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El Banco de la República sin independencia

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Guillermo Maya
Economista, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

El Banco de la República (B de la R) fue creado en 1923 por la ley 25, bajo la influencia del nortemericano Edwin Kemmerer, para garantizar entre otras cosas que: “Los inversionistas norteamericanos podrían extender sus negocios y sus créditos a Colombia”; y además, el gobierno norteamericano tendría la seguridad de “que la indemnización por Panamá sería recibida por un sistema ordenado de finanzas privadas y públicas” (Avella y Caballero). Resulta extraña esta redacción de los propósitos, dado que en teoría Colombia era un estado soberano.

En el período 1923-1951 el B de la R fue privado y autónomo, con el objetivo principal de lograr la estabilidad de precios. En este sentido, fue el carácter privado del B de la R, el que impidió que los gobiernos cometieran desafueros fiscales, y se utilizara la emisión (Kalmanovitz y Avella).

Sin embargo, “hacia finales de la década de los cuarenta se hizo evidente que la estructura de control monetario y crediticio, establecida en 1923 (…), se había rezagado, con respecto a las necesidades del país” (Meisel, 1990).

En consecuencia, se invito al país a Richard Grove y Gerald Alter, funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para que visitaran el país y realizaran un diagnóstico del sistema bancario colombiano que quedó consignado en dos memorandos: “Deficiencias en la estructura de la Banca Central Colombiana” y “Memorandum sobre la reorganización del B de la R”.

La propuesta de Glove y Alter se inscribe, en reglas generales, en la tradición norteamericana que el Presidente Woodrow Wilson trazó al crear el FED en 1913 al manifestar que: “el control del banco tiene que ser público, no privado, tiene que estar revestido en el gobierno, no en los maestros de los negocios”, con el fin de hacer independiente al FED de los intereses de la banca y el sistema financiero (citado por Forder 1996).

Las recomendaciones de Grove y Alter fueron plasmadas en el decreto 756 de abril de 1951, que estaba inspirado por los lineamientos del “paradigma keynesiano” (Kalmanovitz y Avella). En este sentido “en la década posterior a 1951, en consonancia con la reforma, el Banco a veces financió al gobierno, a veces emitió para dar crédito de fomento a solucionar ciertas emergencias. Emitió para financiar cosechas agrícolas, para financiar la Siderúrgica de Paz del Río, para comprar la cosecha cafetera y para financiar ampliaciones industriales” (Urrutia, “La historia del banco de la república y la inflación”).

En consonancia con la propuesta de Grove y Alter, la filosofía del Banco después de 1951 cambio radicalmente. La política monetaria fue más laxa y el compromiso con la estabilidad de precios que había predominado entre 1923-1951 se debilitó.

Posteriormente, en 1963 se propuso y se instituyó la Junta Monetaria (ley 21 de 1963). En la ponencia para segundo debate en el Senado de la República al proyecto de ley, el Senador Hernando Duran Dusán resaltaba el objetivo de esta: “Independizar del interés privado las medidas monetarias, cambiarias y de crédito que el país necesita tomar para el desarrollo de su economía” (Citado por Ibáñez).

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Por su parte, el Ministro de Hacienda Carlos Sanz de Santamaría en una intervención en el Senado de la República (Agosto 13 de 1963), defendía la nacionalización de la banca central en los siguientes términos: “La moneda es un instrumento de bienestar o malestar de un país, que por consiguiente debe ser manejada por el estado; debe ser dirigida por el estado, que es esencialmente político, naturalmente de acuerdo con la técnica” (citado por Ibáñez).

En cuanto al cambio que representó la Junta Monetaria estaba en línea con las teorías de época: “La subordinación del BC al gobierno fue sólo una parte del enfoque crecientemente intervencionista de la política económica, que fue consistente tanto con el objetivo del control público sobre los agentes privados de la economía como con la teoría económica keynesiana aceptada por muchos gobiernos en los 50 y los 60” (Arestis et al). Por otro lado, desde el punto de vista político, la Junta Monetaria fue el producto del pacto político bipartidista del Frente Nacional.

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Este modelo de banco central, que la Junta Monetaria representaba, era claramente sesgado hacía la inflación, de acuerdo a los críticos monetaristas y neoliberales que querian un B de la R más independiente de los intereses del gobierno, el que se conviertió en blanco de sus afanes reformistas, y lo van a conseguir con la Constituyente que redactó la Constitución Política de 1991, mientras la izquierda ni se daba por enterada.

Sin embargo, los resultados en este período 1964-91 son superiores que los del período de la BC independiente, desde 1992 hasta el presente. La independencia significa que el gobierno está obligado a alinear sus objetivos de política económica con el único objetivo del B de la R: La defensa del poder adquisitivo de la moneda. Prevalece el mandato de la CP del 91 sobre el mandato popular, si los objetivos de política no están alienados con los objetivos del B de la R.

En consecuencia, mientras la tasa de inflación creció al 20.7%, la economía creció a la tasa del 4.6% anual, que no ha podido ser superada por el 3.5% entre 1992-2019 (Profesor UN, Álvaro Moreno), aunque la inflación ha estado por debajo de un dígito desde 1999.

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Guillermo Maya
Economista, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

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