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sábado, 9 de mayo de 2026
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La APP del río Magdalena: Sí, pero no así

Roberto Ramírez Ocampo, Columnista

Roberto Ramírez Ocampo

Directivo de Democracia y Modernización Ganadera (Demogan). Consultor de Empresas en comercio internacional.

Con la coordinación de Enrique Lequerica, se llevó a cabo un foro en Barranquilla el 23 de marzo, en el que participamos cuatro expositores que hemos venido trabajando por el río Magdalena.

El Foro se llamó: La APP sí, pero no así.


Hoy solo compartiré dos presentaciones.

Abrió plaza el respetado Nicolás Renowitzky Renowitzky, un barranquillero preocupado por su ciudad y su región, columnista de El Heraldo, hombre de empresa y ejemplo de ciudadano. 

En su intervención, “La mezquindad con el río”, en palabras llanas y sin complicaciones comparó los costos por kilómetro de diferentes obras. 

Nicolas hizo comparaciones entre los costos invertidos por kilómetro en diferentes obras, sin que aún hayamos sacado los ahorros país que significa transportar carga por el Magdalena. Durante 15 años, en el río se invertirán $2.235 millones por kilómetro. Eso arroja una media de $149 millones año, con el agravante que, en lugar de llegar hasta La Dorada-Puerto Salgar (908 kilómetros de navegación, que era la idea original), solo van a recorrer 631 kilómetros, un 30% menos de recorrido. 

El canal del Dique tendrá un costo por kilómetro de $27.800 millones. No tengo claro si ese dinero incluye su mantenimiento. 


Los 198 kilómetros de una carretera que pasa por Montes de María, con calzada sencilla, tienen un costo por kilómetro de $7 mil millones. 

En los 8,6 kilómetros del túnel de La Línea, de una sola calzada doble, cada kilómetro costó $115’500 millones. 

He leído durante muchos años a Renowitzky y su moderación no es discutible. Por eso, llama la atención que resaltara en su último párrafo el hecho de que esta es una mini APP y que se están apresurando a dejarla firmada, según la Ministra, en el último mes del gobierno Duque. Coincido con Nicolás en que no es ético y en cambio sí es apresurado.

Luego intervino Augusto García Rodriguez, quien fuera quien primero se echó la APP al hombro. La firmó hasta La Dorada-Puerto Salgar, pero fue necesario cancelarla, pues el contratista —que era Navelena— tenía como socio mayoritario a Odebrecht y fue mandatoria su anulación. Los navieros me dijeron que había sido el mejor momento para navegar el río. 

El título de su ponencia fue “Riesgos compartidos, una decisión equivocada”. Intentaré ilustrar a mis lectores de manera resumida, evitándoles aspectos técnicos que, de estar interesados, pueden escribirme y les copio la totalidad de la presentación. 

El documento 4028 de 2021 modificó una política pública regente para el sector de infraestructura desde el año 2001, que establecía que el riesgo debía estar en cabeza del contratista. Por el contrario, este gobierno decidió que el riesgo constructivo podía compartirse con el contratante público, con el único argumento que de esta manera se podría aumentar el número de proponentes. Hasta ahora nadie del gobierno ha informado cuál será el costo para el erario de esta modificación y cuáles los riesgos en su ejecución por la falta de seguridad jurídica que este cambio provocará en este contrato.

García nos deja con los siguientes interrogantes: ¿Fue correcto el cambio en la administración del riesgo constructivo de dragado al compartirlo el público con el privado? ¿Tiene la parte pública el mismo grado de evaluación, control y administración del riesgo de dragado que el privado? ¿La estimación del riesgo fue adecuada?


Y termina diciendo: “Por último, los pliegos traen una perla, que no ha sido contestada por la ANI, ni por Cormagdalena y mucho menos por el Mintransporte. Dicen los pliegos que las cantidades de dragado a cargo de la ANI que resulten superiores al 120% pero menores o igual al 160% del valor de referencia señalado en la Sección 5.1 anterior, serán reconocidas al concesionario a un valor de $7.692 por metro cúbico, es decir, que el valor total reconocido para este rango de dragado es de $ 10.988 pesos por metro cúbico.

Es un claro estímulo perverso, en donde las cantidades de dragado que excedan el 160% del valor de referencia señalada en la Sección 5.1 anterior, serán reconocidas al concesionario a un valor de $ 20.625 por metro cúbico. CASI UN 90% MÁS. A mayor cantidad de dragado, mayor precio unitario por metro cúbico”.

El siguiente cuadro explica mejor la situación:

Mayor a 3.630.000 y menor a 4.356.000: riesgo contratista.

Mayor a 4.356.000 y menor a 5.808.000: riesgo compartido.

Mayor de 5.808.000: riesgo contratante.

Durante el año 2021, solo en los últimos 22 kilómetros del río se dragaron más de tres millones de metros cúbicos. ¿Qué los hace suponer que en todo el río no se excedan los 5.808.000 M3?


La próxima semana presentaré las presentaciones de E. Lequerica y la mía.