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La frustrada reforma a la justicia

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Manuel Guillermo Sarmiento García
Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.

Mediante el proyecto de ley estatutaria, que al momento de escribir esta columna se encuentra a espera de la sanción presidencial, se promulgó una nueva reforma a la administración de justicia en Colombia que constituye una frustración más a esta necesidad tan sentida de los ciudadanos, y digo que es una reforma frustrada porque las modificaciones que se hicieron son simplemente formales, de carácter cosmético, para emplear términos populares, porque los aspectos sustanciales que se requieren para implementar una verdadera y radical revolución en la forma de impartir justicia en el país, lamentablemente no fueron tenidos en cuenta por el Congreso.

En esta ocasión me voy a referir a uno de esos temas sustanciales como es la elección de los jueces, quienes como principales operadores judiciales tiene la inmensa responsabilidad de proferir las decisiones que permanentemente están demandando los ciudadanos en ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la justicia.

Mediante la ley 270 de 1.996, estatutaria de la administración de justicia, se implementó en Colombia el concurso de méritos para elegir los magistrados y jueces, con excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, quienes por disposición constitucional siguen siendo elegidos por un sistema especial de cooptación, con la intervención del Consejo Superior de la Judicatura, al igual que los Magistrados de la Corte Constitucional que son elegidos por el Senado de la República de ternas presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Si bien en ese momento este concurso de méritos para la elección de los jueces y los magistrados de los Tribunales Superiores se consideró uno de los avances más importantes para la rama judicial del poder público, en la práctica como sucede en la mayor parte de los casos donde se han implementado estos concursos de méritos en Colombia, su ejecución ha resultado completamente inoperante, ya que a pesar que el artículo 163 de la ley 270 de 1.996, reformado por el artículo 81 del nuevo proyecto de ley estatutaria, dispone que el proceso de selección de los empleados de la rama judicial debe ser permanente con el fin de garantizar en todo momento disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten en cualquier especialidad y nivel dentro de la Rama Judicial, esta obligación no se cumple, y en el caso actual hace ocho años, por diversos motivos, en la mayoría de los casos discutibles, no se hace un concurso de méritos para la elección de jueces y magistrados, por lo tanto los registros de elegibles que deben elaborar las diferentes seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, son cada día más reducidos y las vacantes superan en una proporción considerable el número de candidatos elegibles, razón por la cual se recurre al sistema de provisionalidad para suplir los cargos, con lo cual se mantiene la mala práctica del clientelismo judicial que tantas críticas ha recibido, especialmente por la interferencia de la clase política en estas designaciones.

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Lamentablemente la nueva ley estatutaria de la administración de justicia no corrigió esta situación, eliminando este sistema de provisionalidad y obligando al Consejo Superior de la Judicatura y a sus diferentes seccionales a mantener actualizadas las listas de elegibles para los diferentes cargos de la rama judicial y de esta forma hacer viable la meritocracia de que tanto se hace alarde, pero que en la práctica no se cumple, con lo cual si bien existe una vigencia formal de la ley, su vigencia real es inexistente, lo cual constituye una de las causas fundamentales de la crisis institucional que padece nuestro país.        

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Manuel Guillermo Sarmiento García
Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte.

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