente a los propios trabajadores que imponían, al decir del BR, condiciones absurdas en el mercado a sus empleadores. El objetivo oculto del BCI es reprimir los salarios. El BR siguio la cartilla antinflacionaria del fanático Paul Volker, presidente de la FED y héroe de la elite conservadora norteamericana. 

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Una de las mayores irresponsabilidades, y de gran repercusión social, que cometió el BR fue, en materia de crédito hipotecario, modificar la metodología para calcular la UPAC, que desde su creación en el gobierno de Misael Pastrana (1970-74) estaba ligada a la inflación. En 1994, el BR ligó la corrección monetaria de la UPAC a la tasa de captaciones a 90 días o DTF (Tasa depósitos a término fijo), como resultado de un intenso “lobbying y presiones” (M. Cabrera) sobre la Junta Directiva del BR.

Esta decisión de la Junta Directiva y su política de tasas de interés altas llevaron a un gran número de deudores a la suspensión de pagos y a entregar, en última instancia, en dación de pago sus viviendas a las corporaciones de ahorro y vivienda. Mientras los costos financieros de los créditos hipotecarios, ligados al DTF, subían por las nubes, medidos en UPAC, los salarios de los trabajadores subían de acuerdo con la meta de inflación futura, de manera rezagada. Así, de está manera los deudores hipotecarios se quedaron colgados en los pagos a los bancos, y de paso perdieron sus viviendas, al mismo tiempo que perdían sus empleos debido a la crisis económica general. Esta fue la parte más dramática de la crisis, pues las familias agregaban a la pérdida de su empleo la pérdida de sus viviendas.

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Además, cerca de 2000 colombianos se suicidaron como consecuencia de haber perdido su vivienda por insolvencia económica debido a la política equivocada del Banco de la República. Por supuesto, los defensores del BCI independiente argumentan a su favor que la inflación es el impuesto mas injusto con los pobres, sin embargo, su preocupación no los lleva a demandar la baja de las tasas de interés confiscatorias (las de colocación de crédito) del sistema financiero colombiano. El argumento perverso de la retórica de la reacción, diría Albert Hirschman.

La razón real de la existencia del BCI y su celosa política de un Otelo delirante, de “conservación del poder adquisitivo de la moneda” no es el pleno empleo, sino la conservación del valor real de los activos financieros, como las hipotecas y en general todos los activos de deuda, que son el patrimonio de los acreedores y que a su vez son las deudas del público en general.

Precisamente, el investigador Jairo Villabona (UN-Bogotá), en la columna, “Banca colombiana es cada vez más rica y menos generosa“, afirma que: “Las utilidades del sector bancario en la década analizada (1ª de 2000) aumentaron en un 1.035,9% entre 2001 y 2009, al pasar de 318,5 mil millones de pesos a 3,3 billones respectivamente, mientras que en el mismo período el índice de precios al consumidor (IPC) solo aumentó el 52,8%”.

¿La nación? Somos todos los colombianos, el estado es el instrumento para alcanzar los objetivos nacionales de pleno empleo y bienestar, y el gobierno es el agente de la nación para hacerlo. Sin embargo, el gobierno y el Banco de la República están al servicio del 0.001% de los colombianos.

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Guillermo Maya
Economista, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

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