Ley Lorenzo: un paso más en la lucha contra el maltrato animal en Colombia
La lucha contra el maltrato animal avanza en Colombia con una nueva ley aprobada en el Congreso, que busca mejorar las condiciones de los perros usados en seguridad privada. Sin embargo, la impunidad en casos de crueldad extrema sigue siendo un reto.
El maltrato animal es una problemática que afecta a miles de animales en el mundo. En Colombia, las condiciones en las que operan muchos de los perros utilizados en vigilancia y seguridad privada han sido motivo de debate y preocupación.
La reciente aprobación de la Ley Lorenzo representa un avance en la lucha por mejorar las condiciones de estos animales, aunque el camino hacia la erradicación total del maltrato animal sigue siendo largo.
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Ley Lorenzo: un paso en la protección de los perros de seguridad
El Congreso colombiano aprobó la Ley Lorenzo, cuyo objetivo es mejorar el bienestar de los perros utilizados en seguridad y vigilancia privada.
Esta ley introduce regulaciones más estrictas para garantizar condiciones dignas para estos animales, así como para reducir progresivamente su uso en estas actividades.
Algunos de los principales cambios que introduce la Ley Lorenzo incluyen:
- Reducción de la edad máxima de uso de los perros en seguridad privada de ocho a seis años.
- Obligación de las empresas de vigilancia de contar con planes de retiro y descanso para los perros.
- Exigencia de espacios adecuados y libres de restricciones para sus necesidades fisiológicas.
- Responsabilidad compartida entre contratantes y empresas de seguridad en el bienestar de los perros.
Según datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Colombia existen al menos 5.895 perros empleados en labores de seguridad.
De ellos, un 42 % se utilizan en control y detección de explosivos, un 36 % en defensa controlada y un 21,5 % en detección de narcóticos.
La Ley Lorenzo busca garantizar que estos animales no sean considerados herramientas de trabajo, sino seres sintientes que merecen condiciones adecuadas durante y después de su servicio.
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El maltrato animal y la impunidad
El maltrato animal sigue siendo una realidad preocupante en el país. Aunque la Ley Lorenzo representa un avance, muchas otras formas de abuso continúan ocurriendo sin sanción efectiva.
Uno de los casos más emblemáticos de impunidad es el de Ángel, un perro que fue desollado vivo en el municipio de Saboyá del departamento de Boyacá en 2021.
A pesar de la indignación pública y de las pruebas en contra del agresor, la falta de contundencia en la investigación permitió que el responsable siguiera en libertad.
Casos como el de Ángel evidencian la necesidad de fortalecer las leyes y garantizar su cumplimiento efectivo. La falta de mecanismos de investigación adecuados, la dificultad para recolectar pruebas y la poca prioridad que se le da a estos delitos en el sistema judicial han permitido que muchos agresores queden impunes.
Ley Ángel: un nuevo proyecto contra el maltrato animal
En respuesta a la creciente indignación por casos de crueldad extrema, en el Congreso colombiano se está discutiendo la Ley Ángel. Esta iniciativa busca endurecer las sanciones contra el maltrato animal y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias reales.
Las medidas propuestas en la Ley Ángel incluyen:
- Prohibición de beneficios penales para agresores de animales.
- Inhabilitación para tener animales durante seis a siete años tras la condena.
- Refuerzo de la investigación y sanción en casos de maltrato animal.
- Campañas de sensibilización para prevenir estas conductas.
La senadora Andrea Padilla, una de las principales impulsoras del proyecto, ha enfatizado que la aprobación de esta ley sería un paso crucial para acabar con la impunidad en casos de violencia contra los animales.
Hacia una sociedad que rechace el maltrato animal
Hay que aclarar que el maltrato animal en Colombia no solo se manifiesta en la explotación de perros para seguridad privada, sino en muchas otras formas de abuso que aún persisten.
La aprobación de la Ley Lorenzo es un avance importante, pero no suficiente. La lucha debe continuar con la implementación efectiva de esta norma y la aprobación de nuevas leyes como la Ley Ángel.
La sociedad debe asumir un papel activo en la erradicación del maltrato animal, exigiendo justicia para las víctimas y promoviendo un trato digno para todos los seres sintientes.
La responsabilidad no recae solo en el Gobierno, sino también en la ciudadanía desde niños hasta los más adultos, las empresas y las instituciones. Solo con un compromiso conjunto será posible erradicar estas prácticas inhumanas y garantizar que los animales sean protegidos de manera efectiva.
