lunes, octubre 18, 2021
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Inseguridad ciudadana

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

No hay una sola encuesta en la que la inseguridad no esté dentro de las mayores preocupaciones de los colombianos. En ciudades como Bogotá, según la Cámara de Comercio, 8 de cada 10 capitalinos se sienten inseguros, mientras que el 42% conoce a alguien que ha sido objeto de algún delito. Si bien los índices de victimización no superan el 20%, la percepción de inseguridad está desbordada.

Y es que el problema no se resuelve señalando que es una mera cuestión de percepción. De nada sirve mostrar los indicadores de seguridad que presentan las alcaldías. Las frías estadísticas contrastan con un sentimiento mayoritario: más del 90% de los colombianos creen que la seguridad va por mal camino y que hemos empeorado, al menos según Ivamer-Gallup. A los casos de hurtos callejeros, se le comienzan a sumar otros factores de extrema gravedad como las actividades cada vez más frecuentes de bandas organizadas. Se han venido multiplicando los centros de expendio de drogas en las ciudades y los puntos de receptación. Hay localidades enteras, donde se sabe que se puede comprar cualquier artículo hurtado. Todo bajo la impávida y muchas veces cómplice mirada de las autoridades. Se alimenta así un círculo vicioso de ilegalidad que involucra tanto a los ciudadanos como a los funcionarios públicos; a las víctimas y a los victimarios.

Como si no bastaran los estragos y el miedo que genera la inseguridad ciudadana, nuestro país ha caído presa de múltiples escenarios de violencia que alimentan esa percepción sobre el resquebrajamiento no sólo de la seguridad local, sino también del orden público en general. Para citar un ejemplo, la Jurisdicción Especial de Paz, reveló hace un tiempo las escandalosas cifras del homicidio de líderes sociales. Desde la firma de los acuerdos han asesinado a 906 de ellos. Eso sin contar que organizaciones como Indepaz registran escalofriantes informes que darían cuenta que sólo en 2021, cada 3.7 días se comete una masacre.

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Ahora bien, veámos otro claro ejemplo. Las protestas, que se cuentan ya en semanas, han mostrado cómo la criminalidad que otrora se pensaba fuera un tema de índole exclusivamente de seguridad pública, comienza a tener un impacto en la seguridad ciudadana. Si bien la mayoría de los manifestantes salieron a las calles de manera pacífica y abanderaron causas sociales que merecen ser atendidas, hubo también disturbios y hechos de preocupante violencia. En ciudades como Cali, según los informes oficiales, muchos de los hechos delictivos habrían sido cometidos por estructuras armadas organizadas. Bajo ciertos aspectos, es como si la guerra se hubiera trasladado también a las ciudades.

En un escenario tan convulsionado como el que se vive, son entonces algunas las conclusiones que se pueden derivar: primero, que la seguridad ciudadana no está del todo desligada de los problemas de orden público. Ya sea porque impactan en la percepción de inseguridad, ya sea porque en ciertas circunstancias lo que se ve en las calles se alimenta de lo que se vive en las zonas más afectadas por la violencia, siendo muy difícil distinguir a sus actores. Segundo, hay que desmontar la disyuntiva entre percepción y realidad. Una cosa alimenta la otra y ambas, sin distingo, afectan de manera directa a la sociedad en general.

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Quizás una última reflexión, o mejor, un llamado. Para entender los problemas de seguridad, es preciso remover cualquier prisma ideológico. Así como las víctimas de hurtos y homicidios no tienen bandera política, tampoco lo debería tener el discurso de la seguridad. Politizar y pretender que uno u otro partido sean los dueños de dicho discurso, evita que de manera estructural se le pueda hacerle frente al metastásico cáncer de la inseguridad ciudadana.

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

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