El expresidente Álvaro Uribe fue declarado culpable en juicio penal: caso sacude a Colombia
Con una frase que resonará en el debate público colombiano —“la justicia no se arrodilla ante el poder”—, la jueza Sandra Liliana Heredia abrió la lectura del sentido del fallo en el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Después de varias horas, el expresidente Álvaro Uribe fue declarado culpable en un fallo de primera instancia.
“Este juicio no es una revancha ni un símbolo político. Es un proceso penal que decide sobre hechos, no sobre nombres”, enfatizó Heredia, en un mensaje que pareció anticiparse tanto a la exaltación de sus seguidores como a las críticas de sus opositores.
Un proceso inédito en la historia judicial
El caso que hoy pone a uno de los ex presidentes más influyentes del país frente a la justicia comenzó hace más de una década. En 2012, Uribe denunció una presunta manipulación de testigos por parte del senador Iván Cepeda.
Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema dio un giro inesperado, el investigado pasó a ser Uribe, tras encontrar indicios de que habría intentado presionar o sobornar testigos para desmentir sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Tras renunciar al Senado en un intento de cambiar de jurisdicción, Uribe fue investigado por la Fiscalía, que en dos ocasiones solicitó la preclusión del caso. Ambas solicitudes fueron rechazadas por jueces de control de garantías, lo que llevó a la acusación formal y al juicio que hoy culmina su primera fase.
Interceptaciones y garantías procesales
Uno de los elementos más discutidos del caso fueron las interceptaciones telefónicas al expresidente. La defensa alegó que se trató de una persecución judicial, pero la jueza fue enfática: se trató de un “error involuntario” cometido por investigadores que inicialmente pretendían interceptar a otra persona. Heredia reconoció que el procedimiento fue irregular, pero subrayó que, una vez detectado, fue corregido con celeridad y sin dolo aparente.
“El sistema judicial no es infalible, pero no hay prueba alguna de que en este caso existiera una intención deliberada de afectar al procesado”, sostuvo.
A lo largo de la audiencia, la jueza reiteró el principio de presunción de inocencia y el estándar de prueba requerido para una condena: certeza más allá de toda duda razonable. También reconoció el respeto procesal demostrado por el expresidente Uribe durante el juicio, pese a sus conocidas críticas al sistema judicial colombiano.
Repercusiones políticas y lo que sigue
A pesar de la expectativa nacional, el fallo leído por la jueza Sandra Liliana Heredia no cerró el capítulo judicial sobre Álvaro Uribe Vélez. Aunque se confirmó que la audiencia se llevó a cabo y se anunció el sentido del fallo, hasta ahora no se ha divulgado públicamente si fue absolutorio o condenatorio.
Lo cierto es que, más allá de la decisión de primera instancia, el proceso está lejos de concluir: tanto la defensa como la Fiscalía y las víctimas cuentan con cinco días hábiles para apelar, lo que abriría paso a una segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, con plazo hasta octubre de este año. Y si persisten las controversias, el caso podría incluso llegar a la Corte Suprema, extendiéndose durante años antes de un cierre definitivo.
El fallo llega en un momento político clave, cuando el país se alista para las elecciones presidenciales de 2026. Una condena podría implicar una pena de entre seis y doce años de prisión, posiblemente domiciliaria por su edad.
En caso de absolución, se abre el camino para que Álvaro Uribe recupere protagonismo político. Sin embargo, cualquiera que sea el resultado, ambas partes pueden apelar, lo que mantendría el caso abierto en las altas cortes y en la agenda pública.
Más allá del destino judicial del expresidente Uribe, lo que está en juego es la legitimidad misma de las instituciones democráticas. En palabras de la jueza Heredia, “esta es una decisión basada en el derecho, no en los afectos ni en los rechazos que puedan suscitar los protagonistas”. Su afirmación, que insistió en la independencia judicial y en que “la justicia no se arrodilla ante el poder”, pone el foco no solo en la responsabilidad penal individual, sino en el compromiso institucional con el debido proceso y el Estado de Derecho.
Una sociedad polarizada, un sistema puesto a prueba
Mientras partidarios del uribismo denuncian una persecución política, sectores críticos insisten en que este juicio representa un avance en la lucha contra la impunidad. Las redes sociales, las calles y los titulares se llenan de opiniones encontradas. Pero en medio de esa polarización, el pronunciamiento de la jueza deja una advertencia clara: “Ni el poder ni la popularidad eximen del deber de responder ante la justicia”.
Así, este proceso no solo marca el ocaso judicial del líder político más influyente del siglo XXI en Colombia, sino también un capítulo crucial para la independencia del poder judicial. Lo que venga en las próximas semanas definirá no solo el destino del expresidente Uribe, sino también el rumbo político e institucional del país.
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