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miércoles, 28 de enero de 2026
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Servicio de utilidad pública: ¿una nueva mirada en el sistema penitenciario para madres cabeza de hogar?

El servicio de utilidad pública, regulado por la Ley 2292 de 2023, surge como una solución innovadora en las cárceles en Colombia, ofreciendo a reclusos, especialmente a madres cabeza de hogar, la oportunidad de cumplir su sanción penal mediante labores comunitarias. Le contamos cómo se dio este resultado.

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El servicio de utilidad pública y el mecanismo sustitutivo de trabajo emergen como herramientas clave en la descongestión del sistema penitenciario colombiano y una ayuda a madres cabeza de hogar.

Estas medidas, reguladas por la Ley 2292 de 2023 y el Decreto 1451 de 2023, buscan ofrecer alternativas viables para reclusos que cumplen con requisitos específicos, con un enfoque especial en mujeres cabeza de hogar.


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El caso de Adriana María Reyes Cañón, una de las madres cabeza de hogar

Un ejemplo representativo de esta medida es el caso de Adriana María Reyes Cañón, una de muchas madres cabeza de hogar, quien solicitó sustituir su pena de prisión por la prestación del servicio de utilidad pública. Reyes fue condenada por tentativa de homicidio a una pena de 54 meses. Durante su tiempo de reclusión, ha alternado entre prisión intramuros y domiciliaria.

La solicitud presentada al Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá se fundamenta en su condición como una de las madres cabeza de hogar, su manifestación expresa de voluntad y un plan preliminar para prestar servicios en una plaza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Este mecanismo sustitutivo de trabajo permitiría a Reyes desempeñar labores comunitarias dentro de su lugar de residencia, alineándose con los principios de justicia restaurativa.

El servicio de utilidad pública como mecanismo de justicia restaurativa

El servicio de utilidad pública ofrece una alternativa a la reclusión tradicional, permitiendo a las personas sancionadas participar en actividades que beneficien a la comunidad.


Este mecanismo sustitutivo de trabajo no solo busca reparar el daño causado, sino también promover la reintegración social de los reclusos y brindarles otra oportunidad a las madres cabeza de hogar. Entre las actividades incluidas se encuentran:

  • Recuperación de espacios públicos.
  • Asistencia a víctimas.
  • Promoción de proyectos culturales y educativos.
  • Conservación ambiental.
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¿Cuáles son los requisitos y seguimiento del mecanismo sustitutivo de trabajo?

Para acceder al beneficio del servicio de utilidad pública, se deben cumplir varios requisitos legales, entre los que se destacan:

  • Ser madres cabeza hogar o encontrarse en una situación de marginalidad.
  • Manifestar expresamente la voluntad de acogerse al mecanismo sustitutivo de trabajo.
  • Presentar un plan de ejecución compatible con las responsabilidades familiares.
  • No estar excluido por disposiciones legales aplicables al tipo de delito cometido.

Una vez concedida la medida, el cumplimiento de las actividades asignadas es monitoreado mediante informes regulares presentados por la entidad receptora, en este caso, el ICBF. El incumplimiento injustificado podría derivar en la revocación del beneficio del servicio de utilidad pública y el retorno al sistema penitenciario.

¿Qué impacto generaría esto en la descongestión penitenciaria, forjaría segundas oportunidades?

El servicio de utilidad pública y el mecanismo sustitutivo de trabajo son herramientas que buscan aliviar la sobrepoblación carcelaria.

Estas medidas también representan una oportunidad para que los reclusos reconstruyan sus vidas fuera del sistema penitenciario, en especial en casos de madres cabeza de hogar, como el de Reyes.

Estas mujeres, muchas de las cuales enfrentan situaciones de marginalidad y exclusión social, pueden reintegrarse a sus comunidades mientras cumplen con su sanción penal.


Perspectiva de género y justicia humanitaria

La Ley 2292 de 2023 incorpora un enfoque de género en su implementación, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan muchas mujeres en situación de marginalidad, especialmente, madres cabeza de hogar.

Al permitir que madres cabeza de hogar cumplan su pena a través del servicio de utilidad pública, se busca garantizar el bienestar de los hijos menores a cargo y atender necesidades familiares urgentes. Además, estas medidas también promueven una justicia restaurativa que equilibre la sanción penal con la reparación del tejido social.

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No obstante, el servicio de utilidad pública y el mecanismo sustitutivo de trabajo representan una evolución en las políticas de justicia penal en Colombia.

Aunque su implementación aún está en etapas iniciales, el caso documentado evidencia su potencial para descongestionar el sistema penitenciario, promover la reintegración social y garantizar segundas oportunidades para reclusos en condiciones de vulnerabilidad.