No es atractivo hacer negocios en Colombia: empresario Ronald Bakalarz

En el marco del XXXI Congreso Nacional de Exportadores que organizó la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Ronald Bakalarz, presidente de la Junta Directiva del Grupo Stanton, analizó el costo país de Colombia. Este es un indicador que involucra cualquier costo por concepto de tributos, trámites y prácticas de comercio que encarezca el comercio y la producción de bienes, tanto en el mercado interno como en el externo. 

Según Bakalarz, pese a que la pandemia tuvo varios efectos negativos en la competitividad del país, los problemas venían desde antes. Uno de los indicadores que muestran más claramente este fenómeno, en su opinión, es la Inversión Extranjera Directa, que tuvo su pico en 2013 y 2014, cuando alcanzó un nivel superior a los 16 mil millones de dólares, y desde entonces no volvió a crecer. 

Bakalarz señaló que, en el Índice Global de Complejidad Corporativa, Colombia se ubicó como el cuarto país con más dificultades para hacer negocios en 2021, después de Brasil, Francia y México, que ocuparon el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Entre los factores que dificultaron el desarrollo de nuevos negocios, según el índice, estuvieron las múltiples cargas tributarias y los sobrecostos administrativos. 

En cuanto a las cargas tributarias, Bakalarz señaló que en los últimos 20 años ha habido 12 Reformas Tributarias: cuatro en el período presidencial de Álvaro Uribe, cuatro en el de Juan Manuel Santos y tres en el de Iván Duque. “Con un marco financiero que cambia prácticamente cada dos años, es apenas entendible que nadie quiera invertir en Colombia. Y mucho más, cuando aquí, a diferencia de otros países, la carga tributaria se concentra en las empresas y no en las personas naturales”, afirmó Bakalarz. Dentro de las imposiciones tributarias que deben ser asumidas por las empresas se encuentran el gravamen a los movimientos financieros del 4×1000, el Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 19%, el Impuesto de renta del 32% —con la Reforma Tributaria aprobada por el Congreso es del 35%— y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

En cuanto a los sobrecostos administrativos, Bakalarz planteó que las empresas deben realizar un alto número de trámites que resultan costosos en términos de tiempo y dinero. En concreto, destacó los siguientes: 

1. Todas las empresas formales, sin importar su tamaño, deben llevar tres tipos de contabilidades: las normas contables colombianas (COLGAAP), las normas internacionales de información financiera (NIIF) y la contabilidad fiscal.
2. El reporte mensual o bimestral al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
3. Los reportes de declaración de IVA, retenciones en la fuente, renta, medios magnéticos, ICA y retención de ICA a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
4. Si las empresas son exportadoras o importadoras, deben reportar a la DIAN, trimestralmente, los movimientos de cuentas de compensación, las pólizas de depósitos aduaneros y los activos en el exterior. 
5. Más de 5.000 empresas en Colombia deben implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Bakalarz afirmó que, en virtud de este, “no solo tenemos que pasar reporte de quiénes son nuestros proveedores y clientes, sino de sus movimientos sospechosos. Es decir, nos toca volvernos prácticamente recaudadores de impuestos”. 

Bakalarz se mostró preocupado por el desbalance entre las importaciones y las exportaciones, que se expresa en un creciente déficit comercial. “Se supone que Colombia, desde hace 30 años, ha venido promoviendo políticas de apertura económica. En total, hemos firmado 17 Tratados de Libre Comercio (TLC), lo que debería brindarnos un acceso preferencial a un mercado que representa el 62% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y que cuenta con cerca de 1.600 millones de consumidores. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que las importaciones son mucho mayores que las exportaciones. Y las exportaciones totales se deben a muy pocas empresas; pymes y mipymes no tienen ni la oportunidad de exportar”, puntualizó. 

Finalmente, el empresario señaló que los sobrecostos administrativos, los altos requisitos operativos y las múltiples cargas tributarias generan, primero, que muchas empresas decidan no formalizarse y, segundo, que el contrabando aumente. Para el caso del contrabando, “la solución no está en bajar los aranceles, como muchos han propuesto, pues gran parte de dicha práctica criminal se da sobre bienes gravados con arancel 0%, pero cuyo IVA es del 19%. Enfrentarlo requiere como primera medida un fortalecimiento de la DIAN y una estrategia integral que involucre los frentes fiscal, administrativo y aduanero”, concluyó Bakalarz.