El hijo de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal habría recibido subsidio de Finagro como “pequeño productor”

La polémica alrededor de Finagro llegó al centro del debate público tras una investigación periodística que reveló que Juan José Lafaurie Cabal, hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y de la senadora María Fernanda Cabal, habría recibido un crédito de fomento y un subsidio estatal directo al presentarse como “pequeño productor agropecuario”, una figura diseñada para apoyar a campesinos con bajos niveles de activos e ingresos.

La información, revelada por el periodista Daniel Coronell, abrió una discusión que va más allá de la legalidad del trámite y puso el foco en la coherencia entre el discurso político de la familia Lafaurie Cabal y los beneficios obtenidos a través de Finagro, una entidad clave del sistema de financiamiento agropecuario en Colombia.

Finagro y el crédito otorgado a Juan José Lafaurie

Según la investigación, el 22 de abril de 2024 Juan José Lafaurie se presentó ante una oficina del banco Serfinanza, en el departamento del Cesar, para solicitar un crédito de fomento con recursos canalizados por Finagro. Para acceder a las condiciones preferenciales, el solicitante acreditó la condición de “pequeño productor agropecuario”.

De acuerdo con los documentos citados, Lafaurie declaró activos por poco más de 129 millones de pesos e ingresos anuales cercanos a los 96 millones, cifras que se ubican justo por debajo de los topes máximos exigidos para clasificar dentro de esa categoría. Esta condición permitió no solo el acceso al crédito, sino también a un subsidio estatal directo conocido como Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

El crédito aprobado ascendió a 400 millones de pesos y contó con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, que cubrió el 80 % del riesgo. Posteriormente, Finagro abonó cerca de 95 millones de pesos correspondientes al ICR, un subsidio no reembolsable que redujo de manera sustancial el monto real a pagar.

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María Fernanda Cabal y el discurso contra los subsidios

Uno de los puntos que más controversia ha generado es el contraste entre este beneficio y el discurso público de la senadora María Fernanda Cabal. La congresista ha sido una de las voces más críticas frente a las políticas de subsidios estatales, defendiendo una narrativa basada en la autosuficiencia económica y la reducción del Estado.

En distintas intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales, Cabal ha cuestionado de forma reiterada las ayudas económicas del Estado, argumentando que estas distorsionan el esfuerzo individual y fomentan la dependencia. Ese mismo discurso ha sido replicado por su hijo, Juan José Lafaurie, quien en el pasado criticó a figuras públicas por recibir apoyos estatales.

El hecho de que el beneficio haya sido tramitado a través de Finagro, precisamente una entidad diseñada para otorgar incentivos públicos, intensificó la percepción de contradicción entre el discurso político y la práctica privada.

José Félix Lafaurie y los señalamientos de conflicto de interés

La figura de José Félix Lafaurie también quedó en el centro del debate. Durante gran parte del período en el que se tramitó el crédito, Lafaurie fue miembro de la junta directiva de Finagro, órgano máximo de administración de la entidad.

Aunque desde Fedegán se ha insistido en que la junta no aprueba créditos individuales y que no existió ninguna intervención directa, críticos del proceso señalan que, por un principio básico de transparencia, el vínculo familiar debió ser informado. La defensa de José Félix Lafaurie sostiene que no había obligación legal de hacerlo y que, para el momento en que se desembolsó el subsidio, él ya no hacía parte de la junta.

Este cruce de versiones mantiene abierta la discusión sobre los límites éticos entre lo legal y lo políticamente aceptable en el acceso a recursos públicos gestionados por Finagro.

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Juan José Lafaurie y las dudas sobre la condición de pequeño productor

Otro de los aspectos que ha despertado cuestionamientos es la viabilidad financiera del proyecto presentado. El crédito fue solicitado para la siembra de palma de aceite, un cultivo que, por su naturaleza, no genera ingresos durante los primeros cuatro años.

Sin embargo, el plazo del crédito aprobado fue de apenas 36 meses, lo que llevó a analistas y expertos a preguntarse cómo un “pequeño productor” podría asumir el pago de una obligación de ese tamaño sin ingresos derivados del proyecto. La controversia aumentó cuando José Félix Lafaurie reconoció públicamente que él firmó el pagaré como respaldo, lo que implica que el riesgo real recaía sobre un gran productor, no sobre quien figuraba como beneficiario.

Finagro, la investigación en curso y lo que viene

Tras la revelación periodística, Finagro confirmó que abrió una investigación interna para revisar las condiciones en las que se otorgó el crédito y el subsidio. De acuerdo con lo informado, la entidad podría solicitar la devolución del Incentivo a la Capitalización Rural si encuentra inconsistencias en la información suministrada.

Mientras tanto, Juan José Lafaurie ha optado por no conceder entrevistas y ha manifestado que prefiere mantenerse al margen del debate público. Daniel Coronell, por su parte, ha anunciado que la investigación continúa y que podrían conocerse nuevos elementos en los próximos días.

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