En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático COP28, realizada en Dubái, el presidente Petro se ufanó ante el mundo de confirmar lo que ya se conocía:

“Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”. (Dubai, 1 de Diciembre de 2023).

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Presentaba esto como una medida para combatir la crisis climática. Pero se le olvidó contar que el pasado 18 de noviembre de 2023, en Caracas, Venezuela, el mismo presidente Gustavo Petro había declarado:

“Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de gas y petróleo de Venezuela para importar a Colombia”.

Es decir que Colombia no buscará más gas y petróleo en su territorio, pero sí lo seguirá consumiendo, trayéndolo de Venezuela, por lo que la reducción de Gases Efecto Invernadero -GEI- es ninguna, pero en cambio la afectación social y económica para nuestro país es total. ¡Y lo peor! Lo hace de manera arbitraria y caprichosa, sin aportar ningún estudio, análisis o documento que sustente tan definitiva decisión.

Dicha política además de inconveniente es ilegal, pues desconoce la Ley del Gas, 2128 de 2021, que en su artículo 3 es absolutamente clara al señalar que el Gobierno Nacional, -dirigido por el presidente como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa-, debe establecer mecanismos que viabilicen y promuevan la producción nacional de gas combustible. La ley está vigente, e incluso el Gobierno Petro le modificó algunos aspectos en el plan de desarrollo, pero mantuvo firme el artículo de la oferta nacional de gas.

Petro pareciera olvidar que todo funcionario público, sin excepción, incluyendo al presidente se encuentra obligado a respetar la constitución y las leyes. No hacerlo configura el delito de prevaricato (Art. 413, C.P.) (ver aquí), y en este caso aplica tanto por omisión por no celebrar nuevos contratos para buscar gas, como por acción al privilegiar la importación de dicho combustible por encima de su busqueda y producción en Colombia. Ambas decisiones del presidente contrarían abiertamente la fórmula que adoptó el congreso para hacer la transición energética.

¿Por qué apostarle al gas como eje de la transición energética?

Al examinar la exposición de motivos de la ley del gas, se advierte que para enfrentar de manera responsable el cambio climático y la transición energética, no es suficiente con aumentar la producción de energía renovable, que tomará bastantes años, además debe contarse con fuentes complementarias atendiendo las propias limitaciones de las energías alternativas. La solar no se genera en la noche, y la eólica depende de las corrientes de viento que pueden ser muy fluctuantes, etc.

Para asegurar el aprovisionamiento continuo se necesita una fuente permanente, confiable, y menos contaminante, que complemente el aumento de las energías renovables. El gas cobustible ofrece un paso intermedio rápido, relativamente limpio y, económico en esta transición energética global. Así lo ha venido reconociendo el mundo, y así se indicó en la exposición de motivos de la Ley 2128 de 2021, que destacó los beneficios del gas nacional en varios ámbitos:

1. Ambientales: El Gas tiene bajas emisiones de CO2 y reduce ostensiblemente el material particulado. Comparado con el carbón, el gas natural reduce las emisiones de CO2 en ~60%, de Óxido Nitroso (NOx) por un 80%, y casi no produce Dióxido de Azufre (SO2) o mercurio (ver enlace).

2. Económicos. Se debe impulsar el mercado nacional de este combustible por la dinamización económica que genera a través de los multiples agentes de la cadena. Dejar de buscarlo y pasar a ser importadores netos, va en detrimento de los miles de empleos y las significativas utilidades e impuestos que genera el sector.

3. Sociales. El gas importado nos vale 26,30 dólares el Mbtu, en tanto el nacional nos sale a 4,8 dólares, cinco y media veces menos. En lugar de buscar la autosuficiencia energética, la propuesta de Petro nos conduce a ser importadores netos, lo que significaría multiplicar por 5 o más los precios del gas, otro golpe durísimo a los bolsillos de los colombianos sumados a las altísimas tarifas de electricidad y los incrementos de gasolina.

Por esa razón, junto al Ex Senador Jorge Robledo denunciamos al presidente Petro por posible prevaricato ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia que tiene el deber constitucional de investigarlo.

Colombia no puede sacrificar su soberanía energética, su desarrollo y sostenibilidad económica por la demagogia ambiental de un presidente irresponsable que por su afán de figuración ante el mundo quiere llevarnos a una crisis sin precedente a nombre de “salvar el planeta” con medidas que: i) esconden a los verdaderos responsables de la crisis climática; ii) no tienen ninguna efectividad ambiental; y iii) significan hambre y pobreza para nuestra gente.

Presidente: ¡Hay que cuidar el planeta! Pero sin dejar de cuidar a la gente, y sin poner en riesgo la viabilidad de nuestro país.